La justicia ve inconstitucional la expulsión de los socialistas de Tacoronte, pero no devuelve la alcaldía a Rodolfo León

El TSJC entiende que la privación de la alcaldía a Rodolfo León se hizo en base a una norma que puede ser inconstitucional

{mosimage}{mosimage}Audio de la entrevista

SB-Noticias.– Felipe Campos, abogado del alcalde de Tacoronte, Rodolfo León, y de otros concejales del PSOE, conocía el pasado fin de semana la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que dicho tribunal entiende que la norma mediante la que se expulsó de la alcaldía a Rodolfo León es inconstitucional.

No obstante, el abogado ha manifestado que, a pesar de que esta resolución constituye una buena noticia desde el punto de vista jurídico, no es plenamente satisfactoria ya que no resuelve la situación, y por ello permite que siga ocupando la alcaldía Álvaro Dávila (CC), lo que, según el abogado, además de la presunción de inconstitucionalidad, es un hecho ilógico e irracional, puesto que el Ayuntamiento está siendo gobernado por una minoría, sin que la mayoría, democráticamente elegida,  pueda hacerlo.

Además, explica Campos, se da una situación un poco ilógica desde el punto de vista jurídico puesto que el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad determina que el procedimiento se suspenda en el estado en el que está, por lo que “si la cuestión de inconstitucionalidad la hubiera planteado el juzgado de primera instancia el alcalde seguiría siendo Rodolfo León, pero al ser dictada esta resolución por el tribunal de segunda instancia la alcaldía la mantendrá Álvaro Dávila”

Campos asegura que van a recurrir en los diez días que tienen para ello, para tratar de convencer al TSJ de que la aplicación de la norma es inconstitucional, y lo harán en base a que entienden que solamente se puede plantear una cuestión ante el Tribunal Constitucional en el caso de que la norma no admita en modo alguno una interpretación, pero en este caso Felipe Campos entiende que la norma sí admite una interpretación, y pedirán al TSJ  que resuelva el hecho litigioso,  ya que si no lo hiciera y hubiera que esperar a la resolución que dictase en su día el Tribunal Constitucional podrían pasar dos o tres años, durante los que la justicia no sería efectiva, lo que, a su parecer, es un hecho gravísimo.

Recuerda que situaciones idénticas han tenido soluciones jurídicas distintas: en El Hierro, el PSOE dio marcha atrás; en La Palma los tribunales les permitieron seguir adelante pero en Tacoronte no. La norma y la doctrina del Constitucional, asegura Felipe Campos, era manifiestamente evidente: los partidos políticos no pueden incidir en el núcleo esencial del cual forma parte la moción de censura, la censura está ajena a lo que es un partido político. Por todo ello Campos  entiende que el TSJ debe resolver en su favor para que no solo les de la razón sino que les de justicia.