El STEC-IC denuncia el fraude social de las supervisiones a los centros educativos por parte de la Inspección y las califica de persecución al profesorado

{mosimage}El STEC-IC reclama una evaluación global del sistema educativo, empezando por evaluar la política de la Administración, los recortes practicados y la drástica reducción de la inversión en el área educativa

63 inspectores visitarán 126 centros de los más de 900 de Canarias para fiscalizar la labor docente. Estas supervisiones no sirven de nada, por mucho que intenten disfrazarlas de “valorar las buenas prácticas para que redunden en mejoras…”.De hecho, no se han hecho públicas las conclusiones generales de las realizadas en años anteriores y, por tanto, no revierten en la supuesta mejora de la labor docente. No hay control por parte de los representantes del profesorado, ni en el diseño ni en la puesta en práctica de dicha evaluación.

Es más, pone de manifiesto que el Gobierno de Canarias y la Consejería de Educación están muy lejos de la problemática real que se sufre en los centros educativos. Parecen desconocer los problemas cotidianos del profesorado y del alumnado en las aulas, al centrar la valoración de la Educación en la supervisión de unas programaciones, en la evaluación de las competencias y los sistemas de evaluación, en la valoración del modo de impartir clases por los docentes… Y, contradictoriamente, lo que pretenden valorar (aspectos curriculares), no han sido aún publicados en Canarias, trabajando el profesorado con meros Borradores.

La calidad de la educación pasa por una estabilidad normativa que en el Estado español no existe. Leyes a medio implantar, que corrigen a otras, no es el escenario más adecuado para ejercer una buena enseñanza. Esto hace aún más irracional este engendro que de esta forma no es necesario y es contraproducente.

El STEC-IC apuesta por una evaluación global del sistema educativo en Canarias. Esta evaluación afecta en primer lugar al propio Gobierno de Canarias y a su política educativa. Estas supervisiones ocultan tres necesidades primordiales para la mejora de la educación pública: el cese de la política de recortes y la restitución de los mismos, el incremento de los presupuestos en el área educativa, y la derogación  de la LOMCE. Es inadmisible focalizar en el profesorado cualquier evaluación de la práctica docente y del funcionamiento de los centros, si no se les dotan de los recursos humanos, materiales y financieros suficientes.

Las dificultades de la labor docente se han multiplicado. Estas supervisiones añaden más obstáculos, más tareas burocráticas, y más estrés para los equipos directivos y el profesorado. Sin embargo, la función de asesoramiento y de ayuda al conjunto de los docentes en su trabajo diario no se ha producido desde hace muchos años. ¿Quién evaluará a los evaluadores, para que su función contribuya a esa mejora anunciada?

Los centros educativos no son burbujas en esta sociedad. El profesorado no solo no tiene suficientes medios para atender al alumnado, sino que diariamente tiene que lidiar con las consecuencias de la pobreza, de la exclusión social, de la marginación, que los sucesivos gobiernos y sus políticas han provocado.

Los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza no han recibido en los últimos años apoyo de las distintas Administraciones educativas. No se les valora y parece ser que no gozan de su confianza.

El STEC-IC exige al Gobierno de Canarias y a la Administración Educativa que cesen en esta persecución y fiscalización al profesorado y que no desvíen la atención de lo que realmente son las demandas y necesidades de la educación pública.