Miguel Cabrera Pérez-Camacho. Abogado
"No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo" Voltaire
{mosimage}Existen eventos en la vida política que se constituyen en parámetros formidables para constatar si realmente se han producido cambios en los talantes, en las formas de entender los intereses generales, en la manera de ejercitar las potestades públicas.
Siempre he defendido que la persecución hacia Radio San Borondón y, en consecuencia, contra el Centro de la Cultura Popular Canaria -tan relevante en la difusión de nuestro acervo isleño- es uno de los episodios más grotescos y calamitosos de la Historia de nuestros gobiernos autónomos.
Algo turbio se veía venir desde la legislatura 2007 a 2011, lo que se confirmó con la adjudicación de licencias a los amigos del poder con una generosidad propia de sinvergüenzas, pero lo que nunca pude imaginar es que en esta concluida legislatura, la de 2011 a 2015, la perversidad y el mal uso de las potestades públicas llegarían al extremo de intentar asfixiar económicamente, mediante la imposición de sanciones jurídicamente impresentables y políticamente deleznables, a Radio San Borondón, por considerarla una emisora "hostil" hacia el Gobierno de Coalición Canaria y el PSC, presidido por Paulino Rivero.
Radio San Borondón y César Rodríguez Placeres son como son. A unos les puede gustar lo que dicen y a otros no.
Reconozco que a mí me han dolido en más de una ocasión los calificativos empleados respecto al PP y las generalizaciones descalificadoras utilizadas hacia todas aquellas formaciones políticas que no comulguen con las ideas de César, quien seguramente adelanta por la izquierda al mismísimo Lenin.
Pero ¿quién puede negar que dicha emisora es un soplo de libertad?
¿Quién puede negar que es la democracia misma la que se engrandece con la libertad de expresión y, por el contrario, se emponzoña ante su ausencia?
¿Quién puede negar que Radio San Borondón tiene una audiencia relevante y que para mucha gente es un referente que debe ser respetado?
El Estado de Derecho provee de mecanismos para la defensa del honor y la imagen a quien pueda sentirse innecesariamente injuriado por una emisora o un locutor determinado.
Pero lo que nunca puede consentirse es que la Administración use las potestades públicas para aplastar a quien le critica, a quien no le es dócil, en definitiva, a Radio San Borondón.
Durante los últimos meses de esta pasada legislatura los Grupos Parlamentarios de la oposición -PP, Nueva Canarias y Mixto- intentamos que el Gobierno de Rivero corrigiera el atropello, pero no fue posible, porque el Partido Socialista y Coalición Canaria hicieron causa común y el Gobierno siguió adelante con la sanción de más de 100.000 euros.
No es fácil entender cómo los funcionarios que han llevado estos expedientes se han prestado al chanchullo. Supongo que por falta de los atributos y arrestos necesarios en los servidores públicos o, simplemente, por dorar la píldora a los superiores. Supongo que algún día conoceremos esos pormenores.
Lo que sí sería digno y democráticamente imprescindible es que Fernando Clavijo se separe de la senda persecutoria marcada por su predecesor y se valga, urgentemente, del procedimiento de la revisión de oficio para acabar cuanto antes con esta ignominia que emana antijuricidad por los cuatro costados.
Si así lo hiciera merecerá el aplauso.
Si no, tendremos la evidencia de que el cambio al "buen rollito" se quedará en un burdo maquillaje.