SB-Noticias.- La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias nos ha “sorprendido” recientemente presentando, en la Mesa Sectorial de negociación del ámbito educativo, una propuesta para regular “la colaboración voluntaria de los funcionarios jubilados de los diferentes cuerpos docentes con los centros escolares públicos”.
Sin menoscabo de la valiosa colaboración que pueda desempeñar el profesorado jubilado en los centros educativos y que deberá ser objeto de la adecuada regulación, resulta cuanto menos llamativo que la Consejería de Educación plantee ahora un tema que en absoluto consideramos prioritario, máxime cuando hay otros temas de urgencia pendientes de negociación y que no se han abordado por el sistemático incumplimiento unilateral de la Consejería respecto al calendario de negociaciones pactado el curso pasado. Nos referimos a temas tales como la mejora retributiva del profesorado, la necesidad de una nueva regulación para las listas de empleo, la recuperación del horario anterior a los recortes de 2012 en Secundaria y Otros Cuerpos (18 horas lectivas), la sobrecarga burocrática que padece el profesorado y los centros educativos en su conjunto, las insuficientes plantillas docentes en Infantil/Primaria y otras etapas educativas, los recortes presupuestarios, el incumplimiento de la Ley Canaria de Educación y un suma y sigue que viene a demostrar la poca consideración que tiene la Consejería hacia la Comunidad Educativa.
Es indudable que los centros, para desarrollar la tarea educativa encomendada, requieren de la aportación periódica o puntual voluntaria de agentes sociales, no solo profesorado jubilado, también estudiantes, familias y otros. Existen experiencias al respecto desarrolladas en otros territorios, pioneras en la “apertura” de los centros públicos al voluntariado, con resultados positivos.
Sin embargo, esta última “invención” de la Administración Educativa canaria nada tiene que ver con lo anterior. La mayoría de las “actividades” propuestas para su realización por el profesorado jubilado en el borrador presentado (artículo 4) son tareas que competen a los trabajadores de la enseñanza pública. En definitiva, la Consejería, caso de aprobarse esta norma, estará estableciendo los mecanismos legales necesarios para facilitar el despido de docentes y personal laboral o, cuanto menos, la no contratación del personal necesario para cubrir tales actividades.
Desde el STEC-IC denunciamos que la Consejería de Educación ha incumplido el calendario de asuntos a negociar que previamente había pactado con las organizaciones sindicales y, por tanto, nos reservamos el derecho a responder activando las diferentes acciones que creamos oportunas en cada momento. Recordamos que tenemos una plantilla de docentes escasa y no vamos a consentir pasivamente que se arbitren medidas que puedan suponer un recorte en personal, como es el caso.
Sin ser un tema de urgencia, respecto a otros que están “esperando” sobre la mesa de negociación desde hace meses, el STEC-IC se manifiesta partidario de abrir un diálogo amplio sobre la inestimable participación de los jubilados y otros agentes sociales en los centros educativos pero, desde luego, rechazando de plano el borrador presentado. Anunciamos, igualmente, que caso de persistir la Consejería en sus intenciones actuales, el STEC-IC actuará con todos los medios a su alcance, incluidos los jurídicos, para impedir este nuevo ataque contra los trabajadores actuales y futuros del ámbito educativo.