Por: Pedro Hernández. Ecologista. Profesor de la Escuela de Turismo de Lanzarote
En los últimos ocho meses la opinión pública de Lanzarote y de Canarias ha asistido a un debate institucional que, lejos de aclarar el futuro energético de la isla, ha contribuido a aumentar la confusión. La discusión entre el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias en torno al protocolo de las llamadas Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) se ha presentado como un conflicto técnico sobre mapas, delimitaciones y posibles “errores cartográficos”. Se discute si la superficie prevista es demasiada, si determinados espacios deben incluirse o excluirse, si los límites están bien trazados o deben corregirse.
Sin embargo, mientras se centra la atención en esos detalles, el verdadero problema queda fuera del debate. La cuestión de fondo no es el mapa. El problema real es el modelo de transición energética que se pretende imponer en Lanzarote.
Ambas administraciones han reducido el debate a un asunto técnico cuando en realidad se trata de una decisión profundamente política, territorial y social. Porque lo que está en juego no es solo dónde se instalarán determinadas infraestructuras, sino qué tipo de modelo energético queremos construir en una isla con un territorio frágil, limitado y con valores paisajísticos y ambientales de reconocimiento internacional.
Mientras se discute sobre los mapas, ni el Cabildo ni el Gobcan, parecen dispuestos a abrir el debate esencial: qué modelo de transición energética necesita Lanzarote.
La transición es imprescindible. Canarias no puede seguir dependiendo de los combustibles fósiles ni de un sistema eléctrico altamente contaminante y vulnerable. Pero la urgencia climática no puede utilizarse como argumento para imponer cualquier modelo energético sin debate público.
Lo preocupante es que tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias parecen coincidir en lo fundamental: aceptar el mismo modelo energético que ya se ha desplegado en otras islas. Un modelo basado en grandes instalaciones industriales promovidas por las empresas del oligopolio eléctrico, ocupando amplias superficies de suelo rústico y transformando paisajes que forman parte del patrimonio colectivo.
Se trata, en la práctica, de sustituir un sistema fósil centralizado por otro renovable igualmente centralizado, controlado por las mismas grandes compañías energéticas.
En este esquema, el viento y el sol —recursos naturales que pertenecen a todos— se convierten en la materia prima gratuita para grandes operadores privados, mientras el territorio asume los impactos y las comunidades locales quedan al margen de los beneficios.
Lo más significativo es que apenas se discuten alternativas. No se habla de priorizar el aprovechamiento de cubiertas de edificios, polígonos industriales, aparcamientos o infraestructuras ya existentes. Tampoco se plantea con seriedad la posibilidad de desarrollar un modelo basado en autoconsumo distribuido, comunidades energéticas, o cooperativas ciudadanas.
En otros territorios, estos elementos forman parte central de lo que se denomina una transición energética justa o ecosocial. Un proceso que no se limita a cambiar la fuente de energía, sino que busca democratizar el sistema energético, distribuir sus beneficios y minimizar los impactos territoriales.
En Canarias, sin embargo, el debate se está orientando hacia la implantación acelerada de grandes parques eólicos y fotovoltaicos sin una planificación territorial debatida y sin evaluaciones ambientales estratégicas que permitan analizar los efectos acumulativos sobre el territorio.
Los ejemplos ya existen. Lo que está ocurriendo en Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria o La Gomera muestra con claridad hacia dónde se dirige la política energética.
Especialmente significativo es el caso de Gran Canaria, donde el despliegue acelerado de proyectos renovables promovido desde el Gobierno de Canarias y por el Cabildo de esa isla, sin una planificación territorial y sin participación real de la ciudadanía, el resultado es la destrucción del barranco de Arguineguín, el regalo del agua de lluvia , el viento y el sol, patrimonio común de la sociedad canaria al oligopolio energético. Ese es el modelo que promueven y quieren implantar en Lanzarote.
La reciente aprobación de un decreto ley por parte del Gobierno de Canarias para acelerar la implantación de las Zonas de Aceleración de Renovables en la isla confirma esta tendencia. El Parlamento ha convalidado el decreto y lo tramita ahora como proyecto de ley por la vía de urgencia.
La señal política es clara: acelerar los procedimientos para facilitar la implantación de proyectos renovables a gran escala.
Pero la pregunta fundamental sigue sin respuesta: ¿acelerar qué modelo?
Porque acelerar un modelo equivocado no conduce a una transición justa. Conduce, por el contrario, a conflictos territoriales, rechazo social y procesos de degradación paisajística que pueden ser irreversibles.
La preocupación aumenta cuando se constata que decisiones de gran impacto territorial se están tomando sin procesos reales de participación pública. No ha habido un debate social amplio sobre el modelo energético de Lanzarote. No se han desarrollado procesos deliberativos con la ciudadanía. Los ayuntamientos de la isla tampoco han sido protagonistas en la definición de estas políticas.
Y, sin embargo, la transición energética no puede construirse desde el oscurantismo ni desde decisiones tomadas exclusivamente en despachos con políticos y técnicos escorados al servicio de las multinacionales eléctricas .
Lanzarote es una isla con un territorio extraordinariamente frágil. Su paisaje volcánico, su estructura agraria tradicional y su identidad territorial forman parte de un patrimonio reconocido internacionalmente. Alterar ese equilibrio mediante procesos de implantación industrial sin planificación estratégica supone asumir riesgos que comprometen el futuro del territorio.
Resulta imprescindible recuperar el debate que ahora mismo se está evitando. La pregunta central debería ser sencilla: ¿qué modelo energético quiere Lanzarote?
Una transición ecosocial implicaría priorizar el ahorro y la eficiencia energética, promover el autoconsumo distribuido y utilizar primero los espacios ya transformados por la actividad humana. Implicaría aprovechar cubiertas de viviendas, edificios públicos, zonas comerciales, aparcamientos o polígonos industriales antes de ocupar nuevos suelos rústicos.
También implicaría fomentar comunidades energéticas locales que permitan a la ciudadanía participar en la producción y gestión de la energía, generando beneficios económicos y sociales en el propio territorio.
Y, sobre todo, implicaría reconocer los límites territoriales de una isla que ha construido su identidad precisamente sobre el respeto al paisaje y al territorio.
La transición energética debe ser una oportunidad para mejorar el modelo económico y social de Lanzarote y de Canarias . No puede convertirse en una nueva fase de apropiación del territorio al servicio de intereses multinacionales energética s.
Es urgente romper la ceremonia de la confusión que se ha instalado en el debate público. La ciudadanía tiene derecho a saber qué modelo energético se está diseñando para la isla y a participar activamente en su definición.
No hay transición energética sin transparencia, sin planificación estratégica y sin participación democrática.
La transición energética es una oportunidad histórica. Pero si se gestiona desde la opacidad y al servicio del oligopolio eléctrico, puede terminar convirtiéndose en un nuevo conflicto territorial.
Todavía estamos a tiempo de hacerlo bien.
Pero para ello es necesario abrir el debate, escuchar a la sociedad y colocar en el centro el interés general y el respeto al territorio.
Siguiendo a Manrique y a Bab Bunny, no repitamos, no hagamos en Lanzarote los errores que ya se están pagando en otras islas. La transición energética debe construirse con la ciudadanía, con instituciones responsables, no contra el territorio y sus valores, no contra la ciudadanía. Que la transición energética sea un ejemplo de buen hacer colectivo.