Vuelvo de mi exilio voluntario para alzar la voz sobre un asunto del que no se habla lo que se debiera en este apocalipsis repentino.
El dolor y la rabia profunda que me provoca observar cómo estamos casi dejando morir a toda una generación de españoles y no hay manera de quitar el foco del Gobierno -temerario, torpe y hoy ya sobrepasado, cierto, también hay que decirlo-, cuando en realidad Sánchez y compañía no son más que el último episodio de un plan de demolición perfectamente diseñado, que nosotros mismos hemos elegido y en el que hemos colaborado todos en mayor o menor medida.
Por nuestros ancianos siento dolor, sí, aunque es un sentimiento que imagino compartido por cualquier persona de buen corazón. Pero también siento mucha rabia, pues sé de todo lo que hay detrás y quiénes son los responsables, no en vano he tenido que enfrentarme años atrás al drama y el abandono que sufren nuestros mayores en los centros residenciales en Canarias, y por extensión en España entera, y creo que es mi deber volver a denunciarlo.
Y es que en España llevamos muchos años mercantilizando los cuidados de una manera muy cruel y descarada sin que nadie haga nada por cambiar dicha realidad. Los menores institucionalizados, un negociazo del que hoy no hablo porque daría para muchas páginas, y también y especialmente ese espacio en el que viven buena parte de nuestros mayores.
Créanme, se sorprenderían si visionaran la cuenta de resultados de muchas de las empresas que se dedican a gestionar asilos de ancianos en España, buena parte de ellas privadas o concertadas. Beneficios sí, y muchos. ¿A costa de qué? Bien lo saben, a costa de la precarización del servicio y de los sueldos de los trabajadores, con el beneplácito cómplice de nuestras administraciones cooperadoras imprescindibles en este tinglado, a menudo ligadas a las famosas redes clientelares que tanto daño han hecho a nuestra democracia. Y esto es así porque hay unas normativas autonómicas que regulan los centros de mayores donde se fijan los ratios de personal mínimo necesario en los centros, con unos números aparentemente buenos que en realidad tienen trampa, a saber. En Canarias por ejemplo, el Decreto 67/2012, de 20 de julio, en su desarrollo nos da unos ratios de personal especializado entre 0,23 y 0,47 en apariencia aceptables, para luego varios párrafos más abajo colar otra entrada en la que se permite incluir a todo el personal que trabaja en el centro para el cálculo de dichos ratios. Así, entran en el cómputo engrosado de los ratios los jardineros, los cocineros, los limpiadores, los administrativos y hasta el jefe si me apuran, y así tenemos centros con los cuidadores y gericultores desbordados pero cumpliendo sorprendentemente con la ley. Esta trampa legal se da en otras normativas autonómicas del Estado relativas a centros de mayores, en Castilla-León por ejemplo, donde desgraciadamente han muerto muchos ancianos en esta crisis sanitaria, también ha sido largamente denunciado este asunto en el pasado reciente (guardo recortes de prensa con sindicatos de Valladolid denunciando cómo jardineros, cocineros o recepcionistas son incluidos en las ratios, tal como sucede aquí). O en la Comunidad de Madrid, donde se concentran el mayor número de ancianos fallecidos por coronavirus en centros de mayores. Un informe del Defensor del Pueblo de Madrid de hace un par de años ya ponía el acento en la alarmante falta de personal especializado en los centros, muchos privados o concertados, cobrando una pasta considerable a cada familia por cierto. ¿Y qué pasa cuándo llega el virus y no se traslada al anciano a un hospital, como ha ocurrido en la mayoría de los casos? Pues pasa que no hay personal suficiente para cuidarlos y aislarlos a unos de otros, no hablemos ya de mascarillas y otros medios de protección para el personal, y todos acaban contagiados, con el considerable y doloroso número de fallecidos que se registran.
Y esto es tal como se los estoy contando, la mercantilización de los cuidados y sus consecuencias. Cierto que nuestros mayores como grupo de riesgo están más expuestos a los efectos mortales del virus, pero la avaricia y el abandono continuados son un agravante claro, que estaría bien que recordáramos dentro de un tiempo cuando haya que pedir responsabilidades, para apuntar hacia los que lo han permitido y los que se han beneficiado.
Porque si algo hemos de sacar en claro de esta crisis global sin precedentes, es que habrá cosas que no volverán y casi hemos de agradecerlo porque viajábamos a ritmo de colisión, lo lamentable es que tenga que cobrarse tantas vidas y que nos deje tanto dolor para entenderlo. Pero en este escenario de desconcierto y tambaleo de todo el sistema estaremos ante una oportunidad de rectificar, porque una cosa sí que tenemos clara después del coronavirus: si queremos mantener unos mínimos de bienestar social hemos de cuidar a los que nos cuidan y a los que no sanan. Debería ser el fin de la mercantilización de la Sanidad, de los sistemas de atención a mayores, a niños, a mujeres, a personas dependientes. Y ya puestos también parece claro que hemos de cuidar y dotar a nuestros cuerpos de policía y ejércitos, porque además de fuerzas de choque también son fuerzas de intervención y ayuda cuando hacen falta, ¿y qué decir de la Ciencia y la Investigación? ¿Y ustedes creen que un sistema que prima el lucro desbocado y el enriquecimiento grosero a costa de la mayoría es capaz de repartir para tanta gente? O dicho de otra manera, ¿No les parece una contradicción que buena parte de los sectores productivos que otrora abogaban por la liberalización fiscal y el adelgazamiento del Estado rueguen ahora a ese mismo Estado para que los salve?
La fiesta se ha terminado señores, y es hora de empezar a cambiar, comenzando por nuestros dirigentes. ¿No recuerdan cuando el CIS ponía a la clase política como uno de los principales problemas de los españoles? Así fue hasta hace unos meses, y hemos sufrido campañas electorales lamentables, con candidatos histriónicos, fanáticos o con un ego y una ambición enfermizos vendidos siempre al dios dinero, donde el copia y pega y los curriculums inflados se volvían norma. Sospechábamos que no daban el nivel y aún así los dimos por buenos, y ahora nos sorprendemos cuando el Gobierno hace aguas por todos lados. ¿Acaso creen que un gobierno de otro color lo habría hecho mejor? Me temo que no, porque antes del coronavirus ya nos infectamos con otro virus persistente que deviene en síntomas como la deshumanización, el fanatismo, la avaricia o el olvido de lo realmente importante.
Sí, ya sé que esto ahora no toca, ahora toca sumar, y en esas estamos todos en la medida que podemos, pero bueno será que vayamos pensando en el después en los ratos libres que tengamos -que para la mayoría ahora son muchos por cierto-, porque el después se presenta muy diferente y me da que no van a valer ya muchas de las reglas y recetas que hemos usado como norma en las últimas décadas, y en ese escenario solo tenemos dos opciones: o entregarnos pasivos a unas formas de convivencia muy próximas a la dominación y el sometimiento sin alternativa -para esto creo que valdrán muchos de los dirigentes que ahora tenemos-, o buscar soluciones nuevas más valientes y humanas, donde el capitalismo salvaje, el lucro exagerado, la explotación masiva de seres humanos en beneficio de unos pocos y la destrucción acelerada del medio ambiente comiencen a ser parte de un pasado que no queremos volver a repetir. Y está claro, para esta última travesía necesitaremos otra tripulación. Al final la pregunta que subyace es saber si aún quedan de esa clase de personas. Y bueno, yo debo ser un iluso, pero estamos en tiempos de cosas inimaginables, como decía el replicante de Blade Runner, por eso, confío en que aún sea posible.
Eloy Cuadra, escritor y en otros tiempos activista social.