{mosimage}SB-Noticias.- El portavoz municipal de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, exigió hoy al alcalde del PP, Juan José Cardona, un plan b para garantizar que la ciudad tenga una biblioteca del Estado. El concejal nacionalista demandó al ministro de Turismo y presidente del PP canario, José Manuel Soria, a Cardona y al diputado canario popular imputado en el caso Europa, Jorge Rodríguez, “responsables” de la sentencia de derribo del Supremo; que influyan ante el Gobierno de Mariano Rajoy para comprometer la financiación necesaria para invertir en la construcción de otras instalaciones “legales”.
En opinión de NC, el pronunciamiento del alto tribunal “no va a ser posible que se revierta, con lo que Las Palmas de Gran Canaria se va a quedar sin biblioteca del Estado”.
Los responsables de esta ilegalidad, según el portavoz nacionalista, son los dirigentes del PP canario José Manuel Soria, Juan José Cardona y Jorge Rodríguez, quienes ostentaban la responsabilidad de la Alcaldía, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, respectivamente. Para Quevedo, la gravedad de los hechos es mayor porque los tres dirigentes conservadores “actuaron de forma ilegal” a pesar de los informes municipales negativos y de las demandas judiciales.
NC considera que la situación es “dramática y bochornosa” para la capital y su causa, continuó su portavoz, “no es otra que la soberbia y el desprecio a la legalidad con la que se conducen algunos dirigentes del PP”.
Quevedo exigió al alcalde un plan b para garantizar que la ciudad tenga una biblioteca del Estado. Soria, Cardona y Rodríguez, según el portavoz de NC, tienen la “oportunidad y responsabilidad” para emplear sus influencias ante Mariano Rajoy, como dirigentes del PP de Canarias y ministro, con el fin de “garantizar” que el Ejecutivo estatal “comprometa” las partidas económicas “necesarias para levantar un biblioteca en el menor plazo de tiempo posible y con todas las garantías”.
El presidente del PP de Canarias y ministro de Industria, Energía y Turismo, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y el diputado en el Parlamento canario tienen que “resolver el daño causado” a los intereses generales “por dos vías, es decir, que la ciudad se quede sin biblioteca o que se tenga de indemnizar los errores” de los tres dirigentes del PP.