Las consecuencias económicas y sociales derivadas de la Covid-19 están sacando a la luz los graves padecimientos de hogares enteros que lo están pasando muy mal y no tienen ni para comer, agravando las situaciones de marginalidad y pobreza que ya sufríamos en Lanzarote.
Como el hambre no puede esperar, las administraciones públicas más cercanas y que mejor conocen la realidad más próxima, como son el Cabildo Insular y los ayuntamientos, se vuelcan para que lo más indispensable no falte en cada casa, la comida, ayudando también a las ONG que atienden a las personas más necesitadas para que puedan seguir realizando su encomiable labor.
Estamos ante una emergencia que nos habíamos visto hasta ahora porque la pandemia ha puesto al desnudo el sentido mismo de nuestra vida en común. Hay quienes por primera vez se encuentran sin nada y sienten vergüenza al verse obligados a pedir ayuda de manera súbita e inesperada. Ante todo esto, la respuesta de todos los representantes públicos no puede ser otra que dejar a un lado las ideologías partidistas, arremangarnos y ofrecer soluciones de inmediato. Es prioritario atender a quien pasa necesidades, pero es evidente que hay que reformar y reforzar extraordinariamente los Servicios Sociales que prestan el Cabildo y los ayuntamientos con más presupuesto y más medios materiales y humanos.
Esta adaptación de los Servicios Sociales a unos tiempos de extrema necesidad seguramente no será pasajera, por lo que, a medio plazo, tenemos que pensar en un profundo cambio de rumbo en las políticas sociales para ayudar adecuadamente a los más desfavorecidos. Por eso, el trabajo social es un servicio esencial. Lo era antes del coronavirus, lo es ahora y está llamado a seguir siéndolo en el futuro. Tenemos que olvidar de una vez la cultura de la beneficencia e implantar una cultura de los derechos sociales, y para eso se necesitan estrategias y hojas de ruta claras para la infancia, la adolescencia, la familia, las personas mayores, las personas sin techo, los socialmente excluidos o lo afectados por las toxicomanías u otras patologías. Para todas las personas vulnerables.
La crisis económica de 2008 generó en España un alarmante incremento de las desigualdades y nos colocó entre los países más desiguales de Europa. Esta situación se agrava ahora con la crisis económica y social ocasionada por la Covid-19, al aumentar el número de hogares que carecen de ingresos y que ya rondaba los seiscientos mil. Invertir en infancia, invertir en familia, invertir en mayores, promover el sector de los cuidados vinculados a las necesidades de las personas mayores, innovar en el concepto y diseño de los centros sociales de mayores… Hay mucho por hacer y se necesita, ahora más que nunca, entre otras, una reforma fiscal que corrija los grandes desequilibrios existentes.
Sin duda alguna, la inminente implantación por parte del Gobierno de España del ingreso mínimo vital va a servir de gran ayuda para asentar el Estado Social que proclama nuestra Constitución, lo que también denominamos Estado del Bienestar. Para las y los socialistas, Educación, Sanidad, Pensiones y Servicios Sociales son ejes irrenunciables de nuestra forma de entender la vida en democracia y, para que sea plena, debe garantizar a toda la ciudadanía la seguridad de que, con independencia de su situación económica y del ciclo vital en el que se encuentren, va a poder disfrutar de un nivel de protección social suficiente para permitirles llevar una vida autónoma y digna de ser vivida. Para eso estamos en política.
Francisco Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.