El activista Javier Marrero, miembro del colectivo Derecho al Techo en Gran Canaria, ha valorado positivamente el reciente decreto aprobado por el Consejo de Ministros, atribuyendo este avance de forma directa a la presión popular y a la movilización ciudadana. Durante una intervención en Radio San Borondón, Marrero subrayó que este logro es solo un paso y que la movilización social debe continuar para conquistar medidas más profundas, como la expropiación de viviendas vacías en manos de especuladores.
El portavoz alertó sobre la urgencia de los plazos legales tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según explicó, los ciudadanos afectados tienen un margen crítico que expira este mismo viernes para acogerse a los beneficios del decreto, los cuales permiten congelar las subidas de los alquileres y frenar los desahucios en curso. Marrero justificó esta premura temporal ante el riesgo real de que el Congreso de los Diputados pueda rechazar el decreto durante la votación parlamentaria fijada para ese mismo día.
La responsabilidad del Gobierno de Canarias
Más allá de las decisiones adoptadas en Madrid, Derecho al Techo ha desplazado el foco de responsabilidad hacia el ámbito autonómico. Marrero insistió en que el Gobierno de Canarias dispone de las competencias exclusivas en materia de vivienda y de las herramientas jurídicas necesarias para declarar de forma inmediata las zonas tensionadas en las islas. En este sentido, recordó que la propia Unión Europea ha señalado que la mayoría de los municipios canarios se encuentran en una situación de alta tensión habitacional, por lo que el ejecutivo regional tiene en su mano la opción de paralizar de forma inminente los desahucios de las numerosas familias vulnerables del archipiélago.
Asambleas en canarias y posibilidad de acampadas
Para coordinar las próximas acciones de protesta y fijar la postura, la organización ha convocado una asamblea ciudadana abierta para esta tarde. Asimismo, los activistas han programado una rueda de prensa frente al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), donde presentarán formalmente sus exigencias al Gobierno de Canarias. Con este acto, el colectivo busca presionar a la Consejería de Vivienda para que asuma su responsabilidad y legisle en favor de la mayoría social y la ciudadanía, abandonando las políticas que, a su juicio, benefician prioritariamente a los rentistas.