El abogado José Manuel Rivero es rotundo en su posicionamiento ante el escandaloso caso de conspiración del juez Salvador Alba, para acabar con la carrera política de la ex diputada de Podemos Victoria Rosell.
Afirmo el destacado jurista: «La conspiración puede obedecer a un plan ideado por una trama, que, en su caso, tiene que salir al descubierto en una investigación judicial, inmediatamente atribuida en exclusiva por el Consejo General de! Poder Judicial, a un magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, incluso, con refuerzo, en virtud del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dado el aforamiento del juez Alba. Y adoptarse, también, inmediatamente, medidas cautelares contra Miguel Angel Ramírez (detención y, en su caso, prisión, ya que tiene antecedentes penales y existe riesgo de perturbar la instrucción) y al juez Alba ( suspensión provisional) de funciones. Caiga quien caiga. Recayendo la custodia y segiridad del lugar de la instrución por efectivos de la Guardia Civil. Pues, hay que recordar que la empresa de seguridad privada que se encarga de la seguridad de la «ciudad de la justicia» es de Miguel Angel Ramírez».
Artículo de Manuel Mederos (Canarias7)
El sacerdocio imprime carácter, es una señal indeleble que se adhiere al alma, según sostiene la teología católica. Así, como un sacerdocio, viven muchos jueces y magistrados su tarea, conscientes de que personifican, de forma sagrada, una parte del poder que les otorgamos los ciudadanos para administrar justicia. Quizás por eso en estos días la Judicatura canaria vive abochornada la filtración de las conversaciones extraprocesales del juez Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Rodríguez para amañar unas declaraciones de éste en contra de la ex diputada de Podemos, María Victoria Rosell. Más allá de la presunción de inocencia del juez Alba, que se la otorga el mismo sistema que pretendió utilizar torticeramente, los hechos son de una gravedad tan profunda que inducen a dejar de creer en el sistema a los más entusiastas, como es mi caso.
Ha ocurrido que un juez, con toda su potestad, se reúne con un imputado en una causa que instruye en su juzgado, se tutean, conversan amigablemente sobre cómo archivar el asunto que afecta al empresario, obviar la acción del fiscal y las repercusiones posteriores… A cambio el empresario tiene que declarar voluntariamente en el mismo procedimiento que Carlos Sosa, compañero sentimental de la ex diputada Rosell, ha trabajado para él a lo largo de muchos años, con lo que demostraría, fehacientemente, que la jueza se tendría que haber abstenido en el proceso.
Y no se trata de un juez que de forma aislada, llevado por el odio a un compañero, actúa como lo ha hecho Alba, el asunto tiene toda la apariencia de conspiración para delinquir. El juez Alba se ofrece, voluntariamente, para ocupar el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria que dejaba Victoria Rosell a pesar de ejercer como magistrado en la Audiencia Provincial. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ha aclarado, que sepamos, por qué Alba y no otro magistrado ocupó esa plaza, a pesar de que la prensa ha requerido esa información. El juez, conocido ampliamente por sus constantes apariciones en prensa y por sus reiteradas solicitudes para ocupar un alto cargo en la Judicatura, nada más llegar al juzgado hace una auditoría precisamente del asunto que afecta al empresario y, sin que nadie se lo pida, lo remite a una investigación que sobre los mismos hechos ha abierto la Fiscalía.
Todos los esfuerzos para inculpar a Rosell, convertirla en una apestada judicial, en una corrupta más de la política, fracasan por lo que da la impresión de que los supuestos aliados en este plan que describe Podemos, toman otro rumbo más expeditivo y abierto. El mismo exministro José Manuel Soria da la cara y presenta una querella ante el Tribunal Supremo contra Victoria Rosell por retraso malicioso, argumento que sostuvo durante toda la campaña electoral que desembocó en las elecciones del 20D. En la querella Soria pedía, precisamente, lo que hizo el juez Alba, la declaración de Miguel Ángel Ramírez inculpando a Rosell y el informe de auditoría del procedimiento que ya había hecho también el juez desde el primer día que llegó al juzgado.
Con una rapidez inusitada la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo pidió informe a la Fiscalía sobre la admisión a trámite. A pesar de que el fiscal no aprecia indicios de delitos y pide la no admisión, el Supremo la admite e inicia las diligencias que pedía Soria. A Rosell y a Meri Pita, en distintas declaraciones no les cabe la menor duda de que Soria está detrás, no sólo para interponer la querella, sino para mover a jueces y fiscales y que llegara a buen término en una estrategia claramente encaminada a embarrar a la candidata de Podemos y echarla de la carrera electoral.
En la conversación entre Alba y Ramírez, al margen de lo que sobre las mismas decidan los tribunales, el juez deja caer que «la maquinaria se pondrá en marcha», lo que la propia Meri Pita interpreta como la indicación de que se pondría la querella y que existía todo un engranaje de voluntarios para que saliera bien. Afortunadamente, sin que sepamos más razones que las que ha dado el empresario Miguel Ángel Ramírez, un acto voluntario y de justicia, reveló la trama y la estrategia, aunque esta conspiración no ha podido evitar complicarle la vida a Victoria Rosell, hasta el punto de que su propio partido le ha pedido que se retire de la política.
Estamos ante un caso deleznable que compromete seriamente a la Justicia y que ésta debe reparar inmediatamente. ¿Cómo se puede sentir hoy un ciudadano que tenga que enfrentarse a la Justicia después de saber lo que hemos sabido? ¿Se puede fiar de los jueces? ¿Se sienten seguros? ¿No habrá trampas desconocidas? ¿No hay agentes externos que intervengan en mis asuntos? Son demasiados interrogantes para que nadie con peso en la Judicatura Canaria, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, haya salido, como mínimo, a asegurar que se investigará la cuestión.
En la misma línea se tendría que habar manifestado el Consejo General del Poder Judicial, que, aunque unió la grabación a la causa, no ha movido un dedo para tranquilizar a los ciudadanos. La titular de Instrucción 8 de Las Palmas, juzgado en el que Ramírez entregó la grabación, está tardando en motivar una resolución y entregar el asunto a la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Los agentes judiciales, más allá de expresar su disgusto, poco o nada han hecho para reparar el daño que ha hecho este asunto, que no es otro que la basura que salpica de la lucha titánica entre dos políticos, que de un modo o de otro, han utilizado el terreno de la Justicia para estrangularse mutuamente. En este punto, el papel de José Manuel Soria, si es el que describe Podemos, solo puede ser calificado de deleznable, impropio de su cargo, aunque en la penitencia lleva el castigo.