Ana Mendoza. Presidenta de la Asociación “Viera y Clavijo”
{mosimage}Desolador panorama socio-económico de la población maltratada por un sistema mediocre e inoperante, que obliga a la acción solidaria para evidenciar que la sociedad civil es la única capaz de resolver sus propios problemas. Esta prédica habla de las iniciativas populares con fines humanitarios. Penurias colectivas requieren la acción cívica para contrarrestar la ineficacia de organismos cuya asignación presupuestaria, en más del 90%, se aplica a pagar la propia plantilla sobresaturada de cargos superfluos.
Plataformas, asociaciones, ONGs, bancos de alimentos, telemaratones… todos entregados a una misma causa solidaria.
El papel mediático es determinante por cuanto el periodismo representa la parte activa de un consolidado entramado que ha surgido, por generación espontánea, como mecanismo de supervivencia social.
Es bueno que la sociedad civil asuma su vocación solidaria para suplir carencias administrativas. Pero… no todo es tan simple, porque el uso de razón, no la visceralidad ni los sentimientos, nos induce la evidencia de que los malos no lo son tanto, ni los buenos son todos santos de peana incluida.
Quienes intentamos gestionar con equidad los casos colectivos de necesidades humanitarias, e influimos en las autoridades para recabar medios eficaces que soluciones problemas urgentes, nos encontramos eventualmente con casos esporádicos pero muy dañinos, de personas que plantean situaciones ficticias o, cuanto menos, exagerando su testimonio para aparentar una urgencia que les permita saltarse las lamentables listas de espera impuestas por la burocracia administrativa.
Son una exigua minoría en relación con la multitud de casos reales de necesidad extrema, pero se significan en sus reivindicaciones porque consiguen sorprender la buena fe de quienes dirigen, o dirigimos, plataformas sociales, y logran un apoyo muy eficaz de los medios de comunicación, mediante declaraciones y entrevistas donde la solicitud de ayuda se convierte en exigencia de derechos que obligan a los políticos responsables, debidamente presionados por los apoyos conseguidos (y para no salir en una foto movida), a tomar medidas de urgencia, saltándose normativa burocrática, listas de espera, e ignorando a las decenas de miles de casos que esperan turno para ser atendidos en prestaciones: PCI, PEA… ayudas, subvenciones o acceso a viviendas sociales, con años y años de retraso, cuando de un plumazo asisten desolados a la solución para quien ha sabido montar el número en plan película y conseguir, en flagrante injusticia, ver resuelto su problema que, para colmo, y con abusiva explotación del éxito, rodean la solución obtenida con exigencias añadidas para completar una operación que les ha salido redonda, apoyada en la ingenuidad de algunos medios.
Quienes hemos sufrido en primera persona algún engaño descubierto a posteriori, por fortuna muy esporádicamente pero bastante pernicioso, nos vemos en la obligación de compartir con los dirigentes de estas plataformas humanitarias, los medios de comunicación y con los propios responsables políticos, la necesidad de “contrastar” la información que se recibe, y comprobar la veracidad del testimonio que nos llega en demanda de alguna actuación puntual y solicitud de ayuda, que no puede ser a costa y en perjuicio de la gran mayoría de damnificados en espera de soluciones que no les llegan.
Si los mal llamados Servicios Sociales actuasen de acuerdo con la eficacia para la que fueron creados, con exagerada abundancia de personal y sustanciosos emolumentos, serían innecesarias intervenciones como la presente, al tiempo que se erradicaría la picaresca popular por hacerla carecer de sentido.