Marrero se muestra satisfecho por la sentencia
{mosimage}SB-Noticias.– El pasado lunes el Juzgado Nº3 del Puerto de la Cruz condenó al conocido presentador y propietario de la televisión local Mi Norte TV, con sede en el Puerto de la Cruz, José López Peraza, conocido como Pepe López, por amenazas, vejaciones e intento de agresión al portavoz del Comité Local de Sí se puede en Los Realejos, Damián Marrero.
El portavoz de Sí se puede en Los Realejos, se muestra satisfecho por esta sentencia, ya que “es una demostración de que la justicia no protege actitudes antidemocráticas, de desprecio a las personas e incluso violentas, que han caracterizado la actuación de Pepe López desde hace mucho tiempo”. Considera igualmente que este fallo judicial, supone también “una llamada de atención a todos los que le financian y amparan, sobre todo a cargos públicos de diferentes instituciones de Tenerife que tienen en Mi Norte TV, su instrumento de comunicación y por lo tanto asocian su imagen con la de Pepe López”.
La sentencia condena al presentador a 18 días de multa y al abono de las costas del juicio.
La acción tendrá lugar el domingo 23 de noviembre a las 10:00, quedando en la zona del muelle de Las Galletas (Arona)
Por cuarta vez el Comité Local de Sí se puede en Arona celebrará una acción ecológica y social en el municipio sureño, esta vez centrada en la recuperación de las graveras de Las Galletas.
Recuerdan que entre los valores ambientales del municipio de Arona se encuentran las charcas o pequeñas lagunas (graveras) ubicadas en la carretera que une los núcleos de El Fraile y Las Galletas. Se trata de un mini-complejo de marismas o lagunas salobres donde hallamos algunas aves migratorias, como limícolas (archibebes, andarríos, correlimos, chorlitejos, vuelvepiedras, etc.), garzas y garcetas, etc. Este biotopo presenta buenas condiciones alimenticias y de refugio para estas aves, que se nutren para recuperar energías en sus migraciones anuales, aunque algunas de ellas pasan el invierno en la zona. Presenta este espacio protección costera y ambiental, lo que supone a priori una garantía para su conservación futura. Sin embargo, sus condiciones actuales son de total abandono, deterioro y desprotección, ya que el enclave no ha sido objeto de ningún tipo de actuación para su preservación por parte de las administraciones públicas, y desde los años 90 del pasado siglo ha sufrido una reducción en su superficie y un deterioro creciente.
En este sentido, desde la formación ecologista y de izquierdas y con el apoyo de expertos, se tratará de paliar la enorme contaminación de origen antrópico de este biotopo mediante actividades puntuales de limpieza y educación ambiental. Explican que el Comité Local contempla entre sus proyectos “no solo mejorar y acondicionar este espacio de valor ambiental, sino que entre en la ordenación integral de la playa de Las Galletas y su desdoble marítimo-terrestre”. Creen que la intervención en esta zona debe contemplar la salida del tráfico rodado hacía la vía que conecta El Fraile con La Estrella, abriendo un espacio peatonal y de carril-bici para los usuarios de la playa, con posibilidad de acceso (de una manera sostenible y ordenada) a determinadas áreas con valor patrimonial.
En paralelo defienden abrir un proceso participativo de debate continuo con el vecindario de Las Galletas o con las personas y expertos capaces de mejorar el destino turístico con nuevos recursos para el disfrute de la comunidad, dando prioridad siempre a la adecuada conservación de aquellos recursos a potenciar.
El edil acusa a los concejales del Gobierno local de comportarse como consejeros del Cabildo al rechazar la tasa por uso de dominio público
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, insistió hoy, como ya hizo en la Comisión de Control del pasado jueves, en que el Consistorio sí puede cobrarle a la empresa Metropolitano de Tenerife una tasa por el uso privativo que hace del dominio público municipal al ocupar las vías públicas para el paso del tranvía y para las estaciones.
En todo caso, y para que quede claro si el punto de vista correcto es el de Sí se puede o el que sostiene el grupo de gobierno –que niega este derecho–, el edil ecosocialista presentó ayer por escrito una solicitud al concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, en la que le pide que encargue al Tribunal Económico Administrativo Municipal la elaboración de un estudio sobre si Metropolitano se encuentra sujeta a la citada tasa por emplear terrenos de uso público con finalidad lucrativa.
El concejal recordó que los ingresos que no se están recibiendo por este trato de favor del Ayuntamiento al Cabildo son millonarios; concretamente, se han dejado de cobrar 7,2 millones desde que comenzaron las obras del tranvía hasta 2010, según un informe de ese año elaborado por el propio Ayuntamiento, que en ese entonces –y bajo la batuta del PP en la Delegación de Hacienda– ya la reclamaba esa tasa al Cabildo. Ese dinero ya está perdido, pues solo se pueden reclamar los importes correspondientes a los últimos cuatro años. Estos, aun así, siguen siendo millonarios.
Ahora, y con Coalición Canaria de nuevo al frente de las cuentas locales, “el comportamiento de la Corporación en este asunto vuelve a ser el que de manera reiterada muestran los concejales de ese partido en sus relaciones con el Cabildo, pues muestran una actitud que los asemeja más a consejeros insulares que a ediles que defienden los intereses de este municipio”, afirmó Arcila.
En el escrito presentado ayer, Arcila expresa su rechazo a los argumentos esgrimidos por Bernabé el jueves para rechazar el cobro de esta tasa, tal y como le exigía Sí se puede. Estos argumentos, que el propio Bernabé calificó de “galimatías”, se basaban en una resolución del coordinador general de Economía, Personal y Gestión sobre la que Arcila concluye que “el razonamiento jurídico central, fundamentalmente cuando se acude a la aplicación analógica para justificar, en última instancia, un beneficio fiscal, debe ser seriamente cuestionado”.
Ese razonamiento “supone una evidente infracción del artículo 14 de la Ley General Tributaria, además de una vulneración de la reserva de ley en materia tributaria y un claro incumplimiento del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, al establecer un beneficio fiscal atípico y dispar, en función de posibles intereses espurios o completamente ajenos a los principios que inspiran la ordenación y aplicación del sistema tributario que garantiza que el sostenimiento del gasto público se realice en pie de igualdad”, concluye Arcila en su escrito.