Apoyo a la campaña “Por el derecho a la vivienda en La Laguna” de la Plataforma por la Dignidad

Casas sin gente y gente sin casa, mientras algunos de nuestros gobernantes viven despreocupados e ignorando concienzudamente lo que pasa. Cuando las plataformas sociales llevan años denunciando desahucios ilegales derivados de la estafa hipotecaria o de alquileres, sin realojo por parte de las instituciones que deben tutelar sus derechos, fruto de la insolvencia económica que el paro ha generado en la economía familiar. Cuando la alarma social se ha disparado al aumentar exponencialmente la miseria y el sinhogarismo en un plazo muy breve de tiempo y, mientras la pobreza infantil y energética aumentan a pasos agigantados en todos los municipios de las islas, hay quien sigue permitiéndose especular con un bien de primera necesidad como es la vivienda, quien sigue obviando la realidad social que nos asola e ignorando que el acaparamiento de ese bien es un delito. Y aunque nuestra justicia lo esté obviando, el derecho constitucional que lo ampara está muy por encima de las leyes ilegales dictadas por nuestros gobernantes interesados, así como lo están los Derechos Fundamentales de las personas, y todo ello supone una violación flagrante de los Derechos Humanos.

Desde Ganemos Tenerife apoyaremos y promoveremos, todas las iniciativas que sean necesarias para denunciar estas violaciones de derechos, estudiaremos vías que nos permitan emprender acciones jurídicas y nos sumaremos a todas aquellas en las que se nos invite a participar, siempre y cuando esas reivindicaciones vayan en la línea de los principios básicos de Ganemos, así como invitamos a sumarse a otros colectivos y ciudadanía en general a cualquier propuesta abierta que hagamos pública.

Es inadmisible que tras años de crisis-estafa y denuncia pública, aún tengamos que soportar,  no sólo la falta de respuesta institucional a las necesidades básicas, sino políticas como las que el Ayuntamiento de La Laguna se permite ejercer en materia de viviendas o servicios sociales, destacadas por su mala gestión y su negativa de auxilio, sobre todo en casos como los que han vivido  familias sin recursos, desahuciadas o desalojadas de viviendas sociales, expulsadas violentamente, a través del uso inadecuado de las fuerzas policiales y obligadas a quedarse en la calle sin alternativa habitacional.

Por estas razones entendemos que mantener viviendas públicas vacías, patrimonio público, cuando son necesarias para paliar las secuelas que los desahucios están dejando en nuestra sociedad, no solo es inmoral, sino ilegal. Y advertimos que la justicia está dando la razón al pueblo y será este, quien emprenda acciones en su debido momento, contra aquellos que lo han provocado.