La manifestación celebrada este viernes 29 en Adeje (Tenerife) contra el proyecto urbanístico Cuna del Alma reunió a unas 300 personas en un ambiente pacífico y ciudadano comprometido. Ejercíamos un derecho recogido y garantizado en la Constitución Española, un derecho que sin embargo cada día parece molestar más a la clase política que se supone debe garantizarlo. Algo que quedó en entredicho por un despliegue de Fuerzas de Seguridad del Estado tan desproporcionado como preocupante, para tratarse de una manifestación que convocaban varios colectivos ecologistas -y ser ecologista, al fin y al cabo, implica también ser pacifista en mayor o menor medida-, un viernes laborable a media mañana, con un trazado que discurría por una carretera secundaria entre tarajales y chabolas de personas sin hogar. ¿Dónde estaba ahí el peligro? ¿Qué podía justificar en términos de seguridad un control exhaustivo de coches a la entrada, con numerosos vehículos patrulla y agentes de grupos especiales fuertemente armados, portando incluso chalecos antibalas, registrando vehículos, maleteros, bolsos, sacando hasta fotos a las caras de los conductores?
Hubo actuaciones especialmente llamativas y significativas, cuando una guagua de Titsa fue parada y agentes uniformados subieron a bordo, preguntaron, revisaron y llegaron a registrar bolsos de algunas pasajeras. Especialmente grave que le registraran el bolso a una señora sexagenaria de las de la guagua, porque mostraba la bandera de Palestina en el bolso. Sí señores, sí señoras, este es el nivel: la persona probablemente más comprometida, más solidaria y más bondadosa de todas las que iban en esa guagua, fue la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado calibraron como la mayor de las amenazas, porque su bolso mostraba solidaridad con un pueblo que se quiere exterminar de la faz de la tierra. Este es el nivel de degradación al que se está llegando en este país, al que nada bueno le espera con semejante grado de fanatismo.
Pero no seamos ilusos, la Guardia Civil no decide un viernes por la mañana que van a montar un dispositivo especial en la carretera que baja al Puertito. Las cosas no funcionan así. Hay órdenes en otros estamentos de más arriba, con personas que las piensan. Hay un Subdelegado del Gobierno en Tenerife -un señor puesto ahí hace ya unos años por el PSOE- que es quien da las órdenes sobre cómo debe ser el dispositivo. Pero no hace falta ser muy listo para adivinar qué otro cargo del PSOE con mayor mando real que el señor Subdelegado decide cómo y dónde deben proceder los Cuerpos de Seguridad del Estado. Y aquí los indicios apuntan todos al Presidente del PSOE de Canarias, que es casualmente también el Alcalde de Adeje y defensor a ultranza del proyecto urbanístico.
Y la cosa no acaba aquí, la imagen se tornó aún más grave cuando comprobamos la colocación de numerosos efectivos y vehículos de la Guardia Civil dentro de la propiedad privada del proyecto Cuna del Alma (se adjunta foto), desde dónde controlaban un dron grabando continuamente a los manifestantes. El despliegue de este aparato grabando continuamente hizo que algunos manifestantes desistieran de proseguir la marcha y abandonaran la manifestación, por no querer ser fichados por la Guardia Civil. Esta hipervigilancia con criminalización de los ciudadanos, y el hecho de que hubieran tantos agentes públicos protegiendo una propiedad privada abre una pregunta inquietante: ¿a quién sirve realmente el Estado en Canarias, al pueblo o a los promotores privados? Porque no podemos olvidar que la función constitucional de las fuerzas de seguridad es velar por los derechos fundamentales de la ciudadanía, no actuar como guardia pretoriana de intereses económicos que atentan contra el medio ambiente, contra el patrimonio, contra la historia y contra el futuro de nuestro territorio.
¿En serio creen ustedes que el derecho constitucional de manifestación se puede ejercer en libertad y con garantías con semejante presión e intimidación policial? Hay que ser muy valiente para acudir a cara descubierta a una manifestación, sabiendo que te van a registrar, te van a fichar y si la cosa se pone un poco fea igual hasta te detienen, te multan o te llevas un palo sin haber hecho nada. Pues así están las cosas por estas latitudes: los impuestos de los contribuyentes malgastados en agentes que pierden una mañana amedrentando, controlando, grabando y registrando a l@s canari@s más comprometid@s y con el nivel de conciencia ciudadana más alto, cuando además, paradojas de la vida, el municipio de Adeje se sitúa entre los municipios de España -no ya sólo de Canarias- donde más han aumentado los índices de criminalidad en los últimos años (fuente Diario El País – 2024), y no precisamente por lo que hacen los activistas y las personas que aman y defienden esta tierra canaria.
Muy significativo también que estando en horario laborable no hubiera nadie trabajando en las obras en la mayoría del proyecto. Si todo es tan legal cómo afirman desde el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, ¿por qué no trabajaban en día laborable? A nuestro juicio trataban de evitar que aprovechando la presencia policial se les reclamaran los permisos y autorizaciones pertinentes que no tienen.
En cualquier caso, es altamente alarmante y nos debería preocupar a todos mucho, que bajo órdenes de la Subdelegación del Gobierno en Tenerife -dirigida por el PSOE, dirigido en Canarias por el Alcalde de Adeje-, cuerpos especiales de la Guardia Civil llevaran a cabo registros y controles preventivos que difícilmente pueden justificarse en un contexto de protesta pacífica, con todos los detalles y agravantes que ya hemos expuesto. Este tipo de actuaciones, que exceden la lógica de una simple medida de seguridad, transmiten un mensaje inequívoco: disuadir, amedrentar e infundir miedo en la ciudadanía que acude a defender su tierra, para que se lo piensen la próxima vez y no se manifiesten. Y cómo comprenderán, este episodio no puede ser minimizado, pues supone un serio precedente en el deterioro de los derechos democráticos en Canarias: donde se criminaliza la protesta social mientras se blinda, con recursos públicos, a un proyecto privado cuestionado legalmente y rechazado mayoritariamente por la población canaria.
Por ello, a falta de valorar posibles acciones legales, administrativas o políticas (Queja ante el Ministerio del Interior, Denuncia ante el Defensor del Pueblo, solicitud de comparecencia en el Parlamento, ampliación penal, etc.) por este ataque flagrante a los derechos constitucionales, elevamos este artículo-comunicado a modo de denuncia, que esperamos pueda ser leído, comentado, compartido y apoyado de manera masiva.