Román Rodríguez
{mosimage}La crisis económica y las políticas de austeridad aplicadas han resultado devastadoras para millones de personas. Se ha producido una auténtica transferencia de renta de los más pobres a los más ricos. Hoy, como señalan distintos estudios, Canarias y España son mucho más desiguales que hace ocho años, con mayores abismos sociales y una parte significativa de la población en situación de pobreza y exclusión social, entre ellos, muchos menores. Una situación injusta e intolerable que exige actuaciones urgentes por parte de las administraciones públicas.
Con ausencia de una respuesta adecuada al dramático problema de los desahucios y planes de vivienda muy alejados de las necesidades que se plantean en nuestra tierra. Una comunidad que tiene más del 26% de su población activa en situación de desempleo (el 52% sin prestaciones económicas) y un tercio de personas en el umbral de la pobreza, que cuenta con los salarios más bajos, las más reducidas prestaciones y pensiones así como un retroceso en el conjunto de los servicios públicos.
En el programa electoral de Nueva Canarias (NC) para las autonómicas de mayo de 2015 recogíamos la imperiosa necesidad de incrementar el esfuerzo presupuestario en este ámbito, “para lograr dar respuesta al deterioro socioeconómico y la fractura social que afecta a un tercio de la población canaria”.
En el Parlamento de Canarias hemos planteado, desde el comienzo de la crisis, numerosas iniciativas para afrontar la situación que padecen decenas de miles de familias canarias. Con propuestas concretas y realizables.
Señalábamos, en nuestro programa electoral autonómico, la exigencia de establecer un plan canario contra la pobreza que debe incidir inicialmente sobre los más de 47.000 hogares canarios que no perciben ingreso alguno, “mediante la aprobación de una renta básica para estas familias, con políticas coordinadas y sumando recursos del Estado, del sistema de Seguridad Social y de Canarias”.
Apuntábamos, igualmente, que en este asunto no valen dilaciones, que resulta imprescindible actuar con urgencia sobre la población más desfavorecida y excluida. Indicando, además, que se precisaba un incremento sustancial de las partidas de emergencia social.
Al respecto, el programa de Nueva Canarias destacaba que una medida que debe acometerse con urgencia es la de duplicar las partidas dedicadas a la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Así como la agilización de la misma y el significativo incremento del número de beneficiarios.
Por eso me parece de mucho interés lo contenido en materia social en el documento Programa para un Gobierno Progresista y Reformista con el que el socialista Pedro Sánchez está abordando las negociaciones para buscar apoyos a su investidura.
En el, y bajo el epígrafe Plan de Emergencia Social, se apuntan una serie de medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión, incluyendo acciones específicas frente a las situaciones extremas de carencia material (personas sin hogar, jóvenes ex tutelados…), medidas de lucha contra la pobreza energética y contra el sobreendeudamiento y los desahucios que afectan a miles de familias. Así como la recuperación del subsidio por desempleo para los parados mayores de 52 años.
Asimismo, el programa recoge la implantación del ingreso mínimo vital, en la misma línea que la renta básica que defiende Nueva Canarias. En concreto se propone incluirlo en la Ley General de Seguridad Social con el objetivo de atender “la situación de necesidad de las familias que carecen de todo ingreso económico”. Hay que recordar que figuras similares ya existen en comunidades como el País Vasco..
Compartimos, por tanto, esos objetivos y medidas. Y entendemos que en ellas deben implicarse todas las administraciones. Conscientes de la gravedad de las circunstancias y de la urgencia de las actuaciones lo hemos hecho desde el comienzo de la legislatura con el desarrollo de planes contra la pobreza y por el empleo en distintos ayuntamientos y en el Cabildo de Gran Canaria.
En el caso de Canarias venimos demandado la convocatoria urgente de una cumbre institucional y social –con participación del Gobierno canario, con competencias exclusivas en el tema, grupos parlamentarios, Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai), así como de las ONG y colegios profesionales-, que tenga como objetivo la adopción de medidas urgentes que pongan freno a la grave crisis de los servicios sociales en las Islas.
El deber de cualquier Gobierno es atender las necesidades más perentorias de la gente. Y el deterioro social que padecemos exige acciones inmediatas para afrontar la creciente desigualdad social, evitando la marginalidad y la exclusión social e impulsando programas de formación e integración.
Sabemos, además, que estas medidas deben solventar problemas prioritarios y que no admiten dilación, pero que las políticas deben ir mucho más allá. Estableciendo condiciones que permitan generar economía y empleo, impulsando una fiscalidad progresiva, realizando un justo reparto de la riqueza, incrementando los niveles de formación y potenciando los servicios públicos.