Derecho Al techo y el movimiento Mi barco, Mi casa afirman que el verdadero motivo del desahucio de Margarita es la privatización del muelle deportivo
Ambos colectivos han denunciado este lunes públicamente que el desahucio previsto para este martes, de la embarcación Claudine, en la Dársena I del muelle deportivo, no es un hecho aislado ni un problema técnico, sino una operación de expulsión ligada a un proceso de privatización del muelle, ejecutada sin importar la vida de la persona afectada.
Ambos colectivos han denunciado este lunes públicamente que el desahucio previsto para este martes, de la embarcación Claudine, en la Dársena I del muelle deportivo, no es un hecho aislado ni un problema técnico, sino una operación de expulsión ligada a un proceso de privatización del muelle, ejecutada sin importar la vida de la persona afectada.
Rechazan el Comunicado emitido por la Autoridad Portuaria, en el que enumeran supuestos argumentos técnicos: estado del casco, mástil, seguridad, flotabilidad… Los colectivos acusan a la Entidad portuaria de no haber presentado ningún peritaje independiente, ni informes técnicos contrastados y no ofrecer a la afectada acompañamiento social ni vías reales de subsanación. «Estos argumentos se utilizan como coartada administrativa para justificar un desalojo ya decidido de antemano», aseguran.
COMUNICADO DE DERECHO AL TECHO Y MI BARCO, MI CASA
«Lo que el comunicado deja claro no es el estado de un barco, sino que a la Autoridad Portuaria le da igual la vida de Margarita.
Margarita es una mujer mayor, sola, sin red familiar ni asesoramiento, que nunca fue informada ni acompañada adecuadamente, ni puesta en contacto con otros afectados del muelle que viven procesos similares. La falta de apoyo y de información es precisamente lo que ha permitido que este procedimiento avance hasta el desahucio.
Este caso no empieza con el estado de una embarcación.
Empieza cuando, en el seno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, con presencia de representantes políticos e intereses económicos, se aprueba una normativa que prohíbe vivir en embarcaciones deportivas, una decisión exclusiva de este muelle y que coincide en el tiempo con el proceso de privatización y reordenación del muelle deportivo, un espacio público pagado con dinero público.
Desde ese momento, se inicia una estrategia de desalojo progresivo de personas que utilizan su barco como vivienda sin molestar a nadie, sustituyendo derechos por procedimientos administrativos y expulsando a quienes no encajan en el nuevo modelo de negocio del puerto.
Hoy es Margarita.
Mañana será cualquier otra persona.
Y pasado, este mismo modelo se aplicará en otros espacios.
Esto es exactamente lo que hacen los fondos buitre:
identifican un espacio, cambian las reglas, señalan a quienes estorban y los expulsan sin alternativa y sin cuidados.
La Autoridad Portuaria reconoce que solo cuando Margarita expresa verbalmente que no tiene alternativa habitacional se avisa “de forma preventiva” a Servicios Sociales. Avisar no es proteger. Comunicar un correo no sustituye la obligación de detener un desahucio cuando hay una persona mayor y vulnerable en riesgo.
Margarita es una mujer mayor, sola, sin red familiar ni asesoramiento, que nunca fue informada ni acompañada adecuadamente, ni puesta en contacto con otros afectados del muelle que viven procesos similares. La falta de apoyo y de información es precisamente lo que ha permitido que este procedimiento avance hasta el desahucio.
Este caso no empieza con el estado de una embarcación.
Empieza cuando, en el seno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, con presencia de representantes políticos e intereses económicos, se aprueba una normativa que prohíbe vivir en embarcaciones deportivas, una decisión exclusiva de este muelle y que coincide en el tiempo con el proceso de privatización y reordenación del muelle deportivo, un espacio público pagado con dinero público.
Desde ese momento, se inicia una estrategia de desalojo progresivo de personas que utilizan su barco como vivienda sin molestar a nadie, sustituyendo derechos por procedimientos administrativos y expulsando a quienes no encajan en el nuevo modelo de negocio del puerto.
Hoy es Margarita.
Mañana será cualquier otra persona.
Y pasado, este mismo modelo se aplicará en otros espacios.
Esto es exactamente lo que hacen los fondos buitre:
identifican un espacio, cambian las reglas, señalan a quienes estorban y los expulsan sin alternativa y sin cuidados.
La Autoridad Portuaria reconoce que solo cuando Margarita expresa verbalmente que no tiene alternativa habitacional se avisa “de forma preventiva” a Servicios Sociales. Avisar no es proteger. Comunicar un correo no sustituye la obligación de detener un desahucio cuando hay una persona mayor y vulnerable en riesgo.
Por todo ello, Derecho al Techo y Mi barco, mi casa hacemos un llamamiento claro y firme a la ciudadanía para parar este desahucio.
Lugar: Muelle deportivo, Dársena I
Quedada: 9:00 h
Hora prevista del desahucio: 10:00 h
No es un problema técnico. No es un caso aislado. Es un proceso de privatización y expulsión.
Y no vamos a mirar hacia otro lado».