Argentina en el imperio de los buitres

Juan Torres López. Público

{mosimage}Lo que está oyendo y leyendo la mayoría de la gente en los medios de comunicación en los últimos días es que Argentina ha dejado de pagar a sus acreedores y que eso es consecuencia de la mala gestión de un gobierno que se ha apartado de lo que debe hacerse para gestionar bien los asuntos económicos. Una versión que, como suele ocurrir, se aparta bastante de la realidad.

Argentina es un país que ha sido saqueado varias veces en los últimos decenios. Primero, por sus propia oligarquía, bien directamente o a través de gobiernos de militares fascistas o de civiles que no solo expoliaron a su pueblo en beneficio de muy pocas personas y empresas, sino que mataron o encarcelaron a miles de personas para conseguirlo. También, por grandes empresas y bancos internacionales (entre las que los españoles ocupan un lugar de honor) que se apropiaron a precio de saldo de los principales activos de la economía argentina. Y, últimamente, por los grandes fondos financieros y de inversión internacionales.

Los dos principales medios que se han utilizado para ese saqueo (además, como he dicho, de la represión política y del asesinato) han sido las privatizaciones y la deuda. Mediante las primeras, los gobiernos corruptos neoliberales vendieron empresas y propiedades argentinas a grupos económicos extranjeros que se hicieron a precio de saldo con la mejor parte de la economía de aquel país (ver como un simple ejemplo: Cómo España vació Aerolíneas Argentinas). La estrategia de la deuda fue puesta en marcha por la dictadura militar al servicio de los grandes bancos internacionales y más adelante se ha ido retroalimentando a base de intereses leoninos y de la gestión ruinosa de los gobiernos neoliberales.

Para complacer a la banca internacional, la dictadura militar argentina endeudó al país en unos 45.000 millones de dólares, y a pesar de que se lleva treinta años pagando principal y deuda y de que ha habido varias quitas y reestructuraciones, ahora la deuda es seis veces mayor que cuando empezó la espiral. Algo lógico porque el interés compuesto que se aplica a los préstamos está concebido justamente para eso: para que la deuda no solo no desaparezca, sino para que crezca indefinidamente, sobre todo, si al mismo tiempo se deja a los deudores sin fuentes propias de ingresos para hacer frente con normalidad a los pagos.

El origen del problema actual

En 2001 se produjo la última gran caída de la economía argentina que llevó a la pobreza al casi el 40% de la población. En esa situación un gobierno interino declaró la suspensión de pagos, lo que permitió que entre 2002 y 2004 la economía se recuperase, creciendo un 9% anual. Cuando la situación quedó algo más estabilizada, en 2005, el nuevo presidente Kirchner propuso una reestructuración de esa deuda dejada de pagar (lo que significaba seguir pagándola, aunque en condiciones diferentes) que fue aceptada por el 76% de los acreedores. Y más adelante, en 2010, la nueva presidenta Cristina Kirchner volvió a proponer otra reestructuración que ya alcanzó al 91%. Eso significaba que solo quedaban por reestructurar unos 3.600 millones de dólares.

Se puede afirmar que esas operaciones de 2005 y 2010 fueron exitosas, aunque no exentas de críticas al aceptar que una deuda inicialmente ilegítima siguiera siendo asumida por el pueblo argentino. Al menos, permitieron que la economía se recuperase y que los acreedores siguiesen cobrando.

Los fondos buitre

El 9% restante de la deuda es la que habían adquirido los llamamos “fondos buitre”, es decir, inversores que expresamente compran deuda en riesgo de suspensión de pagos (con tipos de interés muy altos pero con gran posibilidad de impago) para hacer negocio logrando por vía judicial que se pague al 100%.

Para lograrlo, los buitres no aceptan nunca ningún tipo de reestructuración y pleitean en países favorables —normalmente Estados Unidos o Inglaterra— para reclamar cantidades multimillonarias por los títulos que poseen. Para ganar solo necesitan que el país se vea forzado a la reestructuración (y para ello hacen todo lo posible para que la economía en donde han comprado títulos se hunda) y que un juez les dé la razón, como últimamente ocurrió en Estados Unidos con la deuda propiedad de Paul Singer, el propietario de un fondo buitre de menos de 300 empleados que ahora pone en jaque a un país con más de 40 millones de habitantes.

La connivencia de los estados y las instituciones internacionales

La influencia de estos fondos buitre sobre la deuda de los estados, y por tanto sobre la estabilidad de sus economías, fue deliberada y precisamente con el fin de debilitar a los gobiernos ante los poderes financieros privados. Comenzó cuando en los planes de los años 80 del siglo pasado dirigidos a “salvar” a las economías periféricas previamente endeudadas, se permitió que lo que hasta entonces hacía ese tipo de fondos de inversión con la deuda privada se hiciera también con la deuda soberana. Y, sobre todo, cuando el llamado Plan Brady permitió que los títulos públicos pudieran ser canjeados en mercados bursátiles, lo que multiplicó el número de prestamistas y dificultaba enormemente la negociación de los gobiernos con sus acreedores, pues muchos de ellos se ocultaban en el anonimato, justamente, para poder actuar más tarde como auténticos buitres.

Paralelamente, los organismos internacionales que patrocinaban y diseñaban todos estos planes obligaban a que los estados incorporasen cláusulas de renuncia a su propia jurisdicción y aceptaran la de tribunales extranjeros.

Lo que ha ocurrido ahora

El problema al que actualmente se enfrenta Argentina es que se ha hecho firme una sentencia de un juez de Nueva York que en febrero de 2012 dio la razón, como siempre pasa en algún lugar u otro, al fondo buitre de Paul Singer y que obliga a pagarle en su totalidad los títulos que se dejaron de abonar en 2001.

Como en ocasiones anteriores, Argentina había hecho frente al pago correspondiente a las condiciones establecidas en la reestructuración mencionada depositando para ello 539 millones de dólares en un banco estadounidense. Pero con esta sentencia, el citado juez bloqueó el pago al establecer que también debe pagarle el 100% y con anterioridad a quienes, como acabo de decir, no aceptaron la medida, a los fondos buitre. Es decir, para satisfacer a algo menos del 1% el juez impide que se siga pagando al 99% restante de los acreedores.

Al bloquear ese pago es cuando se produce la paradoja: hay una suspensión de pagos (como inmediatamente afirma la agencia de calificación Standard & Poor’s para complicar las cosas favoreciendo a los acreedores y disparando las operaciones especulativas) porque los 539 millones de dólares no llegan a los acreedores, pero Argentina sí ha pagado, puesto que ha depositado el dinero con la intención de pagar.

Y lo malo es que el problema creado por esa sentencia no termina aquí: cuando se realizó la reestructuración, los acreedores que la aceptaron lo hicieron a condición de que si algún otro recibía en algún momento condiciones especiales (como ahora ocurre con el fondo buitre) el Estado argentino tendría que resarcirlos. Lo que significa que las indemnizaciones pueden multiplicarse y provocar entonces un problema insoluble para ese país (un llamado “efecto aceleración” de la deuda).

La otra paradoja es que ahora Argentina está de nuevo de rodillas antes los grandes grupos financieros a pesar de que ha cumplido regularmente con sus obligaciones, de que ha manifestado que tiene voluntad de pagar incluso la deuda que aún tiene en suspensión de pagos desde hace años, a pesar de que los acuerdos se consideraron favorables para la inmensa mayoría de los acreedores y a pesar de que ha aceptado todas las resoluciones judiciales. Le ha pasado lo que decía Rose Park que le ocurrió a la comunidad negra de Estados Unidos: “cuanto más obedecimos, peor nos trataron”.

Las conclusiones de esta historia tan rápidamente expuesta son claras: al no haber tribunales internacionales especializados y realmente independientes, los pueblos están al albur de quienes pueden influir en cualquier juez del juzgado más inhóspito. Las operaciones puramente especulativas y los financieros que deberían de ser un crimen económico contra la humanidad gozan de plena libertad mientras que los gobiernos representativos han de actuar con las manos atadas. El negocio de la deuda se nos impone a todos y por encima de cualquier otra lógica social o necesidad humana.

Es el imperio de los buitres sobre el mundo y Argentina volverá a pagarlo si el mundo no reacciona.