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Home»Noticias»Justicia»El Gobierno de Telde logra resolver el expediente de Decathlon 11 años después

El Gobierno de Telde logra resolver el expediente de Decathlon 11 años después

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By on septiembre 15, 2015 Justicia
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El Consistorio alcanza un acuerdo con los dos propietarios afectados por la construcción del espacio comercial

{mosimage}SB-Noticias.- El Gobierno de Telde ha anunciado este martes un acuerdo con los dos propietarios afectados por la construcción en el barrio de La Pardilla  de la superficie comercial Decathlon, lo que permitirá concluir el expediente administrativo 11 años después de iniciado.  

Carmen Hernández, alcaldesa de Telde, Juan Francisco Artiles, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Alejandro Ramos, segundo teniente de alcalde y responsable de la Asesoría Jurídica municipal, comparecieron en la sala de prensa de las Casas Consistoriales para ofrecer los detalles sobre la resolución de un asunto por el que los juzgados reclamaban al Consistorio desde 2011 la ejecución de la sentencia: inicio del expediente de lesividad y reposición del bien a su estado original.

El edil de Urbanismo desgranó durante su alocución el recorrido tanto administrativo como legal del asunto, tildándolo como “despropósito” y reflejando que “ha sido un ejemplo de cómo no ha de gestionar lo de todos”.  

Artiles explicó que el 15 de octubre de 2004, la Junta de Gobierno Local –PP y Ciuca- aprobó el proyecto de urbanización de los terrenos. Tres días después se otorga la licencia de obras –“en un tiempo de verdadero récord teniendo en cuenta la lentitud del Ayuntamiento para otras licencias”, en palabras del concejal”- mientras que la licencia de apertura se concede a Decathlon el 24 de noviembre de ese año.

Se inicia entonces un proceso judicial que llega hasta la actualidad. Después de que los demandantes recurrieran los acuerdos anteriores ante el Ayuntamiento, que desestimó su reclamación, el juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria también desestimó su recurso, pero les dio la razón posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anuló el convenio urbanístico.

Tras ser notificada la sentencia al Consistorio en enero de 2010, es en septiembre cuando el mismo solicita a la Sala una aclaratoria sobre los términos en  los que debe ejecutar la sentencia. Ya en 2011, con un nuevo Gobierno Municipal formado por PP, Ciuca y CC, se suceden las comunicaciones de la Magistrada para que se cumpla la resolución judicial, actuando el Ayuntamiento casi dos años después pero no para ejecutar la sentencia sino para dar respuesta a la declaración de responsabilidad personal de la Alcaldesa por no cumplir dicha sentencia.

En noviembre de 2014 la Junta de Gobierno acuerda incoar expediente de declaración de lesividad, y en enero da trámite de audiencia a las partes implicadas, iniciándose acciones que derivan en el acuerdo anunciado este martes, pactándose someter el asunto a mediación.

Por ese acuerdo al que se ha llegado, el Ayuntamiento de Telde pagará en dos plazos –primer semestre de 2016 y segundo de 2017-  un total de 247.105,31 euros. Tanto Artiles como la propia alcaldesa lamentaron “que un asunto que debió reportar beneficio al Consistorio, con derecho al aprovechamiento del 10% del suelo, se haya convertido por la desidia y la irresponsabilidad a la hora de gestionar los asuntos públicos en un resultado bien diferente”. Igualmente subrayaron que este tipo de comportamientos ha conseguido que la Administración Local teldense sea “la más endeudada de Canarias y la más demandada”.

En cualquier caso, valoraron como positivo que el asunto quede desatascado tras el acuerdo con los dos propietarios afectados, permitiendo al Ayuntamiento vislumbrar, tras más de una década, el final del expediente, que ha puesto en riesgo la imagen de una empresa que genera economía y empleo en la ciudad. En esa línea, los representantes municipales destacaron que continuarán rindiendo cuentas a la ciudadanía, y que este acuerdo permite ahondar en el camino de la recuperación de la seguridad jurídica tan necesaria para los inversores.

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