Si se Puede considera que la incapacidad o connivencia de CC-PP en este caso le ha costado al erario municipal cerca de siete millones de euros
El portavoz del grupo municipal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, ha anunciado este martes la disposición de la organización ecosocialista de llevar a la Fiscalía Anticorrupción el caso de la empresa adjudicataria del servicio de cementerios en la capital tinerfeña, Cetensa.
Arcila destaca que “después de cuatro años y medio del acuerdo plenario en el que se acordó hacer una auditoría sin que se tenga ese informe, es hora de deducir que no hay el más mínimo interés por el equipo de gobierno en conocer las irregularidades que existen en Cetensa y que le ha costado al erario municipal casi siete millones de euros”.
El portavoz de Sí se puede asegura que el gobierno de CC-PP dirigido por el alcalde José Manuel Bermúdez “solo sabe contentar a las concesionarias con su incapacidad o connivencia”.
La decisión anunciada es la reacción del grupo municipal ecosocialista ante la falta de respuesta a la pregunta presentada al pleno de Santa Cruz el pasado viernes, 23 de febrero, en la que Sí se puede pedía datos sobre la auditoría de la gestión y explotación del servicio de cementerios municipales decidida como acuerdo de consenso por el pleno en junio de 2013 ante una moción ecosocialista sobre el caso.
La pregunta presentada este viernes pedía a Bermúdez el dato de la cantidad pagada a Cetensa por el Ayuntamiento desde 2001 hasta la actualidad en concepto de tasa de mantenimiento de cementerios –con inclusión de los intereses–. En la misma consulta, interrogó por la fecha en la que se levantó la suspensión del contrato para realizar esta inspección, cuándo se emitió el informe de auditoría que había sido acordado por el pleno municipal y las conclusiones del encargo.
Hasta el momento, la única información que se tiene de este proceso de inspección de la gestión de Cetensa proviene de las intervenciones del concejal de Servicios Municipales, Dámaso Arteaga, ante la Comisión de Control y ante el pleno, donde, a instancias de Sí se puede, ha tenido que dar cuenta de lo realizado hasta ahora.
Así, en octubre de 2014, Arteaga informó que un año antes, en octubre de 2013, se había iniciado el expediente para llevar cabo un contrato menor para ejecutar la auditoria. Esta contratación se efectuó posteriormente, transcurrido un año y medio después del acuerdo plenario. En febrero de 2015, el mismo concejal, Dámaso Arteaga, dictó una resolución acordando la suspensión del contrato de auditoría, una decisión que fue recurrida por Cetensa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo de la que finalmente desistió, según se informó en el pleno. Es la última noticia al respecto hasta ahora, ya que lo comentado en el pleno de febrero de 2018 no ha arrojado ninguna luz sobre el caso.
Existe un informe del Ayuntamiento que señala que la empresa adjudicataria del servicio de cementerios tiene que mantener el equilibrio financiero sin establecer esta tasa. El grupo de gobierno ha ignorado durante años el criterio de los técnicos municipales y sostuvo que el cobro de esta tasa a la ciudadanía de Santa Cruz era correcto hasta que, en octubre de 2014, el alcalde ordenó paralizar el cobro a las personas usuarias.
Sin embargo, en marzo de 2015, en plena campaña electoral, el concejal Arteaga reconoció que el propio Ayuntamiento tendría una deuda de 600.000 euros con la empresa ese año. A juicio de Sí se puede, esta deuda no existe.