El inicio del curso escolar en el CEIP Virgen del Pilar arranca marcado por el miedo de las familias y la inacción política frente a las emisiones contaminantes de una cantera colindante.
Escucha aquí la entrevista a Begoña Correa
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El regreso a las aulas en el CEIP Virgen del Pilar de Chimiche no ha traído la ilusión habitual de cada septiembre, sino una profunda indignación y el miedo instalado en las mochilas de los alumnos. Coincidiendo con la apertura de las clases, Begoña Correa, presidenta del AMPA Chimisur, denunció en Radio San Borondón una realidad alarmante que afecta directamente a la salud de los más pequeños: las obras de la Cantera Las Cármenes, situada junto al centro educativo, continúan generando densas nubes de polvo cargadas de sílice libre, un componente altamente tóxico y nocivo para el sistema respiratorio.
Tras un año de protestas y reivindicaciones vecinales, Correa lamenta que el conflicto siga siendo «invisible» para las administraciones competentes. La gravedad de la situación ha llevado a que algunas familias del municipio se estén planteando no enviar a sus hijos al colegio como medida de protección.
Madres contra la burocracia
«Yo también soy madre de dos niños que sí han asistido hoy al colegio», confiesa Correa con evidente preocupación. «Como madre sufro y comparto el temor y la impotencia de todas las familias. Estamos viviendo una situación extremadamente incómoda. Las AMPAS del municipio estamos formadas por padres y madres que no disponemos de recursos técnicos ni estamos acostumbrados a lidiar con este tipo de conflictos graves. Para eso votamos a las instituciones; su deber es estar ahí, velar por la ciudadanía y prevenir riesgos en la salud de los niños. Y en esto nos están fallando rotundamente».
A pesar de que la actividad extractiva se detenga puntualmente en ciertos horarios, la climatología de la zona —caracterizada por fuertes y constantes rachas de viento— arrastra de forma permanente las partículas microscópicas de polvo hacia el recinto escolar. «Cada día que pasa, los niños lo van respirando y eso daña su salud. Estamos ante un problema severo de salud pública», recalca la portavoz del AMPA.
Un año a «pecho descubierto»
La presidenta del AMPA establece una comparación demoledora sobre la desprotección que sufren los menores en el centro escolar. «Los profesionales que trabajan de forma habitual con pinturas, químicos o este tipo de áridos utilizan material de protección homologado, máscaras específicas con dobles filtros y ropa especial de seguridad. Mientras tanto, nuestros hijos llevan un año entero acudiendo a clase a pecho descubierto, y este nuevo curso arranca exactamente igual. Aquí no se ha instalado ninguna medida de contención ni de seguridad».
Desde el Ayuntamiento de Granadilla se asegura que se están realizando gestiones, pero a pie de calle la percepción es de inmovilismo absoluto. Las familias exigen que se hubiese instalado un medidor continuo de la calidad del aire desde el momento en que la cantera inició su actividad o, al menos, desde que comenzaron las quejas hace un año, para evaluar el riesgo real. «Ahora mismo nadie puede estar tranquilo en Chimiche. Incluso hay personas mayores confinadas en sus casas, auténticas cuarentenas vecinales, porque no pueden ni salir a sus terrazas por el polvo», añade.
Evidencias científicas ignoradas
Ante la falta de iniciativa pública, las propias asociaciones vecinales y el AMPA decidieron encargar una analítica técnica a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Los resultados preliminares ya han confirmado formalmente la presencia de óxido de sílice en el entorno del colegio. Queda pendiente determinar mediante estudios más exhaustivos la cantidad exacta, el tamaño de las partículas y la frecuencia de la exposición, pero Correa critica que «nadie se mueve» desde las esferas oficiales.
«Esto es un tema de extrema urgencia. Cuando llegó la pandemia se actuó de inmediato y con decretos de urgencia; pues esto requiere la misma agilidad», asevera la presidenta del AMPA, aclarando que la solución no pasa por incrementar las labores de limpieza en las aulas, sino por paralizar cautelarmente la obra o, como mínimo, implantar de inmediato un protocolo estricto de prevención.
Entre la indignación y el desamparo
La desesperación entre los padres y madres es patente a la hora de plantear futuras movilizaciones ante la falta de respuestas institucionales. «¿Qué se supone que debemos hacer las familias? ¿Sentarnos en las puertas del colegio para impedir la entrada? No queremos alterar más la rutina de los niños. ¿Iniciar una huelga de hambre? ¿O mandar a niños de cuatro y cinco años a clase con mascarillas de doble filtro?», se pregunta Correa con indignación. «Los niños tienen derechos fundamentales. ¿Deben ir protegidos como si trabajaran en una mina simplemente porque las instituciones no son capaces de actuar con rapidez para poner remedio a esta situación?».
Las familias denuncian además un apagón informativo y tácticas de distracción por parte de las autoridades locales. Según el Ayuntamiento, se mantiene una vigilancia sobre la actividad desde junio de 2025; sin embargo, ha transcurrido más de un año para que el consistorio solicite presupuestos a empresas externas que acometan estudios u obras correctoras. «Hemos solicitado formalmente el expediente de la cantera y no aparece en los registros públicos, a pesar de que sabemos que el Ayuntamiento lo tiene en su poder desde enero de 2026. No nos entregan nada y solo nos dicen que lo solicitemos todo por escrito para tenernos entretenidos», denuncia Correa.
Contradicciones de la legalidad
Desde el tejido asociativo evitan entrar en debates jurídicos sobre la validez de las licencias de la explotación minera, pero apelan a la coherencia y la ética médica. «Las asociaciones y las familias no podemos afirmar categóricamente que la cantera sea ilegal. Será legal, pero también lo es el tabaco, el alcohol o los dispositivos electrónicos y están regulados o prohibidos para menores», argumenta Correa, señalando una enorme paradoja social: «Es una contradicción flagrante que a las familias se nos insista continuamente en que los niños no deben consumir zumos envasados o bollería porque es malo para su salud, y al mismo tiempo no les importe que respiren diariamente polvo de sílice libre, que puede provocarles patologías pulmonares crónicas e irreversibles».
El AMPA agradece el asesoramiento técnico y el apoyo humano que están recibiendo de colectivos sociales como ACOMETE el Tagoror y otras Asociaciones, quienes les han aportado los medios para calibrar el peligro real de la situación. «Estamos muy cansados. Algunas personas nos recomiendan que la solución más rápida es cambiar a los niños de colegio. Nos lo hemos planteado seriamente, pero no es justo que tengamos que marcharnos todos los vecinos del pueblo y que se quede la jablera funcionando sin control. Reclamamos que, por favor, actúen ya por la salud de los más pequeños. ¿Cómo vamos a seguir mandando a nuestros hijos a enfermar al colegio? Ya hay niños en el centro con problemas respiratorios crónicos», concluye de forma tajante.