{mosimage}El Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, elevando el texto al Parlamento de Canarias para su debate durante el próximo curso político, que se inicia en septiembre, con tiempo suficiente para ser aprobada en la presente Legislatura. La norma tiene por objetivo "mejorar la relación entre las instituciones públicas de Canarias y la ciudadanía, estableciendo mecanismos de información que permitan aumentar la participación activa de las personas y colectivos en la gestión pública además de incrementar el control ciudadano sobre la actividad pública".
Durante el periodo de elaboración de este texto articulado, también se ha sometido a negociación con los grupos parlamentarios, con el objetivo de "facilitar ya desde su primera redacción como anteproyecto de ley la posibilidad de que sea aprobada en la Asamblea autonómica por unanimidad de los grupos parlamentarios".
El proyecto de ley está estructurado en cinco títulos, nueve disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y tres disposiciones finales. El texto complementa la normativa básica aprobada por el Estado, ampliando su ámbito objetivo y subjetivo en el territorio autonómico. En sus disposiciones generales, el proyecto de ley describe con claridad quiénes son los sujetos afectados por la norma y cuáles son las obligaciones que deben cumplir en aplicación de los criterios de Transparencia y para facilitar el acceso a la información pública.
El proyecto de ley, en su título segundo, concreta la información de la organización y actividad deben estar a disposición de la ciudadanía que debe ser accesible a la ciudadanía y de qué manera pueden obtenerla las personas y colectivos que estén interesados en ella.
En el título tercero, el texto desarrolla los derechos que asisten a quienes quieren obtener información y conocer datos concretos sobre la actividad pública de la comunidad autónoma y el uso de los fondos que gestiona la Administración autonómica y las entidades públicas y privadas que se benefician de los mismos.
La regulación básica del órgano independiente al que el proyecto de ley otorga la responsabilidad de velar por el correcto cumplimiento de la normativa sobre transparencia y acceso a la información pública en Canarias está descrita en el título cuarto. En este apartado, se contempla la creación del comisionado de transparencia y acceso a la información pública cuya designación corresponde al Parlamento de Canarias.
Por último, y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los preceptos de esta ley, la norma recoge un título específico en el que se detalla el régimen de infracciones y sanciones. El proyecto de ley contempla la posibilidad de que un alto cargo de la Comunidad Autónoma pueda ser destituido en caso de que incumpla de forma reiterada con las obligaciones que le atribuye esta ley, acumulando tres infracciones muy graves.