SB-Noticias.- El STEC-IC manifiesta su moderada satisfacción por la reciente aprobación por el Consejo de Gobierno de Canarias de un crédito extraordinario de 340 millones de euros de los cuales, 48 irán destinados al área de Educación. Sin embargo, no es menos cierto que aún siendo positivo dicho incremento presupuestario, Canarias sigue padeciendo un profundo déficit inversor en materia educativa.
La Consejería de Educación ha anunciado “a bombo y platillo” diversas medidas para el curso próximo que si bien pudieran resultar positivas, ni de lejos vienen a paliar el profundo déficit de recursos y plantillas (docentes y no docentes) que padece el sistema educativo, producto del abandono sistemático, especialmente en materia presupuestaria, que ha sufrido durante los últimos años.
Hay que tener en consideración que en Canarias, para alcanzar la media estatal en número de docentes respecto al alumnado existente, haría falta incrementar inmediatamente la plantilla en unos 2000 docentes, lo cual nos da una idea del escaso alcance real que tienen las medidas propuestas por el Gobierno de Canarias. Abundando en la cuestión, señalar que la Ley Canaria de Educación aprobada en 2014, establece que el presupuesto educativo deberá incrementarse progresivamente todos los años para poder alcanzar en 2022 el objetivo de inversión del 5% del PIB establecido en dicha Ley. A fin de aproximarnos a dicho anhelo, el presupuesto en Educación para 2017 tendría que haberse incrementado en unos 372 millones de euros. Así pues, aún con el incremento presupuestario anunciado, el Gobierno de Canarias sigue muy lejos de cumplir con lo establecido en la propia Ley Canaria de Educación –aprobada en el Parlamento de Canarias con los votos, entre otros, del partido que hoy sustenta el Gobierno autonómico- en una clara muestra de la importancia real que nuestros mandatarios otorgan al progreso educativo de la sociedad canaria.
Por otro lado, desde el STEC-IC se alerta públicamente de las manifiestas intenciones de la Consejería de Educación de establecer convenios con entidades privadas para la introducción en el Sistema Público del nuevo personal anunciado (educadores sociales o terapeutas ocupacionales, entre otros). La necesaria presencia de este personal no docente en el ámbito educativo es una demanda histórica del STEC-IC, al igual que ocurre con otro personal cualificado no docente como trabajadores sociales, intérpretes de lenguaje de signos o auxiliares clínicos. Sin embargo, desde esta organización entendemos que la contratación de este personal debe estar estrictamente sujeta a los principios constitucionales de “igualdad, mérito y capacidad”, por lo que solo cabe implementar las correspondientes listas de empleo públicas para su posterior contratación o, si la urgencia para el próximo curso lo requiere, la contratación a través del Servicio Canario de Empleo con estricta transparencia. En ningún caso, consideramos que sea de recibo el que las contrataciones previstas se pretendan realizar, como parece ser la intención, mediante convenios con entidades no públicas que solo viene a abundar en el proceso de progresiva privatización del sistema educativo en el que está embarcado el Gobierno de Canarias desde hace años.