El Ministerio Público cree que los responsables municipales entre 1998 y 2005 pudieron incurrir en malversación y prevaricación al dar extras a funcionarios de forma ilegal
{mosimage}Laopinión.- La Fiscalía provincial ha denunciado el caso de los cheques en el juzgado de guardia porque considera que hay indicios de que se cometieron los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación –falta que comete un político o funcionario cuando dicta una resolución a sabiendas de que dicha decisión es injusta–.
la opinión de tenerife ya adelantaba en su edición del pasado 6 de noviembre que el portavoz de Por Tenerife, José Manuel Corrales, y los abogados de la acusación popular del caso Las Teresitas, Felipe Campos y Antonio Espinosa, iban a presentar una denuncia en la Fiscalía porque habían descubierto la existencia de hasta siete talones bancarios, por valor de casi 22.000 euros, extendidos a nombre de los aún funcionarios de la Corporación Víctor Reyes y José Luis Roca Gironés, quienes en aquellos años ocupaban los cargos de secretario e interventor de Urbanismo, respectivamente. Además, en aquella ocasión, José Manuel Corrales Corrales ya apuntaba la posibilidad de que existieran más pagos a otros empleados.
Un día después de que el caso saliera a la luz, el actual equipo de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife –formado por Coalición Canaria y PSOE– encargaba a los servicios jurídicos municipales que averiguaran si las gratificaciones eran o no legales. Además, el equipo de Gobierno elevaba a 50 el número de cheques extendidos a nombre de funcionarios y aseguraba que esta práctica fue habitual en aquella época en Urbanismo, fechas que coinciden con los años en los que Miguel Zerolo estuvo al frente de la Alcaldía de la capital tinerfeña.
Más de dos meses después de que Por Tenerife presentara dicha denuncia, la asesoría jurídica y la Intervención municipal concluían sus informes en los que se le advertían al actual equipo de Gobierno de que el hecho de que los funcionarios hubieran cobrado gratificaciones por esas horas extra podría ser constitutivo de los delitos penales de malversación de fondos y prevaricación, así como de delito disciplinario y contable.
El hecho de que en dichos documentos también se le recomendara al equipo de Gobierno que pusiera este asunto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción motivó que el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, firmara en enero un decreto para que esta información fuera puesta en conocimiento de la Justicia.
A finales de ese mismo mes, la Fiscalía citaba a altos funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz para que aclararan lo ocurrido sobre el cobro de estas gratificaciones extras. Pese a que estos empleados públicos fueron llamados a declarar, la Fiscalía Anticorrupción citó a personas que no habían cobrado esos cheques.
Ahora, la Fiscalía ha emitido un oficio en el que informa de que ha remitido su denuncia a los juzgados de guardia al entender que se pudieron cometer irregularidades por parte de los responsables municipales.
Según ha podido saber la opinión de tenerife, la Fiscalía también ha decidido trasladar a los juzgados la denuncia que interpusieron el pasado año los representantes de Socialistas por Tenerife contra el concejal santacrucero José Manuel Corrales –quien concurrió a las pasadas elecciones del 2011 en coalición con Socialistas por Tenerife, Izquierda Unida y Los Verdes– por las dietas que percibe como vicepresidente de la Comisión de Quejas y Reclamaciones.