El Juzgado de lo Penal número 9 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a siete años y once meses de cárcel al empresario de La Laguna Evaristo González Reyes por dos delitos de fraude a la Seguridad Social y otro de falsedad documental, en una de las piezas del llamado ‘caso Corredor’.
La sentencia, hecha pública este viernes, también impone al empresario una multa cuya cuantía que se fijará multiplicando por tres veces y media el dinero que defraudó a la Seguridad Social en los ejercicios de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
El Juzgado ha condenado además a penas de prisión de entre cuatro y diez meses por falsedad a otros seis de los procesados en esta pieza: Hercilio José Padrón, Yolanda María Geara, Fabián Echeverry, Mayra Alejandra Echeverry, Josefa Pilar Geara y María Lourdes González.
Evaristo González fue condenado el pasado año por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a tres años de prisión por dos delitos de estafa y uno de presentación de testigos falsos en un juicio.
Asesinato de su socio Carlos Machín
Además González en prisión por ser el autor intelectual del asesinato de su exsocio Carlos Machín en el aparcamiento de la Escuela de Idiomas de La Laguna. La víctima, que llegó a trabajar y a tener negocios con Evaristo González, fue tiroteado por dos sicarios cuando accedía a entrar a su vehículo en los aparcamientos de la escuela pública de idiomas de este municipio. El herreño, residente en La Laguna, falleció en el acto.
Fernando Clavijo implicado en el Caso Corredor
Este caso salpicó en una pieza separada, la número 22, al expresidente del Gobierno de Canarias y entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo. Justo antes de las elecciones autonómicas de 2015 quedó archivada la causa al anularse unas conversaciones telefónicas que le comprometían captadas por la Policía.
Fernando Clavijo y varios de sus concejales estuvieron investigados en aquella trama, pero un defecto formal en la instrucción permitió que las grabaciones, en las que aparecían conspirando para manipular valoraciones sobre las ayudas a otorgar a determinados vecinos muy influyentes, quedaron finalmente anuladas.
La ex concejala de Bienestar Social del ayuntamiento de La Laguna Blanca Pérez, llegó a prevenir telefónicamente al alcalde de la ciudad del grave riesgo de estar incurriendo en prevaricación al tramitarse ayudas para los vecinos cuyas condiciones socioeconómicas no se adecuaban a los mínimos exigibles para otorgarles determinado tipo de ayudas para realojos.
Los policías responsables de la investigación que dio lugar a la pieza separada número 22 del caso Corredor, en la que fueron investigados el entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, y tres concejalas más (la socialista María José Castañeda, y las nacionalistas Blanca Pérez y Aymara Calero), tenían claro que “las pruebas evidenciaban la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental” en relación con los dineros públicos de Las Chumberas.