La Plataforma por el 5% para Educación denuncia que la partida para Educación no supera el 3,6% del PIB
El presupuesto del área se incrementa en apenas 53 millones de euros, muy lejos de los 245 necesarios para alcanzar el 4% en 2019
Al no alcanzarse el 4% demandado por numerosos sectores sociales y políticos, se aleja aún más la posibilidad de cumplir la Ley Canaria de Educación, que exige el 5% en 2022
La Plataforma presentará una queja al Diputado del Común y solicitará su amparo para exigir el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos
La Plataforma por el 5% para Educación muestra su decepción con el trato que el Presupuesto de la Comunidad Canaria da al sistema educativo de las Islas. Asegura que, pese a la propaganda del Gobierno, estas cuentas públicas no avanzan en el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, dedicando un 3,6% del PIB y con una cantidad, 1.713 millones de euros, que es inferior a la del año 2009, donde se alcanzaron los 1.750 millones. Al no alcanzarse para 2019 el 4% demandado por numerosos sectores sociales y políticos, se aleja aún más la posibilidad de cumplir la Ley Canaria de Educación, que exige el 5% en 2022.
La Plataforma denuncia este nuevo incumplimiento, más grave aún cuando el pasado 26 de septiembre todos los grupos del Parlamento canario firmaron conjuntamente una Proposición no de Ley (PNL) en la que instaban al Gobierno a “incorporar en el Proyecto de Ley de la Comunidad Autónoma Canaria para 2019 un presupuesto de Educación que se sitúe como mínimo en el 4% del PIB.” Este posicionamiento, que a su vez se alineaba con las demandas de la Plataforma 5% para Educación respaldadas por el acuerdo unánime del Consejo Escolar de Canarias, el Diputado del Común, las Juntas de Personal Docente, las dos Universidades Canarias y un numeroso grupo de claustros y de asociaciones de madres y padres de alumnos, hacía concebir esperanzas de alcanzar el objetivo para situarnos en la senda establecida en la Ley Canaria de Educación. No ha sido así.
Apenas unas semanas después, tres de estas fuerzas (CC, PP y ASG) han firmado un acuerdo presupuestario que contradice ese compromiso y que ha permitido al Gobierno presentar un presupuesto para Educación muy por debajo del 4% al situarse en apenas un 3,6% del PIB, es decir a 192 millones del objetivo, frustrando así las esperanzadas depositadas en el acuerdo de los grupos del Parlamento ahora incumplido por tres de los mismos.
La presentación del Proyecto de Presupuestos por parte del Gobierno contiene varias falsedades:
1. El Gobierno afirma que los 1.713 millones del presupuesto de Educación es “el mayor presupuesto con fondos propios”. Esta primera falsedad se desmonta fácilmente ya que, en realidad, el mayor presupuesto con fondos propios fue el de 2009, con más de 1.750 millones y eso que el PIB en 2019 supera al de 2009 en un 17%. Para que el presupuesto de Educación fuera equiparable debería haber crecido en la misma medida, es decir 335 millones más que lo presupuestado.
2. Afirma el Gobierno que “esta cifra nos coloca en la senda de superar el objetivo del 5% del PIB en 2022”. Lo cierto es que esta cifra representa un 3,6% del PIB, lo que supone un crecimiento de apenas 0,03 puntos respecto al ejercicio anterior. A ese ritmo tardaríamos 49 años en alcanzar el objetivo del 5%.
3. Por último, afirma el Gobierno que “una vez incorporados los 42 millones de PIEC, el peso de las políticas educativas sobre el presupuesto alcanza el 3,82%. La realidad es que una vez incorporados los 42 millones del PIEC, el presupuesto quedaría en 1.755 millones, lo que representaría el 3,69% del PIB.
Tres cifras maquilladas, tres falsedades para encubrir el incumplimiento de una promesa electoral y de una obligación legal y democrática. Este presupuesto muestra con claridad que la Educación no es una de las prioridades de este Gobierno y ni de sus aliados presupuestarios.
Este proyecto de presupuestos se aleja de la senda para alcanzar el objetivo de un gasto educativo del 5% de PIB en 2022 que establece la Ley Canaria de Educación. El presupuesto del área se incrementa en apenas 53 millones de euros, muy lejos de los 245 necesarios para alcanzar el 4% reclamado. El Gobierno ha señalado que todavía falta por incorporar los 42 millones del Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias, que aún está pendiente de firma. Una vez incorporados esos fondos, el peso de las políticas educativas en estas cuentas será del 3,69% del PIB, exactamente el mismo porcentaje que en 2015, es decir, que en esta legislatura no se ha dado ningún paso real hacia el 5% establecido en la Ley Canaria de Educación para 2022”. En definitiva, una legislatura perdida para la Educación.
El gobierno ha repetido el mantra del “crecimiento en las partidas destinadas a los servicios públicos” como si estuviera señalando algo destacable y meritorio y obviando que la cuestión no es crecer respecto al ejercicio anterior sino hacerlo en coherencia con el PIB y de manera suficiente como para recuperar los niveles de calidad previos a la crisis. Ya hemos denunciado que no es oportuno ni coherente rebajar impuestos antes de recuperar nuestros desnutridos servicios públicos y que dichas rebajas se realizan al dictado de ciertos grupos empresariales. Si se hubieran destinado los 149 millones de euros a la Educación en vez de a rebajas fiscales estaríamos muy cerca de llegar al 4% del PIB en coherencia con la ley. Estos presupuestos, en conclusión, son otra oportunidad perdida de trasladar sin mentiras ni demagogias los beneficios de la recuperación económica y de las transferencias del Estado a los servicios públicos esenciales.
Queda acreditado que la promesa electoral del presidente Clavijo de «incrementar el presupuesto de inversión en educación hasta alcanzar la media europea” no se cumplirá en esta legislatura y que la exigencia de PP, CC y ASG al Gobierno instándole “a incorporar en el Proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria para 2019 un presupuesto de Educación que se sitúe como mínimo en el 4% del PIB” va a ser de nuevo incumplida por todos los firmantes del pacto presupuestario.
Por todo ello, ante el incumplimiento de los deberes y obligaciones a los que los miembros del gobierno están sujetos respecto al cumplimiento de lo establecido en la Ley 6/2014, esta Plataforma 5% para Educación va a presentar una queja al Diputado del Común y solicitar su amparo para exigir el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos.
Por último, hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas, ayuntamientos, sindicatos, asociaciones de padres y madres y centros educativos de Canarias a expresar su desacuerdo y malestar con estos decepcionantes presupuestos mediante escritos de repulsa, carteles en lugares públicos y/o mociones de apoyo a la Plataforma por el 5% del PIB para la Educación y su exigencia de cumplimiento de la Ley Canaria de Educación.