La moción de censura fue “un teatro de poder” y, al final, como siempre paga el pueblo de Güímar
{mosimage}SB-Noticias.– Gloria García, concejala del partido ecosocialista, no se mostró sorprendida por lo ocurrido en el pacto de Gobierno de Güímar. Considera que “cuando se reparte el poder sin ningún fundamento, fuera del interés personal o partidista, no hay unas bases y una estructura sin bases termina por caer" añadiendo que, "la moción de censura tuvo como principal soporte, el reparto de sueldos, el quítate tú para ponerme yo en la foto, pero ningún programa para el municipio y hoy esta irresponsabilidad, la pagamos todas las personas que vivimos en Güímar".
La formación de izquierda considera que se ha perdido un mandato fundamental para sentar las bases de un futuro más próspero para el municipio, “por culpa de unos partidos sin alturas de miras". García espera que la ciudadanía güimarera tome nota, y “en el próximo mes de mayo, haga pagar a quienes se han reído y se han gastado su dinero en sueldos, el famoso “loft” o se han reído de ellos con proyectos disparatados".
Sí se puede asegura que seguirá haciendo propuestas para un futuro más sostenible y para sentar las bases de un cambio real en el municipio, basándose en la responsabilidad y el compromiso que adquirieron hace casi cuatro años con los vecinos y vecinas de Güímar, “siempre anteponiendo intereses generales y del municipio a réditos políticos o personales”.
Paqui Rivero, portavoz de Sí se puede en Tenerife, ante la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas ha resaltado el importante papel social de estos centros culturales.
Para la organización ecosocialista las bibliotecas públicas son espacios fundamentales para contribuir al avance social y cultural, así como agentes clave en las comunidades donde se insertan porque favorecen un intercambio de información, conocimientos y cultura, así como una igualdad de oportunidades en el acceso a sus servicios.
Rivero indica que en los últimos años se ha vivido una auténtica persecución contras las bibliotecas en el Estado y Canarias traducida en la sensible reducción de las aportaciones económicas destinadas a éstas, los recortes de personal y la obstaculización de su funcionamiento como entidades públicas. Asegura que "en Canarias entre 2008 hasta 2012 el número de bibliotecas en las Islas ha sufrido una disminución, al igual que sus recursos humanos y materiales".
Igualmente considera un auténtico peligro el Real Decreto aprobado por el gobierno del Partido Popular en agosto pasado porque "afectará directamente a todos los municipios con más de 5000 habitantes al obligar a sus bibliotecas a pagar tanto por el número de obras objeto de préstamo con derechos de autor como por cada persona que haya hecho uso del préstamo de obras durante el año correspondiente”.
La portavoz ecosocialista considera que "el Gobierno central, con tal de satisfacer el afán de lucro de las entidades privadas vinculadas a la gestión de derechos de autor, penaliza a las bibliotecas públicas municipales y a la ciudadanía más activa" imponiéndoles el pago de un canon que saldrá de los presupuestos de los ayuntamientos, en definitiva de los impuestos de todas las personas de viven en el municipio.
En Sí se puede reclaman que Canarias se dote de una vez por todas de una legislación en materia de bibliotecas porque es la única comunidad del Estado que no cuenta con un ordenamiento propio pese a que han sido varios los procesos en este sentido que nunca han llegado a buen puerto.
Consideran urgente que se apruebe esta Ley que, contando con todas las partes, desde los usuarios hasta el personal que trabaja en el sector, ordene el sistema bibliotecario canario y dote de mayores y mejores recursos a todas las bibliotecas de las Islas. "Nuestro archipiélago sigue muy por debajo de la media estatal en materiales adquiridos para las bibliotecas por cada 1000 habitantes, además de mantener una de las cifras más bajas de población lectora”, manifiesta.
Desde la organización ecosocialista, celebran especialmente la iniciativa desarrollada durante esta semana en cerca de una veintena de bibliotecas de distintas Islas (en el marco de las III Jornadas Bibliosolidarias promovida por la Plataforma de Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife) para convertirse en “un mar de energías”, mostrando así su solidaridad el patrimonio natural canario y tratando de subrayar la importancia del cuidado del medio ambiente, de nuestro mar, del reciclaje y de las energías renovables para la supervivencia de las Islas.
Según Frías, el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) lleva todo este tiempo en una situación de enorme contradicción con el Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales al incumplir, como mínimo, una de sus seis líneas transversales, la relativa a “información, asesoramiento y orientación en el ámbito jurídico a todas aquellas personas que sean usuarias de los servicios sociales, así como al personal técnico de los diferentes programas que conforman el Servicio de Atención Social”.
En su moción, Frías pide garantizar que el servicio de información, orientación y asesoramiento jurídico continúe siendo público, gratuito y se ubique en los Centros Integrales de Servicios Sociales. La concejala recordó además la gran labor realizada por las tres trabajadoras despedidas, adscritas al Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVD), que era el departamento que asumía todas esas tareas de información, orientación y asesoramientos jurídicos, no solamente en el ámbito penal sino también en el civil, administrativo, social, etc.
Con su ausencia, los servicios sociales se han visto afectados considerablemente por no contar con este perfil profesional imprescindible y, por lo tanto, carecer de la necesaria interdisciplinariedad de los equipos para poder afrontar con garantías muchísimas problemáticas sociales. Pese a ello, el alcalde, José Manuel Bermúdez, no ha cumplido con su palabra de garantizar este servicio del modo que fuera. Esta afirmación la hizo después de rechazar una moción de Sí se puede en el Pleno del pasado mes de febrero en la que la organización proponía una fórmula para mantener el servicio.
La concejala volvió a insistir hoy en que el desmantelamiento del servicio, ocurrido el 2 de abril, “fue un enorme error político y social, además de una medida claramente injusta” y consideró grave que, “en vez de autoenmendarse, el grupo de gobierno continúe persistiendo en su error”.
Entre otras funciones, este recurso se encargaba de la iniciación de procedimientos judiciales y redacción de solicitudes de iniciación de oficio; acceso a Fiscalía, Juzgado de Guardia, Decanato, etcétera; protocolos de actuación en los diferentes procedimientos judiciales; información, asesoramiento y orientación en torno a los informes sociales a aportar a los diferentes procesos judiciales; elaboración de modelos de escritos a presentar en los juzgados; y aclaración de notificaciones judiciales, requerimientos, citaciones etcétera.