Por: José Manuel Rivero. Abogado-Analista político
No es casualidad, es causalidad histórica. Quien pretenda analizar los movimientos militares que sacuden nuestro Archipiélago como hechos aislados o meras rutinas técnicas, renuncia a comprender la totalidad del momento histórico que vivimos. Si en octubre de 2025 fuimos testigos de cómo tropas francesas, expulsadas del Sahel, utilizaban nuestros montes para ensayar su recolonización africana de la mano de la Brigada Canarias XVI; hoy, 16 de enero de 2026, amanecemos con la noticia de que esta misma Brigada «refuerza la vigilancia» en las Islas, desplegando patrullas en las mismas y dando charlas de adoctrinamiento de valores militares a estudiantes de bachillerato. La secuencia es lógica, implacable y aterradora: primero se asegura la plataforma de proyección exterior y, acto seguido, se blinda el control interior.
Estamos, digámoslo con claridad jurídica y política, ante un estado de sitio de facto. No se ha declarado en el Boletín Oficial, no hace falta. La realidad material se impone sobre la formalidad legal. Para el pueblo canario, esto supone un salto cualitativo en nuestra condición subalterna. Vivir bajo un estado de sitio no declarado significa que la lógica de la guerra ha permeado la vida civil, subordinando las necesidades de nuestra sociedad a los imperativos estratégicos de la OTAN.
El despliegue de vigilancia militar en nuestro propio suelo no es una medida de protección, sino de disciplinamiento social. Se busca normalizar la presencia del uniforme de combate en nuestra retina, integrando la militarización en el paisaje cotidiano hasta que dejemos de percibirla como una anomalía. Es la hegemonía del miedo: convencernos de que estamos tan inseguros que necesitamos que nos ocupen. Sin embargo, la inseguridad real la provocan ellos. Al convertir Canarias en un bastión logístico y operativo del bloque atlántico, nos transforman automáticamente en objetivo beligerante para cualquier potencia o grupo en conflicto con Occidente.
Esta dinámica erosiona, hasta disolverla, la soberanía popular. En un estado de sitio de facto, las decisiones sobre nuestro territorio —qué infraestructuras se construyen, quién entra o sale, qué espacios naturales se preservan o se sacrifican— ya no responden al interés general de la población canaria, sino a las necesidades de la intendencia militar de la OTAN. Nos convertimos en espectadores en nuestra propia tierra, reducidos a la categoría de «población nativa» en un enclave estratégico; útiles como mano de obra del sector servicios o consumidores, pero molestos como ciudadanos con derechos políticos.
La historia nos enseña que cuando una potencia imperial entra en crisis, como le ocurre hoy a un Occidente europeo atlantista desplazado de África, tiende a apretar el puño sobre sus posesiones periféricas. Canarias es esa frontera sur que debe ser asegurada a toda costa. La militarización actual no es más que la actualización del viejo dominio colonial con tecnología del siglo XXI. Se nos niega el derecho a ser puente de paz, tricontinental y solidario, para forzarnos a ser muro de contención, plataforma de fuerzas militares que se proyectan al exterior, lanzadera de drones y misiles.
La gravedad del momento exige romper el silencio. Aceptar esta vigilancia reforzada y estos ejercicios conjuntos es aceptar que nuestro Estatuto de Autonomía, que nos define como tierra de paz, es papel mojado ante la bota militar. La única respuesta digna, la única que garantiza nuestra supervivencia física y política, es la reivindicación intransigente de un Estatuto de Neutralidad internacionalmente reconocido. O neutralidad, o seremos, inevitablemente, el campo de batalla de guerras ajenas.