Se utilizan como represalia a la persona que se atreve a inmigrar irregularmente y se interna al doble de los previstos, según el Consejo General de la Abogacía
{mosimage}El portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans, afirma que en España "se abusa manifiestamente de la medida de internamiento" de inmigrantes, y se recluye en los centros para tal fin (CIE) "al doble de los que se debería internar".
El abogado incide en que según la Ley de Extranjería, "el internamiento es una medida única y exclusivamente limitativa de la libertad deambulatoria y con el único objetivo de tener localizada a esa persona para poder ejecutar su expulsión" y, por ello, "si se está internando al doble" de los que pueden ser expulsados, "algo se hace mal".
En su opinión, "hay una mala praxis evidente que llega no sólo al internamiento sino a las condiciones de vida que se producen en los CIE", que los CIE "se utilizan de manera reiteradísima como medida de castigo o represalia a la persona que se atreve a inmigrar irregularmente", tanto si esa persona puede ser deportada como si no.
El internamiento, un 'castigo'
"Es como si dijeran 'no te puedo expulsar pero te voy a castigar por ello, te voy a meter en esta cárcel y tu situación va a ser durísima para que sea disuasoria de quienes puedan estar en tu misma situación'. Esa intencionalidad es claramente deducible, explica esos dos fenómenos -la tasa de expulsión y las malas condiciones de los CIE-, y desde luego, es manifiestamente ilegal", ha sentenciado.
No obstante, son los jueces quienes autorizan el internamiento de los inmigrantes a petición de la Policía, aún en casos en los que la nacionalidad del afectado le convierte prácticamente en inexpulsable. Solans lo explica por un defecto "premeditado" de la Ley de Extranjería, que da la competencia a un juez de lo penal que, sin embargo, no la tiene para examinar un expediente administrativo.
Para el experto, este hecho, sumado a la "falta de responsabilidad y de formación muy preocupante" de los jueces y a que la ley no obliga al policía a presentar un plan de viabilidad de la expulsión del extranjero, hace que los CIE acaben acogiendo a más personas de las que deberían ser privadas de libertad, dado que esta medida está restringida sólo a quienes de facto, pueden ser expulsados.
Por último, sobre los vuelos de deportación de extranjeros, 148 el año pasado para repatriar a 3.111 personas según el mismo informe del Defensor del Pueblo, Solans afirma que quizá la ejecución en sí de la expulsión sea garantista, pero en en el proceso previo "se dan todo tipo de abusos tremendos", que no se pueden obviar.
En concreto, cita que los inmigrantes en los CIE no son notificados con antelación del momento de su deportación, y refiere "auténticas cacerías" policiales de extranjeros por nacionalidad en función del siguiente vuelo que va a ser fletado. Además, denuncia que se cita a los inmigrantes a comisaría "por asuntos de su interés que no concretan, y acaban en el calabozo y al día siguiente en un avión". "Gente sin capacidad alguna de defensa, de hoy a mañana, detenido y expulsado", afirma.