Alertan de una vulneración grave de la Red Natura 2000 y de las directivas europeas de Aves y Hábitats
Diversos colectivos ecologistas de Tenerife han redactado y presentarán en las próximas semanas una queja formal ante la Comisión Europea por la tramitación de dos proyectos urbanísticos en la ladera de Montaña de Guaza, un Monumento Natural que forma parte de la Red europea Natura 2000 y que está declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Los proyectos, denominados “Edificio Gara” y “The Cliff”, se localizan en el núcleo de Palm-Mar (Arona) y se sitúan dentro del perímetro del Monumento Natural Montaña de Guaza, uno de los enclaves costeros mejor conservados del sur de Tenerife. Ambos desarrollos están actualmente a la espera de licencia municipal y, según denuncian los colectivos, su autorización se está intentando tramitar sin una evaluación ambiental adecuada, tal y como exige la normativa europea.
En el caso del Edificio Gara, promovido por la inmobiliaria Metrovacesa, el proyecto lleva años en litigio con el Ayuntamiento de Arona. El consistorio ha defendido reiteradamente que la construcción requiere una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), mientras que la promotora sostiene lo contrario. En noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó una sentencia que exime al proyecto de someterse a EIA, una resolución que el Ayuntamiento ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, el proyecto sigue activo y sin una evaluación ambiental completa de sus efectos sobre la ZEPA.
Paralelamente, el proyecto “The Cliff”, impulsado por la promotora Los Menceyes en una parcela colindante, se encuentra también en fase de solicitud de licencia. En este caso, la polémica se ha intensificado tras el vallado reciente de la ladera por parte del Ayuntamiento, motivado por un informe presentado por la promotora que advierte de un supuesto riesgo de desprendimientos. Los colectivos ecologistas afirman que este informe y las actuaciones posteriores podrían formar parte de una estrategia para justificar obras de “estabilización” del talud que, en la práctica, prepararían el terreno del espacio natural protegido para una futura urbanización.
Las organizaciones denuncian que la tramitación aislada de ambos proyectos ignora sus impactos acumulativos sobre la Montaña de Guaza, y que se está permitiendo avanzar en la transformación urbanística de una ladera de alto valor ecológico, paisajístico y geológico sin garantizar la protección efectiva de los hábitats y especies que motivaron su inclusión en la Red Natura 2000.
Entre los riesgos señalados se encuentran la destrucción de hábitats naturales, la perturbación de aves protegidas —especialmente especies marinas y nocturnas sensibles a la iluminación artificial—, el aumento de presiones urbanas sobre el espacio natural y la alteración irreversible del escarpe volcánico de Guaza.
Ante esta situación, los colectivos han decidido acudir a las instituciones europeas al considerar que se están vulnerando de forma clara las directivas Aves y Hábitats, así como el principio de precaución que rige la política ambiental de la Unión Europea. Reclaman a la Comisión Europea que intervenga para frenar preventivamente ambos proyectos y obligue a las autoridades españolas a garantizar una evaluación ambiental rigurosa y conforme al derecho comunitario antes de permitir cualquier construcción en este espacio protegido.
La lucha legal se llevará también contra la posible concesión de una licencia en unas parcelas donde no debería siquiera plantearse la posibilidad de construir por sus graves afecciones ambientales. No es la primera vez que la justicia anula una licencia en esa misma ladera.
“Lo que está en juego no es solo un proyecto concreto, sino la credibilidad de la protección de la Red Natura 2000 en Canarias”, advierten las organizaciones, que alertan de que permitir estas actuaciones sentaría un precedente muy peligroso para otros espacios naturales del archipiélago.