El Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella contra el alcalde de La Laguna y los concejales Badel Albelo, Yaiza López, Carla Cabrera y Alejandro Marrero) por un presunto delito de prevaricación.
La querella fue presentada en mayo de 2021, por Alfredo Gómez ex concejal de Ciudadanos y ex presidente de la Comisión de Transparencia del Consistorio, a la que se adhirieron con posterioridad los ediles de Coalición Canaria Francisco José Hernández y Jonathan Domínguez.
La denuncia del concejal tránsfuga Alfredo Gómez se basaba en presuntas contrataciones irregulares y una red clientelar de familiares y amigos creada en el mismo momento en el que entró el Partido Socialista en La Laguna. Gómez llegó a publicar una serie de videos en youtube en los que él mismo exponía este supuesto entramado, que se divulgó como el Caso Laykas.
La magistrada es contundente y desmonta todas las acusaciones del querellante, que además incluyó en su escrito afirmaciones falsas. Indica que los contratos cuentan con los informes favorables y que no existe esa supuesta “red de vínculos” personales que denunciaron los querellantes.
“Consta en los expedientes que se hacían “ofertas” por varias empresas […] y en los demás, tal y como se ha ido exponiendo, se contaba con los informes favorables de los funcionarios/técnicos de las áreas correspondientes sobre los “no fraccionamientos”, así como las propuestas de adjudicación, que abocaban en los respectivos decretos”. “Incluso en los que había informes de visos de fraccionamiento -continúa-, eran revisados, y tras informes y propuestas de conformidad, y sólo entonces, se procedía a dictar el decreto correspondiente. Varios incluso eran llevados a informe del Interventor, y sólo obtenido el visto o conformidad se acababa en decreto”.
En el auto queda claro que el alcalde de La Laguna no firmó ninguno de los decretos cuestionados y que su amistad con una de las contratadas no ha quedado acreditada “más allá de imágenes en redes sociales”, lo que “no hace imaginar que por esas fotos en eventos públicos y en aras a esa amistad le hayan llevado a prevaricar”.
Además, en cuanto a la “red de vínculos sentimentales, de amistades profundas, relaciones de parentesco” que denunciaban los querellantes, la magistrada afirma que “no se han acreditado por no producirse el hecho en sí o por fabular sobre contratos con hermanos o padres”. Así, en el auto la magistrada desmonta las supuestas relaciones familiares denunciadas entre algunos de los ediles con varias de las empresas contratadas, y niega que existan.