Transcurridos más de dos meses del inicio de la crisis sanitaria por Coronavirus en Canarias, y tras cinco semanas de confinamiento por la declaración del estado de alarma, el balance de lo realizado por el gobierno canario y su homónimo español, resulta manifiestamente decepcionante.
Si bien, en la prevención del desastre, ha ayudado que el comportamiento de la pandemia en las islas no ha sido especialmente agresivo, motivado en parte por el carácter insular de nuestro territorio; en lo que a la afección de los profesionales de la sanidad pública respecta, se evidencia la pésima gestión de la crisis. Con cifras de hasta el 24,5% de profesionales de casos positivos (el más elevado de la media española), contribuyendo a ello, por un lado, la falta y el retraso en la realización de test de detecciones masivas entre los trabajadores, y por otro, la falta de equipos de protección individual. Cuestiones éstas ya hace tiempo advertidas por nuestros delegados de prevención en los centros de trabajo.
Concretando datos y situaciones, a día de hoy, sólo se han realizados test a un escaso 19% de la plantilla del Servicio Canario de Salud. Las pruebas realizadas se han centrado en el aislamiento de los casos, pero eso ha supuesto retrasos de hasta ocho días en la realización de los test a trabajadores con sintomatología y, por otro lado, trabajadores que, pasan un periodo de aislamiento de 14 días sin mediar la realización de prueba alguna, vuelven a incorporarse a sus actividades habituales.
En la otra vertiente se encuentran los Equipos de protección individual (EPI), cuya dotación ha sido insuficiente e inadecuada. Sólo de fracaso podemos tildar la centralización de la adquisición del material a través del Ministerio de Sanidad, ya que no ha llegado a cubrir siquiera en parte, las necesidades diarias. Sencillamente, no llega lo que piden las gerencias a través de las demandas de los profesionales que la establecen según la carga de cada centro. Bajo el común denominador de la precariedad y el desbarajuste, cuando no han llegado los test equivocados, los hisopos han sido insuficientes e irregulares, las batas no cumplían el requisito mínimo de impermeabilidad, las mascarillas no han sido las indicadas para cada actividad asistencial. El affaire de las mascarillas tiene por ahora, su penúltimo capítulo en el envío por el Gobierno de Sánchez de protectores inservibles con alta probabilidad que luego, hayan sido utilizados por el personal sanitario y otros sectores laborales en la creencia de encontrarse protegidos, situación ésta que ha llevado a Intersindical Canaria a exigir al Gobierno la realización de una nueva campaña de test entre los trabajadores para el correspondiente aislamiento.
¿Cómo se explica que el gobierno de España haya enviado y distribuido en Canarias, material de protección sanitaria como mascarillas, sin antes haber pasado inspección alguna para validar y verificar su calidad?
Esto ha provocado, que los profesionales hayan tenido que ponerse en riesgo utilizando sin saberlo equipos inservibles o reutilizando e improvisando elementos de protección como bolsas de basura, que, por otro lado, luego, era prohibido su uso bajo el apercibimiento de sanción. Mientras esto ocurre, la administración sanitaria ha hecho caso omiso de la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales obedeciendo ciegamente y sin cuestionar los erráticos dictados del gobierno de la Metrópoli.
Al golpe de las necesidades de los servicios, desde Intersindical Canaria se ha impulsado mediante la denuncia continua la demanda de realización de test masivos y la activación de maquinaria disponible en los laboratorios para tal fin, la dotación de EPI adecuados, el refuerzo de los equipos de prevención de riesgos laborales en cada una de las gerencias, las soluciones de alojamiento alternativo para los profesionales, la intervención de la sanidad privada, la adquisición de material fundamental como respiradores, la contratación de personal, y un largo etcétera. Pero este gigante con pies de barro que constituyen el Gobierno canario, anda más ocupado en la vertiente económica, hablando de medidas prematuras de desconfinamiento de la población canaria o de activar prematuramente la actividad turística, lo que supondrían un grave riesgo de reactivación y/o multiplicación de contagiados y por el Covic-19. De tal modo para ambos gobiernos, resulta subsidiaria la seguridad y salud de la ciudadanía y del personal que trabaja en primera línea, sometiéndonos con la precariedad que han establecido, a un doble riesgo, el de enfermar y el de convertirnos en vectores de propagación de la enfermedad.
A todas estas, en pleno tsunami pandémico, ocurre que el anterior equipo de la Consejería sanitaria, es sustituido para, en su lugar, nombrar una inexperta nueva dirección que se declara así mismo como provisional, a la que, además, le acompaña un gabinete técnico, que se nos antoja poco solvente para enfrentarse a la actual emergencia sanitaria e integrado por personas que, hasta hace escasos meses, consideraba al Covic-19 como un virus de letalidad inferior a la gripe común.
Junto a los demás trabajadores damnificados por la actual crísis, los trabajadores del Servicio Canario de Salud, aún sin merecer la consideración de héroes que les ha atribuido cariñosamente la sociedad, no podemos asumir resignadamente que las actuales administraciones públicas nos conviertan en inútiles mártires de sus errores.
Esta posición crítica, nada tiene que ver con la infame campaña desatada por la derecha española para desgastar al gobierno del Estado, dinámica esta cuya estrategia, ya denunciada por Intersindical Canaria, va dirigida a sustituir al actual ejecutivo para, nuevamente, imponer un programa de acción política en el que los postulados ideológicos favorezcan aún más al mundo de las finanzas, incompatible con los intereses de la mayoría social y de los trabajadores.
Aprendamos la lección, tras superarse la actual emergencia social y sanitaria, cualquier programa de recuperación deberá tener como uno de sus ejes centrales el reforzamiento y potenciación de los sistemas de Salud Pública, hasta la fecha despreciados o relegados por el conjunto de gobiernos e instituciones públicas.
Jaime Bethencourt Rodríguez
Secretario de Comunicación de Intersindical Canaria