Dice que la propuesta de reforma electoral para elección de alcaldes "es absolutamente razonable"
{mosimage}El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este jueves que una consulta "ilegal" sobre las prospecciones en Canarias "no se va a hacer". "En España no se pueden hacer consultas ilegales, ni en Canarias ni en ninguna otra parte de España.
Soria incidió en que la consulta "no se va a autorizar", si bien añadió que si se plantea dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma el Gobierno central tendrá que estudiarla aunque ha insistido en que "una como la que ha planteado el Gobierno regional es inadmisible, por tanto, no se va a autorizar".
De esta forma, el ministro se ha pronunciado después de que el 13 de agosto se publicara la resolución de su departamento en la que se autorizaba a Repsol para llevar a cabo los sondeos exploratorios en aguas cercanas a Canarias, a "no menos de 50 kilómetros" de las costas del archipiélago.
Esta cuestión ha desencadenado una serie de respuestas por parte del Gobierno regional, así como de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura que han advertido una ruptura de relaciones con el Gobierno central, así como han solicitado a accionistas de la petrolera a reflexionar o este miércoles el presidente canario, Paulino Rivero, anunciaba que el Ejecutivo autonómico iba a acelerar el proceso para desarrollar la normativa regional sobre Participación Ciudadana para realizar una consulta al respecto.
Ante todo ello, Soria ha defendido que el proceso seguido hasta autorizar los sondeos exploratorios ha sido "sólido, riguroso", así como afirmó está "avalado" por los tribunales, en relación con sus pronunciamientos al respecto. "No hay ninguna duda de que la transparencia que se ha seguido es la que se debía de seguir", apuntilló.
Asimismo, ha insistido en la garantía de la declaración medioambiental realizada al respecto, ya que apuntó está elaborado por técnicos "muy cualificados" y, en este sentido, ha desmentido "rotundamente" que se haya dado "ninguna instrucción" para que la citada declaración fuera en uno u otro sentido porque, aseguró, el Gobierno central "es muy respetuoso con la responsabilidad" de los funcionarios.
Al respecto, ha incidido en que la normativa que existe en España sobre las prospecciones es de las "más garantistas" del mundo exigiendo además informe de evaluación de riesgos, matizando que en el caso de Canarias la "probabilidad de que de acuerdo a esta declaración haya una incidencia es remota o nula". "No existe el más mínimo riesgo medioambiental porque de haber existido esa declaración no habría sido favorable", subrayó de forma rotunda.
En este sentido, y sobre las críticas de que hay una doble vara de medir respecto a Baleares, lo negó y puntualizó que en Canarias de haber habido el "mínimo riesgo" la declaración habría sido "nula".
Asimismo, en relación a Baleares, el ministro matizó que la declaración de impacto medioambiental "ni siquiera ha sido solicitada" por el operador que, recordó, tiene la autorización desde 2010, cuando gobernaba el PSOE en España.
De todos modos, apuntó que dicha declaración es necesaria para llevar a cabo los sondeos exploratorios, si bien afirmó que de solicitarla ahora el operador, se tardaría "entre 12 y 18 meses".
En relación con el archipiélago balear también quiso subrayar que mientras el PP de Baleares "siempre ha mantenido la misma posición" en contra de los sondeos, el PP de Canarias "siempre ha mantenido la misma" en favor de los mismos en su territorio.
Por otro lado, Soria reiteró que España es un país con dependencia energética que hace un gasto anual de "40.000 millones de euros en importación de hidrocarburos", lo que produce un "saldo comercial negativo de España con el resto del mundo, por tanto, necesidad de financiación", de ahí que consideró que es "una necesidad de primer orden" conocer si existe o no hidrocarburo.
En colación con ello, el ministro quiso poner en evidencia la actuación de Paulino Rivero (CC) y José Miguel Pérez (PSOE), presidente y vicepresidente del Gobierno canario respectivamente, respecto a su oposición al petróleo, citando una frase del primero en enero de 2002, y cogiéndola prestada: "No hay ningún país en el mundo, de ninguna condición, que teniendo posibilidad de encontrar petróleo, no lo busque con las debidas garantías".
Asimismo, se refirió a unas declaraciones de Pérez en las que el ahora secretario general de los socialistas canarios defendía hacer las prospecciones y, a modo de ejemplo, Soria citó unas declaraciones de Pérez en 2011 en las que decía que "el único territorio en España que en los últimos años ha desaprovechado la oportunidad de marcar diferencias con opciones serias y sólidas para marcar un área de frontera y cooperación con un continente y un país, y para tener bastante autonomía económica, me refiero a lo que ocurrió con el tema de las prospecciones y se desperdició".
Por todo ello, ha acusado al Gobierno canario de llevar a cabo un debate "manipulado", asegurando que Rivero defiende las prospecciones, si bien le ha reconocido, dijo Soria, tanto a él como al presidente de Repsol, Antonio Brufao, que ha tomado la posición en contra a los sondeos por un "problema interno de su partido en Lanzarote y Fuerteventura".
Soria ha pedido al Gobierno canario "sensatez, responsabiliad y sentido común" ante las cuestiones planteadas tras conocer la resolución porque el Ejecutivo central y el PP "rechazan cualquier tipo de tono amenazante".
En este sentido, criticó las declaraciones vertidas por el Gobierno regional y representantes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura respecto a los accionistas de Repsol en las que se pedía que reflexionaran, lo que indicó "roza el delito sino entra directamente en el delito. No se puede amenazar a ninguna empresa".
Soria aprovechó para recordar que sólo la fase de sondeos exploratorios conllevará una inversión en Canarias de 350 millones de dólares, unido a todo lo derivado.
En este sentido, defendió que de encontrarse petróleo, la actividad económica de las prospecciones supondría entre un 12 y 13 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para Canarias, por lo que aseguró que estaría generando una actividad económica anual "a la que el sector de la construcción" tenía antes de la crisis.
Asimismo, reiteró que existe un compromiso por parte del Gobierno central de que, de haber hidrocarburos, se crearía un tributo, que en países como Italia está fijado en un 8 por ciento, lo que supondría entre 300 y 400 millones de euros al año.
Finalmente, afirmó que las decisiones en el Gobierno central son "colegiadas", de ahí que descartó que el presidente nacional, Mariano Rajoy, vaya a dar marcha atrás en este proyecto aunque no dudó de que el encuentro con Rivero se produzca porque son reuniones que "entran dentro de lo normal".
El ministro de Industria, Energía y Turismo, ha señalado en relación a la reforma electoral para primar la elección como alcalde del candidato más votado que es una propuesta "absolutamente razonable".
"Lo normal es que en unas elecciones gobierno quien más voto tenga, lo que no es normal es lo que ha ocurrido en Canarias, que gobierne quien menos voto tenga", apuntilló en rueda de prensa respecto a esta reforma.
De todos modos, matizó que se trata de una reforma para el ámbito municipal aunque él, dijo, "iría mucho más allá" porque consideró que lo "razonable es que gobernara siempre quien más voto tiene" como ocurre en Canarias con los cabildos.