Gabriel González, concejal de Podemos en el municipio, ha denunciado un pelotazo urbanístico de 100 millones de euros en una operación de reclasificación de suelo rustico a urbanizable a la familia de casa Fuerte.
Podemos Adeje ha denunciado públicamente la aprobación en pleno de un convenio urbanístico que permitirá reclasificar suelo rústico para su urbanización, con una revalorización de hasta 100 millones de euros por uno de los dos lotes. La formación acusa al gobierno de Fraga de promover un “pelotazo urbanístico” en favor de intereses privados.
Durante su intervención en el pleno celebrado el viernes 24 de julio, el portavoz local Gabriel González cuestionó la legalidad y ética del proceso, alertando de que esta operación —una de al menos dos previstas— permitirá a propietarios privados obtener enormes plusvalías con la sola firma de un convenio. “Este suelo podría haberse adquirido mediante justiprecio a valor de suelo rústico, como ya permite la ley, pero han decidido regalar millones a unos pocos al optar por reclasificarlo directamente para beneficiar a la familia de Casa Fuerte y con intereses en Cuna del Alma”, denunció.
La operación se articula a través de un convenio firmado por una parte de los herederos de la familia Betancor Curbelo, que actúan junto a una sociedad mercantil, Inmobiliaria Adeje S.L., creada durante el proceso. Según Podemos, esta empresa podría ser la beneficiaria real del negocio, operando como vehículo inversor. Una vez aprobado el cambio de uso del suelo, su valor se dispararía sin que haya mediado inversión ni proyecto concreto, generando beneficios inmediatos para los actuales titulares. Mientras tanto, el Ayuntamiento recibiría únicamente el 10 % del aprovechamiento urbanístico, el mínimo legal.
Podemos Adeje ha mostrado su preocupación por el precedente que esta aprobación sienta, recordando casos similares de especulación urbanística en Canarias que acabaron siendo investigados judicialmente. “El suelo es un bien escaso, y en Adeje lo están malvendiendo al mejor postor”, concluyó Gabriel González, exigiendo transparencia, planificación sostenible y una gestión responsable del territorio en beneficio de toda la ciudadanía.