En agosto de 2007 la OMS lanzó al mundo una severa advertencia acerca de un riesgo real de pandemia mundial.
La doctora Margaret Chan, su Directora General en aquel entonces, declaró que era hora de que los países comenzaran a compartir su información para prevenir un mal mayor y dejó claro que “dada la vulnerabilidad universal a estas amenazas, una mejor seguridad exige solidaridad global. La seguridad sanitaria pública e internacional es tanto una aspiración colectiva como una responsabilidad mutua”.
En septiembre de 2019 un informe de esta misma organización insistía en que en la mayoría de los países del mundo lo habitual eran los ciclos de alerta y abandono ante la aparición de pandemias. Se aumentan los esfuerzos cuando surge la amenaza grave pero seguidamente cuando desaparece todo el mundo se olvida muy pronto.
La OMS ha venido advirtiendo siempre en sus estudios que existen dos factores especialmente preocupantes en la extensión de las pandemias: la capacidad de volar en muy poco tiempo a cualquier parte del mundo y el cambio climático, ya que el calentamiento global hace que las enfermedades transmitidas por mosquitos como el zika o el dengue puedan extenderse rápidamente por todo el mundo. Y aunque las regiones más pobres son las más expuestas y las más perjudicadas, la experiencia del COVID-19 nos confirma que en realidad no se libra nadie.
El 5 de octubre de 2019, Patricia Peiró escribía una crónica desde Nueva York en El País, que ponía los pelos de punta y anticipaba lo que estamos viviendo en estos días con la pandemia provocada por el coronavirus nacido en China. Un grupo de expertos de la OMS y el Banco Mundial, reunidos en una junta recién creada y llamada The Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), a los que la ONU encargó una evaluación tras la última epidemia de ébola en África subsahariana, con el objetivo de aprender de los errores del pasado, alertaba sobre la cruda realidad de que el mundo no cuenta con las estructuras suficientes para hacer frente a una próxima pandemia letal.
Para la periodista del diario de Prisa, según las conclusiones de su primer Informe anual sobre Preparación Mundial de Emergencias Sanitarias, «el espectro de una urgencia sanitaria global se vislumbra en el horizonte». Y desde luego, todos los expertos coincidían en que no estamos preparados para ello. «El escollo principal es la financiación. Sigue sin invertirse lo suficiente, aun siendo lo más inteligente desde el punto de vista económico. Por cada dólar invertido en vigilancia, ahorras 10 en servicios médicos», apunta Elhadj As Sy, secretario general de Cruz y Media Luna Roja, y otro de los responsables del estudio. Curiosamente, se encargó a estos organismos realizar dos ejercicios de formación y simulación, uno de ellos sobre un patógeno respiratorio letal.
Otra de las recomendaciones del informe comienza con la preocupante advertencia de que «hay que prepararse para lo peor». “Ciento ochenta y nueve Gobiernos ya se comprometieron en la cumbre de Abuya de 2000 a destinar el 15% de su presupuesto a mejorar la sanidad y no lo han hecho», apunta As Sy. En la misma crónica de esta periodista, David Gressly, coordinador de la lucha contra el último brote de ébola en República Democrática del Congo, defiende con datos, la necesidad de actuar de un modo diferente: «Esta es la décima epidemia en RDC desde 1976. Las últimas cuatro se han producido en los últimos cinco años. Los brotes no solo estallan cada menos tiempo, sino que además son más complejos porque la población se aglutina cada vez más en grandes ciudades».
Un caso clarísimo de pérdida de recursos y de privatizaciones de la sanidad pública ha sido España, donde se le ha entregado al neoliberalismo rampante en los últimos años. Y en Madrid de manera especial. Solo hay que recordar que según el Ministerio de Sanidad entre 2010 y 2014 el presupuesto sanitario pasó de 60.000 millones de euros en 2010 a poco más de 53.000 millones en 2014. Aunque a partir de ahí empezó a recuperarse hasta volver a alcanzar los 60.000 millones en 2018 en ese periodo se dejaron de invertir más de 28.000 millones, el personal contratado bajó en 30.000 efectivos entre 2012 y 2015, y las listas de espera quirúrgicas pasaron de 241.339 a 614.101 pacientes. Entre 2009 y 2018 el gasto sanitario autonómico disminuyó en casi 4.000 millones de euros.
Pero este artículo no pretende insistir en los daños de esta pandemia sino en analizar la irresponsabilidad en la que caemos buena parte de las instituciones y la ciudadanía al acordarnos de Santa Bárbara solo cuando truena.
Es lo que está sucediendo con el Cambio Climático y sus peligrosas consecuencias para un territorio anclado en medio del Atlántico como el nuestro, al que en muchas ocasiones se hacen oídos sordos.
Según el digital dw.com, los gases de efecto invernadero producidos por ser humano han elevado la temperatura promedio de la Tierra en un grado Celsius estimado desde el siglo XIX. La superficie del mar también se ha calentado 0,8 grados centígrados. Cuanto más cálido se vuelve el océano, menos energía y CO2 de la atmósfera es capaz de absorber y almacenar el agua. «El océano es como el aire acondicionado del planeta», explica Karen Wiltshire, subdirectora del Instituto Alfred Wegener de Investigación Marina y Polar. Las consecuencias de esto podrían ser devastadoras. Si el mar continúa calentándose tendrá un enorme impacto en el clima, desde temperaturas extremas, tormentas y sequías hasta inundaciones y temporadas de lluvias tardías que perturban los ecosistemas. Cuando fuertes vientos desgarran paisajes cálidos y secos como Australia, el riesgo de incendios forestales aumenta significativamente. Pero el riesgo también está creciendo en regiones que alguna vez fueron templadas y frescas.
¿No les suena esto a lo que ha sucedido en Gran Canaria en los dos últimos incendios? Pero es más. Según eltiempo.es la temporada de huracanes arranca oficialmente el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, y este año está previsto que sea más activa de lo normal. La primera de las predicciones que se publican cada año es la del equipo de meteorólogos de la universidad estatal de Colorado. Este año calculan que se van a registrar 16 tormentas con nombre, lo que quiere decir que veremos más tormentas que la media de los últimos 30 años.
Estamos, por tanto, ante una temporada de una gran actividad: “De las 16 tormentas con nombre, está previsto que ocho lleguen a categoría de huracán y que cuatro de esos huracanes sean intensos, es decir que por lo menos alcancen categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Una categoría 3, ya es un peligroso huracán, y arrastra vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora o más. Usando la media del periodo 1981 – 2010, una temporada de huracanes en el Atlántico suele tener 12 huracanes, de los cuales seis llegan a huracán con 3 de intensidad o superior”. En octubre del 2017 y 2018 se formaron los huracanes Ofelia y Leslie cerca de las Azores. Nos pusieron en situación de alerta y nos hicieron recordar aquel Delta que tanto daño nos hizo. Nos llevan rondando varios años. Y tiene que ver con un cambio climático para el que tenemos que estar preparados. No podemos pararlo pero sí mitigar sus consecuencias en nuestras islas. Debemos estar preparados y disponer de los medios humanos y materiales necesarios.
En el caso de los últimos incendios se ha hecho oídos sordos también a la exigencia de una base de hidroaviones y de más helicópteros Kamov a pesar de que el riesgo de incendios forestales se ha multiplicado por el estrés hídrico consecuencia de la sequía persistente y las altas temperaturas, y de que, como hemos visto, la época de alto riesgo ya no queda restringida a los meses de mayor calor y se extiende prácticamente a lo largo de todo el año. Además, los incendios son cada vez más virulentos y difíciles de controlar y las condiciones climáticas más adversas, como se demostró durante los últimos episodios de calima, los peores en 40 años.
Aunque todavía es pronto para tener resultados concluyentes ya hay estudios de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y de la Universidad de Siena, en Italia que apuntan hacia una posible correlación entre el índice de mortalidad por el coronavirus y la contaminación atmosférica, de tal manera que a mortalidad sería mayor en aquellas zonas más contaminadas.
Relacionado especialmente con el turismo, la parte más importante de nuestro PIB, Biosphere Tourism apunta que ante la crisis del coronavirus “de lo que no nos cabe duda, es de que es muy probable, y deseable, que este sea un importante punto de inflexión en lo que se refiere al turismo, su modelo, la decisión de compra, el disfrute de la experiencia…, haciendo más importante que nunca retomar la recuperación desde un punto de vista sostenible y alineado completamente con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas”.
De hecho, y en consonancia con el trabajo desarrollado en colaboración con el SDSN (Sustainable Development Solutions Network), el indicador 3.4 solicita «Mejorar la capacidad para identificar, prevenir, planificar y dar respuesta a los riesgos ambientales y emergencias reales y potenciales que atenten contra la salud e integridad física de residentes y visitantes», que está alineado con la Meta 3.d «Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial».
En cualquier caso, lo que parece claro es que la única manera de salir de esta situación sin una catástrofe social e impedir situaciones similares en el futuro es a través de un amplio acuerdo entre ciudadanía e instituciones para avanzar hacia la sostenibilidad, relocalizar una parte de la producción de bienes esenciales, orientar nuestra economía hacia la satisfacción de las necesidades humanas y construir sociedades más resilientes, que inviertan más en prevención y que estén mejor preparadas para los nuevos riesgos que afrontamos.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria