Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife
{mosimage}Por la gratuidad del transporte público para personas de escasos recursos
Hace algo más de un año, La Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife inició una acción encaminada a conseguir que el transporte público de nuestra Isla fuera gratuito para todas las personas cuyos ingresos estuvieran por debajo del salario mínimo interprofesional. Hoy las condiciones de vida de nuestra gente no han mejorado.
La tasa de paro sigue por encima del 31% de la población activa, la de los jóvenes ronda el 59%, el número de desempleados/as que no cobra ninguna ayuda ha aumentado y el nivel de ingresos en los hogares canarios sigue reduciéndose, un 17% en los últimos seis años. Según datos del Instituto Canario de Estadística, este descenso en los ingresos ha provocado que casi medio millón de personas vivan por debajo del umbral de la pobreza en las Islas, siendo Tenerife la que lidera esta vergonzante estadística con 214.128 personas, un 25% de su población o, lo que es lo mismo, una persona de cada cuatro.
Por todo ello, hoy igual que hace un año, seguimos basando nuestra demanda en el innegable hecho de que en el contexto de grave crisis económica en el que nos encontramos, el transporte público adquiere categoría de interés general. Desde un principio, la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas inició una campaña de recogida de firmas entre la población, que hemos ido presentando en varias tandas en el Registro de Entrada del Cabildo. Hasta el momento, el número de firmas recogidas supera las 7.000. Nos hemos entrevistado con la vicepresidenta segunda y consejera de Acción Social de la Corporación, Doña Cristina Valido, y con el director insular de Movilidad, Don Manuel Ortega. El resultado de la entrevista no por esperado fue menos desolador. Además de no conocer siquiera que habíamos entregado miles de firmas de apoyo a nuestra petición, acabaron comunicándonos, después de alguna estéril reunión más, que no había ninguna posibilidad de que prosperara, porque la crisis y los recortes de presupuesto lo hacían imposible. Se limitaron a remitirnos a las bonificaciones a determinados colectivos ya previstas tanto por Metropolitano de Tenerife (tranvía) como por la empresa TITSA (guaguas). Recientemente, y como preámbulo de la próxima campaña electoral, se ha implementado desde el Cabildo una inusitada campaña de bonos que, zonificando la isla y con la utilización de sofisticados artefactos de telefonía móvil, anuncia que se rebajará el precio de los billetes. Sin embargo, dudamos de que la gran mayoría de las personas con bajos recursos se puedan beneficiar de los supuestos efectos beneficiosos de esta tardía medida por el desembolso previo que se debe hacer y por su escasa familiaridad con la tecnología que se requiere.
Sr. Alonso, nos dirigimos ahora a usted como presidente del Cabildo de todos los tinerfeños y tinerfeñas con la misma intención que hace un año. Creemos que nuestra petición de transporte gratuito para personas con escasos recursos económicos no sólo es posible sino completamente necesaria, además de sostenible económicamente. Lo único que se precisa es la voluntad política para hacerlo y que, de una vez por todas, la institución que usted preside gobierne para las personas y no en beneficio de intereses ajenos al bienestar de la ciudadanía. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que haya dinero para el Anillo Insular, para una nueva línea de tranvía hasta Las Teresitas o para cubrir los déficits de las empresas del Cabildo, y no para que las tinerfeñas y tinerfeños sin recursos puedan desplazarse gratuitamente a buscar trabajo, realizar gestiones administrativas o acudir a los hospitales y a los centros de estudio? ¿Cómo es posible que se diga a la gente que no hay dinero para financiar esta justa reivindicación, mientras se anuncia con gran despliegue mediático que el Cabildo está dispuesto a gastar 4.000 millones de euros en los innecesarios y antiecológicos trenes del Sur y del Norte? Esperamos que no nos diga, señor presidente, que con esas obras se van a crear miles de empleos. Ese fue uno de los argumentos de su partido para iniciar, contra la opinión de gran parte de la población, el innecesario puerto industrial de Granadilla; pero la realidad es otra muy distinta y la conoce todo el mundo: Una inversión de 120 millones de euros para crear apenas 75 puestos de trabajo.
Creemos además que desde el Cabildo no se ha hecho ningún cálculo real sobre lo que podría costar a las arcas públicas la puesta en práctica de nuestra propuesta. A nuestro juicio, el único gasto sería el ocasionado por la interrupción de ingresos provenientes de las gentes sin recursos que en estos momentos utilizan el transporte público asiduamente. El hecho de que a partir de ahora se incorporen más personas al uso de dicho transporte tampoco sería ningún problema, puesto que la gran mayoría de guaguas nunca van llenas. Por lo tanto, no habría necesidad de inversión alguna ya que no se necesitaría ni más guaguas o tranvías ni nuevas líneas.
Ejemplos de transporte público gratuito para personas con escasos recursos hay muchos en España, pero destacamos por su cercanía el que lleva a cabo el Cabildo de La Palma que, aunque a una escala diferente, es un proyecto similar al que estamos demandando en Tenerife.
Le anunciamos, Sr. Alonso, que no vamos a parar hasta conseguir este objetivo, convencidos como estamos de la justicia de nuestra demanda. El sistema público de transporte de viajeros en Tenerife fue una conquista social obtenida en la Transición por las clases populares y trabajadoras. Defenderlo es una responsabilidad colectiva. Por ello, no nos resignamos a que el Cabildo convierta los problemas de movilidad en toda la Isla a una posibilidad de negocio, otra vez, de los constructores e importadores de coches al centrar su solución solamente en la construcción de más y más carreteras, enlaces y rotondas, mientras se abandonan o desprecian alternativas que, como la nuestra, van encaminadas no sólo a la solución de un grave problema social, el acceso de la ciudadanía a los medios de transporte, sino a potenciar el uso del transporte público y, por lo tanto, a contribuir a una solución al sistema de movilidad desde una perspectiva de sostenibilidad medioambiental.