El presidente del Cabildo de Gran Canaria demanda en Madrid ante una amplia representación económica y política la “gobernanza compartida” que englobe a Gobierno autonómico y corporaciones insulares
Antonio Morales, afirmó esta noche en Madrid que “la participación canaria” en la gestión de los aeropuertos “permitiría integrar mejor los objetivos de reducción de emisiones, gestión ambiental del entorno aeroportuario y compatibilidad con la calidad de vida” a la vista además de que “las decisiones estratégicas sobre rutas, inversiones, tasas o ampliaciones tienen un impacto directo sobre el modelo de desarrollo insular”.
“Lejos de plantear una ruptura del sistema estatal, la reivindicación canaria se orienta hacia un modelo de gobernanza compartida, que reconozca las singularidades del archipiélago y permita una gestión más cercana, eficiente y alineada con los intereses regionales”, profundizó Morales, quien agregó que “en islas como Gran Canaria, cuyo aeropuerto concentra uno de los mayores volúmenes de tráfico del país, la infraestructura aeroportuaria es un eje estructural de la economía, no un elemento complementario”.
Así lo defendió Antonio Morales en la quinta edición de Encuentros SER Canarias que tuvo lugar esta noche en la Fundación Botín de la capital española bajo el título ‘Un modelo aéreo más resiliente’, foro en el que especialistas y profesionales del sector debatieron sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta la aviación y el impacto que tendrá en Canarias ante una amplia representación empresarial, social y política de ámbito insular y nacional.
En la cita participaron también el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo; la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León; el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal; el director del Grupo de Aeropuertos de Canarias (AENA), el director general de Aeropuertos y Organizaciones Turísticas de Jet2.com y Jet2holydays, Ricard Querol; y el consejero delegado de Binter, Ignacio Medina.
Antonio Morales argumentó que “la gestión aeroportuaria está estrechamente relacionada con políticas de ordenación del territorio. medio ambiente, movilidad sostenible y empleo y formación” y, en esta línea, sostuvo que “la participación del Gobierno de Canarias y de los cabildos facilitaría una mayor coherencia entre infraestructuras aeroportuarias y planificación territorial, especialmente en islas densamente pobladas como Gran Canaria”.
Además, destacó que “existen modelos en otros territorios europeos donde la gestión aeroportuaria incorpora distintos niveles de gobierno, sin perder coordinación estatal” y recalcó que “estos precedentes refuerzan la legitimidad de una participación canaria, al menos en órganos de decisión estratégica”.
Hilando un relato temporal, Morales comentó que “la historia de Canarias no puede comprenderse sin atender a su relación constante con el mar y, en una época más reciente, con el aire. Paradójicamente, el mar fue al mismo tiempo el medio que permitió el poblamiento inicial y el factor que reforzó el aislamiento posterior. Esta dualidad marcará de forma recurrente la historia canaria: la conectividad”, enmarcó.
“Más allá del transporte, la conectividad marítima y aérea es un factor clave para la diversificación económica. El Puerto de La Luz y el Aeropuerto de Gran Canaria no son solo infraestructuras de tránsito, sino plataformas logísticas, tecnológicas y de servicios avanzados”, explicó.
“La coexistencia de un gran puerto atlántico y un aeropuerto internacional en un espacio reducido genera sinergias estratégicas que refuerzan el papel de Gran Canaria como plataforma de servicios avanzados. Este modelo de alta conectividad plantea importantes retos de sostenibilidad. La dependencia del transporte marítimo y aéreo genera vulnerabilidad ante crisis energéticas y logísticas, así como impactos ambientales significativos”, avisó también.
“La descarbonización del transporte marítimo y aéreo, con combustibles alternativos, la eficiencia energética, la integración puerto-ciudad y el debate sobre los límites del crecimiento del tráfico aéreo son desafíos centrales. El reto no consiste en reducir la conectividad, sino en transformarla hacia un modelo más limpio, eficiente y diversificado”, manifestó igualmente.
La gran dependencia de Canarias del transporte aéreo
El presidente del Cabildo de Gran Canaria hizo referencia a que “la gestión de las infraestructuras, especialmente aeroportuarias, ha generado un debate político y social. Dada la condición ultraperiférica de Canarias, las instituciones canarias -Gobierno de Canarias y cabildos- reclamamos una mayor participación en la gobernanza aeroportuaria para adaptar la gestión a las singularidades territoriales y alinearla con las estrategias de desarrollo regional”.
“A diferencia de otros territorios peninsulares”, acotó, “Canarias depende casi exclusivamente del transporte aéreo para la movilidad de residentes entre islas y con el resto del Estado, el acceso a servicios especializados (sanidad, educación superior, administración), la entrada de turistas internacionales y el transporte urgente de mercancías de alto valor añadido”.
Haciendo una radiografía de la situación actual, Morales recordó que “los aeropuertos canarios están gestionados por AENA, empresa pública de ámbito estatal con participación privada desde 2015. Este modelo se basa en una gestión en red, donde los aeropuertos con mayor rentabilidad contribuyen a financiar los menos rentables, garantizando la cohesión territorial del sistema. Sin embargo, desde la perspectiva canaria, este sistema presenta limitaciones, especialmente en lo relativo a la adaptación de la gestión a realidades territoriales específicas”.
El presidente insular remarcó que “el Aeropuerto de Gran Canaria ocupa un lugar central en esta reivindicación, porque al tratarse de uno de los aeropuertos con mayor tráfico de España, actúa como nudo logístico interinsular y nodo internacional y es clave para la diversificación económica”.
Por lo tanto, “desde la perspectiva canaria, resulta especialmente relevante que un aeropuerto con estas características tenga mayor capacidad de adaptación a las prioridades regionales, sin depender exclusivamente de criterios de rentabilidad global del sistema”.
“La gestión de aeropuertos de interés general es una competencia estatal según la Constitución española. Esto establece límites claros a cualquier proceso de transferencia plena. Por ello, las propuestas canarias se han orientado, mayoritariamente, hacia la participación en los órganos de gobernanza, cogestión o gestión compartida, capacidad de influencia en la planificación estratégica y mayor transparencia y corresponsabilidad”, enumeró.
“Así, la reivindicación no solo responde a intereses económicos, sino también a criterios de sostenibilidad y gobernanza territorial. En un contexto de creciente complejidad económica y ambiental, este debate se consolida como uno de los grandes retos de la política de infraestructuras en Canarias”, finalizó