EL BAR DE PEPE
Quien piense que eso es cuestión del Ayuntamiento, del Gobierno Autónomo, del Cabildo o el Gobierno Central, se equivoca gravemente.
Quien crea que el asunto de la privatización de la empresa municipal de abastecimiento de agua (EMMASA) no le compete es un inconsciente.
El Ayuntamiento, presidido por aquellos tiempos por el alcalde sentenciado y en la cárcel como delincuente por el asunto de la playa de Las Teresitas, Miguel Zerolo, con el acuerdo de la mayoría de los partidos PSOE y PP, los otros poco importaban, logaron la aprobación para la venta a cambio de 54 millones de euros la empresa EMMASA al grupo SACYR. Los entonces concejales de la oposición Ángel Isidro Guimerá (e.p.d.) y Guillermo Guigou, hablaron públicamente de cobro de comisiones ilegales desde los primeros momentos del proceso de privatización. Aunque Zerolo amenazó con querellarse contra ellos, nunca lo hizo. No fue esa, en cualquier caso, la única secuencia relacionada con el presunto delito.
En 2007, el interventor del ayuntamiento, Rojo Garnica, reconocía por escrito haber recibido “presiones” de funcionarios de esta institución para que emitiera un informe favorable a la privatización, respondiendo a una pregunta formulada por el abogado y dirigente de IU José Pérez Ventura en nombre de varios colectivos vecinales.
En el año 2011, tras el pacto de gobierno suscrito en Sta. Cruz de Tenerife entre CC y PSOE, fue nombrado presidente de la privatizada EMMASA el “socialista” Julio Pérez.
El entonces teniente de alcalde de Sta. Cruz, que saltara a la fama cuando los cables de WikiLeaks desvelaron que, mientras ejercía como secretario de Estado de Justicia, colaboró con la embajada de EE.UU. para enterrar la investigación sobre José Couso, el cameraman asesinado en Irak por el ejército de ese país.
La mierda ya olía hasta Cádiz cuando se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para impugnar el proceso privatizador de Emmasa. Siendo declarado contrato nulo por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Canarias, el Consistorio tinerfeño acudió al Tribunal Supremo al entender que la sentencia acordada por el TSC podía suponer un perjuicio para el interés general. En noviembre del año 2012 el Tribunal Supremo confirmó la anulación del contrato de privatización de EMMASA con la empresa SACYR.
El caso es que, en la actualidad, 9 años después de la sentencia del TS, seguimos consumiendo agua de tan baja calidad que muchos creemos que nos la sirven de la depuradora de aguas residuales a precios desorbitados. Podemos presumir de ser los ciudadanos del Estado Español que el olor apestado del líquido elemento y el sabor nauseabundo del agua que consumimos lo pagamos a precio de oro.
Hasta tal punto llegó el desorden, el caos y la cohabitación con los grupos mafiosos que ante toda esta maraña de mierda no tuvieron más remedio que solicitar una auditoría externa a la empresa abastecedora de aguas, antigua joya de la corona municipal, para comprobar lo que ya era vox populi, la presunta estafa de EMMASA al pueblo santacrucero. El resultado parece que asombró al edil, por aquel tiempo, delegado en la empresa de aguas, pero no al resto de los chicharreros que estábamos hartos de estar hartos de sufrir el robo legalizado de pagar el agua más asquerosa al precio más caro de España.
Curioso es observar que en el año 2006 SACYR se hizo cargo de EMMASA con un superávit de más de un millón de euros y en el 2008 la empresa tuvo pérdidas estimadas en más de 2.5 millones de euros. El caso es (como explicaban en su día J.M. Corrales y el abogado Felipe Campos, autores de la primera denuncia ante el fiscal anticorrupción por presunta estafa a EMMASA/SACYR) que tenían que invertir en obras e infraestructuras desde el 2006 al 2014 unos 200 millones de euros y sólo han invertido, según los auditores, 13.5 millones de euros lo que significa un presunto fraude de más del 93%.
A José Manuel Bermúdez le ha tocado la “china”. Como alcalde se encontró con la misión de barrer la mierda de su antecesor. Mucha mierda que lavar y mucho ayuntamiento que reconstruir. Echar la culpa del caso Emmasa a José Manuel Bermúdez e intentar denigrar su gestión es igual que echarle la culpa a Alberto Garzón y a Pedro Sánchez del caso de los Ere en Andalucía, o del caso Bárcenas a Pablo Casado. Bermúdez es un tipo honrado, nadie puede decir lo contrario, no tiene nada que ver con la trama de Sacyr-Emmasa.
El tema, que vuelve a denunciar José Pérez Ventura, de nuevo en manos del fiscal anticorrupción, tiene la misma apariencia de que vuelva a ocurrir lo mismo que ya ocurrió, o sea nada de nada, otra cosa es poner el ventilador en marcha para intentar cambiar el gobierno municipal. Desgraciadamente Sacyr tiene mucho poder, tanto, tanto, tanto que puede cambiar una corporación municipal obligando a una moción de censura…
Pero es de agradecer el gesto, y si por casualidad consiguiera depurar responsabilidades y que vuelva Emmasa al dominio público, dará jaque mate al rey de oros.