Pese al recurso del gobierno de Rajoy
{mosimage}Las organizaciones sociales y ecologistas contra las prospecciones que se van a realizar en aguas canarias han anunciado hoy miércoles que el próximo 23 de noviembre celebrarán "sí o sí" la consulta que ha convocado el Ejecutivo canario, y lo harán aunque el Gobierno del Estado la recurra ante el Tribunal Constitucional.
Jerónimo Gómez reconoció que la suspensión de la consulta sería un "varapalo muy grande", pero se mostró convencido de que "no le podrán quitar a la sociedad canaria su derecho a opinar sobre este asunto". En el caso de que no se pueda llevar a cabo, insistió en que "se hará de todas maneras, si no es a través del Gobierno de Canarias, a través de los movimientos sociales".
Si bien desconocen cómo será esa hipotética convocatoria, estas organizaciones están celebrando cumbres y reuniones para decidir cómo se van a organizar, aunque todavía confían en que "la justicia prevalezca y no sea el voto político del PP el que tumbe abajo la consulta", aseveró Gómez.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, eludió pronunciarse sobre la propuesta de los movimientos sociales, en tanto en cuanto desconoce en qué términos se va a plantear. En cualquier caso, insistió en que el Gobierno de Canarias ha llevado a cabo un proceso "absolutamente legal" y se mostró convencido de que contará con el refrendo legal "suficiente" para que los ciudadanos se puedan pronunciar el próximo 23 de noviembre.
"Por tanto, en este momento no concebimos ninguna medida alternativa y lo que queremos es que participe toda la ciudadanía canaria en un asunto que es absolutamente relevante para Canarias, por lo que el Gobierno sólo tiene un plan, que es celebrar la consulta", declaró.
A este respecto, anunció que el próximo lunes se publicará el segundo decreto que regula la consulta, donde se van a especificar los lugares o puntos de recogida de opinión y en qué términos se celebrará un proceso que, dijo, es "participativo, democrático y legal".