Maria del Mar Julios, Senadora por CC en el 2015, afirmaba entonces que AENA incumple las propuestas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), “que recomienda que existan profesionales médicos, sanitarios, ambulancias y consultas para atender tanto a pasajeros como a trabajadores y visitantes”. Según Julios, el criterio al que ha aludido alguna vez la empresa pública española por la que únicamente está obligada a mantener el servicio médico en aeropuertos con más de 8 millones de pasajeros al año, “es una decisión unilateral de AENA”. (Atcpress, 23 marzo de 2015)
Antes, en 2013, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y senador del PSOE por la Isla, Aurelio Abreu, llevaba a la Cámara Alta una moción y una pregunta sobre este asunto, con el fin de restituir los servicios médicos. El texto de la propuesta, que desvelaba El Diario de Avisos, reclamaba que “la Comisión de Fomento del Senado inste al Gobierno a restablecer los servicios médicos y de ambulancia permanentes en los aeropuertos en los que han sido eliminados y a no persistir en esta actuación de supresión tan perjudicial, especialmente, para los usuarios de los aeropuertos españoles”. (Preferente, 25 marzo de 2013)
En efecto, a día de hoy AENA argumenta que la legislación no les obliga en aeropuertos de menos de 8 millones anuales. Es verdad que Tenerife Norte solo llega a los 5 millones y medio. Pero 5,5 millones con una apertura de 16 horas; lo que le sitúa en el mismo tráfico por hora que un aeropuerto que superara los 8 millones en 24 horas; y, al mismo tiempo, no supondría una inversión en este campo tan grande como la necesaria para un 24H.
Por otro lado, no somos los trabajadores quienes tenemos que argumentar, pero sí podemos trasladar nuestras tristes experiencias a la opinión pública o poner en marcha la recogida de firmas de usuarios y familiares que ahora mismo hacemos a través de la plataforma change.org. Son nuestros políticos electos, que se suponen estadistas bien asesorados y preocupados por salud general, los que participan en la elaboración de leyes y normativas y los que asignan presupuestos a las cuestiones de más interés. Por supuesto, no voy a quejarme de entereza, dignidad o valores que debe tener un representante de los votantes hasta que ellos mismos demuestren que les faltan esas cualidades. Pero la pasividad y el mutismo son lo propio del político que carece de todo lo bueno y participa o es cómplice de todo lo malo. Así que vamos a hacer una reflexión: Maria de Mar Julios era una representante por Coalición Canaria, que actualmente gobierna en el Ayuntamiento de La Laguna, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias; Aurelio Abreu, estaba en el cargo por el PSOE que ha sido el socio de gobierno de Coalición esta legislatura y ahora está al frente del Gobierno español y del Ministerio de Fomento. Si estas organizaciones dejaban que actuasen así sus miembros electos, lo traducimos como que apoyaban esas propuestas. ¿Acaso ahora, que tienen en su mano la posibilidad de cambiar la norma o asignar el presupuesto necesario, hay algo que justifique no hacerlo? ¿Qué les ha hecho cambiar de opinión o qué les impide actuar?
Pedro M. González Cánovas
(Trabajador aeroportuario en TFN)