La Federación de Administraciones Públicas de Intersincial Canaria denuncia en la Fiscalía anticorrupción que más de 350 docentes realizan tareas administrativas en Consejerías y Organismos Autónomos del Gobierno de Canarias.
La denuncia a Fiscalía sustenta presuntos delitos de prevaricación tráfico de influencias y malversación de fondos públicos
Los representantes de Intersindical Canaria responsables de Comunidad Autónoma han denunciado en Rueda de Prensa este jueves que más de 350 docentes se encuentran fuera de las aulas realizando tareas administrativas en distintas consejerías del Gobierno de Canarias. Se trata de nombramientos, consentidos por la Dirección General de la Función Pública y validados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, que el sindicato considera “graves y fraudulentos” y que suponen un alto coste para las arcas de la Comunidad Canaria.
Intersindical Canaria señala que, tras muchos meses de espera, ha logrado conocer el número de docentes que están desempeñando funciones de índole administrativo en puestos que no están creados en las Relaciones de Puestos de Trabajos (RPTs) de los servicios centrales y territoriales de las distintas consejerías del Gobierno de Canarias, principalmente, en la Consejería de Educación y Universidades.
Para obtener la información tuvieron que recurrir al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.
Actualmente, Intersindical Canaria se encuentra estudiando detalladamente las funciones de cada uno de los docentes que están desarrollando funciones meramente administrativas y destinados en los centros directivos. A las solicitudes de esta organización a la consejería de información, la respuesta ha sido de no sabe no contesta, incumpliendo con las buenas prácticas que se le supone. Hasta ahora, la cifra supera los 350 docentes, dato que entienden se ha incrementado en este curso escolar 2017/18.
IC afirma que el hecho de que estos docentes estén sustituyendo al personal de la administración en sus funciones supone un alto coste para las arcas de la Comunidad Canaria, unos 18 millones de euros al año, además de una disminución del número de efectivos en las aulas y sus consecuencias negativas en el sistema educativo canario.
Estos docentes que realizan funciones administrativas, reciben una cuantía extra mensual de 224,39 y 395,03 euros , según el tipo de coordinación que reciben este personal, utilizando el subterfugio de los nombramientos de docentes para programas educativos, puestos especializados de apoyo o asesoramiento técnico educativo, para nombrar de forma ÍLICITA e ILEGÍTIMA a docentes para centros directivos del Gobierno de Canarias, para realizar funciones meramente administrativas.
El sidicato destaca que se da la paradoja que estos docentes están realizando funciones administrativas, que anteriormente las realizaba funcionarios o personal laboral de Administración General de la CAC, y ahora la realizan docentes , grupos A1 y A2, con el aumento considerable en las retribuciones, realizando el mismo trabajo.
Intersindical Canaria estudia las acciones legales a emprender para acabar con unos nombramientos que califica de “graves y fraudulentos” y que considera que históricamente han sido consentidos y validados por la Dirección General de la Función Pública, la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios y la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.