Tengo 32 años, vivo en el sur de una isla capitalina, trabajo como camarera de piso en un hotel, estoy casada y tengo una hija de 8 años.
Tomo píldoras anticonceptivas y el mes pasado se me olvidó tomar una. También estuve enferma y me recetaron unos antibióticos. No sé cuál fue la causa, pero me quedé embarazada. No podía seguir adelante con el embarazo, no sabía qué hacer, y no me atrevía a decirlo en casa porque estábamos pasando un momento complicado. Así que, tras unas semanas con mucha angustia, esperando que la regla me bajara, fui a mi médico y éste me mandó a hacerme una analítica de orina. Esperé más de una semana para que me confirmara que estaba embarazada. Ese mismo día le dije que quería abortar. El médico me pasó con la trabajadora social y ésta me informó que tenía que ir a la capital.
Tuve que esperar al día que “libraba” para desplazarme y fui con mucha incertidumbre, pero confiando en terminar con el mal trago que estaba pasando. No tenía condiciones para tener otro hijo. ¿Por qué a mí? me preguntaba, si siempre he sido muy cuidadosa. Pero cuando llegué a la Dirección de Área de Salud me dieron un sobre y me dijeron que tenía que volver tres días después, para hacer la petición de interrumpir el embarazo. No entendía nada. “A eso he venido”, les dije. Pero insistieron en que el protocolo era así, que tenía que “pensarlo”. Ese día era miércoles. Debía volver el siguiente martes. Cogí el sobre y me fui, derrumbada. En la guagua, de vuelta a casa, miré lo que había en él. Encontré información del año 2010 sobre las ayudas públicas para las embarazadas, la cobertura sanitaria y los derechos laborales vinculados al embarazo, el parto y la maternidad, así como las prestaciones y ayudas para el cuidado de los hijos e hijas. ¿Y yo para qué quiero esto? me repetía. Después miré mi planning y comprobé que el martes trabajaba. Seguro que alguna compañera me lo cambiaba, ¡pero a ver qué me inventaba! Entonces me di cuenta que realmente eran seis días entre ambas citas. Claro, me había dicho “tres días hábiles” y que el sábado no se consideraba como tal. Más tiempo de espera y de gestación.
El martes llegué temprano, pensando que resolvería la situación. Pero, ante mi sorpresa, tras entregar el sobre y firmar solicitud de la IVE, me dicen que me avisarán para que vaya a buscar el papel firmado. Me aclaran que el protocolo es así y que me lo habían explicado en la primera cita. No se lo negué. Sé que en esa primera cita me dijeron muchas cosas, pero yo estaba muy nerviosa y no me enteré de casi nada. Otra vez a seguir esperando, confiando en que el día que tuviera que volver me tocara “libre”. A los tres días recibí una llamada avisando que estaba preparado el documento y dos días después, que libraba, fui a buscarlo.
A la tercera, me entregaron la resolución de derivación a la clínica. Me dijeron que llamara por teléfono, pero yo me acerqué con la esperanza de que me hicieran la intervención ese día. No fue posible, me dieron hora para la siguiente semana, ¡un día que trabajaba! Cambié con una compañera, una vez más, y de nuevo en marcha. Estaba muy nerviosa. Cuando me hicieron la ecografía estaba temblando, ¿y si estoy de más de 14 semanas? Cuando me dijeron 13 semanas, respiré. El resto fue muy sencillo. Cuando salí de allí, me sentía liberada, pero también agotada. Había pasado casi dos meses de angustia y tensión. He tenido mucho miedo a no “llegar a tiempo”, me he considerado culpable por la pastilla que me olvidé de tomar… y me he sentido muy sola. Pienso que tener un hijo o una hija es muy importante y que todo ser humano tiene derecho a venir a este mundo siendo deseado y con las condiciones para tener una vida digna. Y siempre he tenido claro que si me quedaba embarazada sin quererlo, interrumpiría la gestación. Nunca pensé que me fuera a ocurrir, por lo que no había buscado información al respecto. Pero he de reconocer que nunca pensé que para acceder a esta prestación nos lo pusieran tan complicado.
Este relato recoge una de las tantas historias que ocurren en Canarias, que ejemplifican el camino tortuoso que se debe recorrer para acceder a la interrupción voluntaria de un embarazo «a petición de la mujer» – hasta las 14 semanas -. De un gobierno que se define feminista se espera que se creen las condiciones para construir y avanzar en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos como elementos esenciales para lograr una justicia social real. Y esto conlleva que se aseguren, junto con la información y educación afectiva y sexual a lo largo de la vida, un acceso universal y gratuito a servicios de salud sexual y reproductiva que incluyan, entre otras prestaciones, el aborto.
La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo concreta la responsabilidad y la obligación de los poderes públicos de garantizar este acceso. Sin embargo, tras diez años de vigencia de esta Ley, la realidad muestra la enorme distancia que separa los derechos reconocidos en el texto legal de su puesta en práctica. Es más, el gobierno de Canarias, a lo largo de estos años, ha dificultado su aplicación en relación a las prácticas de las IVEs y no ha desarrollado sus medidas educativas y preventivas. En los siete meses de vida del gobierno de progreso en Canarias tampoco hemos visto ninguna iniciativa en este camino. Es más, desde septiembre la Plataforma “Nosotras decidimos” solicitó una entrevista con la Consejera de Sanidad para darle a conocer un estudio realizado en torno a la aplicación restrictiva de la Ley en Canarias en relación al aborto y aún hoy, en el mes de febrero, estamos esperando por ella.
Los últimos datos publicados por el MSSI muestran como en 2018 Canarias ocupa el sexto lugar de mayor número de abortos en el Estado español, con una tasa de 11,56 por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, por encima de la tasa media estatal. En relación a las edades, el grupo de mujeres de 20 a 29 años supone el 45,3% de las IVEs y tres de cada diez mujeres que se realizaron una IVE eran menores de 24 años (31,7%). Son de reseñar los 483 abortos de mujeres menores de 20 años, que suponen el 9,51 % del total, donde encontramos 194 en menores de 18 años y 57 en menores de 16.
Los obstáculos añadidos en Canarias, además de atentar contra derechos fundamentales, conlleva que las IVEs se practiquen con más semanas de gestación, y que un conjunto de ellas, sobre todo de los colectivos más vulnerables, queden fuera del derecho a interrumpir el embarazo por decisión propia, pues se llegan a superar las 14 semanas. Del total de IVEs practicados en 2018, un 40,7 % se realizaron entre la semana 9 y 14 (23,7% en el Estado), subiendo este porcentaje a un 49,1% en menores de 20 años y un 66,7% en las menores de 15 años. El circuito, repleto de dificultades, que tienen que recorrer las personas que deciden abortar en Canarias, aleja la consideración del aborto como una prestación sanitaria más, que ponga a las personas en el centro de la intervención, teniendo en cuenta su diversidad; en la que se generen espacios cercanos y amables en donde se sientan acompañadas y se les dedique el tiempo necesario para fortalecer su capacidad de decisión; una prestación sanitaria que se realice en la red sanitaria pública, fórmula que aseguraría la universalidad de la prestación y reduciría el estigma que experimentan las personas que abortan.
Las políticas públicas se definen por la acción o la inacción de los poderes públicos. La realidad es que el aborto aún es un tema tabú y una cuestión que no está en la agenda política. La evaluación e investigación periódica, que permitiría mejorar la información e implantación de la prestación de la IVE en el Servicio Canario de la Salud, es inexistente en Canarias. Es muy importante lograr una mirada social y humana en los servicios públicos, cuidando que la calidad y adecuación de sus prestaciones esté acorde a la situación de cada persona, asegurando su atención, acompañamiento y seguimiento. En sus primeras declaraciones, la Consejera de Sanidad del gobierno de Canarias declaró que afrontaba su cargo con el reto de “humanizar” la sanidad en las Islas. En relación a los derechos sexuales y reproductivos tiene mucho por hacer. Por ahora, no hemos visualizado ningún avance, ni siquiera hemos conseguido que nos escuche.
Mary C. Bolaños Espinosa. Colectivo Harimaguada