El grupo Podemos considera “escandaloso” que CC y PSOE gastaran en 2016 de forma irregular 406,2 millones de euros del Cabildo tinerfeño
La Consejera Mila Hormiga detalla que Intervención ha vuelto a detectar anomalías legales en las subvenciones, convenios, encomiendas de gestión y contrataciones.
El Grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife considera “escandaloso y preocupante” que, según el área insular de Intervención, el “gasto irregular” del equipo de gobierno que preside el nacionalista Carlos Alonso fue de 406,2 millones de euros durante el ejercicio 2016.
Así lo asegura Mila Hormiga, consejera insular de la formación morada, tras analizar el informe de reparos y anomalías detectadas por la Intervención General y otras actuaciones de control interno respecto a ese año. Según este informe, en 2016 el gobierno insular de CC-PSOE gastó de forma irregular 215,2 millones de euros en el Cabildo de Tenerife y, además, 191 millones de euros en los organismos autónomos de esta institución. “Y este informe no incluye el análisis de dinero público desembolsado al margen de la legalidad desde la oscura trama de sociedades y fundaciones dependientes de este Cabildo, lo que hace prever que el cómputo total de gasto irregular de la administración insular tinerfeña, es aún mayor”.
La consejera de Podemos resalta que aunque entre 2015 y 2016 hubo un descenso en el número de advertencias de gasto irregular (20 menos), sin embargo, ha aumentado la cuantía de dinero público gastado con reparo de legalidad de Intervención: de un total de 262’9 millones gastados de forma irregular en el Cabildo y en sus cuatro organismos autónomos durante 2015, se pasó a 407 millones de euros en 2016.
En cuanto al tipo de anomalías detectadas por Intervención en el gasto de 2016, detalla que la mayoría de reparos económicos del gasto realizado en el Cabildo (sin entrar en los organismos autónomos), fueron formulados “por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales”. Esta irregularidad guarda relación principalmente con contrataciones administrativas, encomiendas de gestión, convenios de colaboración y subvenciones.
En cuanto a los motivos concretos de la discrepancia sobre legalidad de gasto producida entre el área de Intervención y el equipo de gobierno, Hormiga señala que el órgano de fiscalización económica insular destaca “por su reiteración”, la adopción de resoluciones o acuerdos sin tramitar previamente el procedimiento legalmente establecido, “dando lugar a situaciones constitutivas de ‘vía de hecho’, o a la prolongación de los efectos del contrato una vez que éste ya ha quedado extinguido”. Este área económica también resalta en este apartado “la utilización del contrato menor en sucesivas contrataciones con la misma empresa y objeto, constituyendo un fraccionamiento del objeto contractual”. E incide también en “la falta de adecuada justificación de la existencia de causas imprevistas en las modificaciones de los contratos” y en “la utilización del régimen excepcional de la contratación de emergencia más allá de los supuestos legalmente contemplados”.
Hormiga subraya que Intervención también explicita que en la mayoría de encomiendas de gestión del Cabildo se omite la obligación legal de hacer un estudio de ingresos y costes de las obras, trabajos, servicios, suministros o actividades que se encomiendan y que, además, se suelen exceder los límites establecidos para los abonos anticipados.
Además, denuncia que “volvemos a encontrarnos con la advertencia de que el equipo de Carlos Alonso usa la fórmula del convenio de colaboración con objeto de eludir la contratación administrativa o la convocatoria de una subvención”. Y en las subvenciones tramitadas como tales, añade, Intervención apunta de nuevo al excesivo otorgamiento de subvenciones directas “sin que se justifique la imposibilidad o dificultad de realizar una convocatoria pública”. También destaca los gastos “que bajo el concepto de representativos o protocolarios encierran verdaderas subvenciones en especie”. Agrega que el área de fiscalización económica destaca también que en la subvenciones del Cabildo, a menudo faltan informes preceptivos, se hacen valoraciones defectuosas que no se ajustan a los criterios establecidos establecidos en las bases de as convocatorias y falta justificación de subvenciones concedidas anteriormente a a los mismos perceptores y por los mismos conceptos”.
“Y esto es sólo un esbozo del contenido de este informe y del expediente de reparos de 2016”, apunta a la vez que avanza que el grupo insular de Podemos está estudiando la relación detallada de todos los reparos “para tomar las medidas oportunas y dar transparencia a este escándalo”.