SB-Noticias.- En el marco de la carrera por gobernar Canarias, llama la atención la reciente reunión en Madrid entre Fernando Clavijo y José Miguel Barragán con José Manuel Villegas de Ciudadanos, a petición de los nacionalistas canarios.
El objetivo: minimizar la trascendencia jurídica las denuncias que afectan a Fernando Clavijo, imputado en el Caso Grúas y pendiente del Caso Reparos, mucho más grave que el anterior.
Por ello, toma especial sentido que este miércoles Santiago Pérez, denunciante del Caso Reparos, haya dirigido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para que asuma la investigación de la posible comisión de delitos graves de prevaricación y malversación de caudales públicos, que se han venido produciendo en el ayuntamiento de La Laguna desde el año 2013 hasta hoy, y que afectan directamente a Fernando Clavijo y a José Alberto Díaz.
En el escrito a la Fiscalía Anticorrupción se señala que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de “infinitos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos”, por ello el objeto de la denuncia, además de enjuiciar los hechos es evitar que continúen repitiéndose como ha ocurrido hasta la actualidad.
El Caso Reparos trata sobre la práctica sistemática de la Alcaldía de autorizar a determinadas ermpresas a continuar gestionando servicios públicos, una vez extinguidos los contratos en virtud de los cuales se les había adjudicado dicha gestión durante un tiempo determinado.
El edil Santiago Pérez presentó la primera denuncia el 28 de enero de 2018 en el Juzgado de Instrucción sobre 48 Decretos del Alcalde levantando los reparos planteados por la Intervención general que había venido advirtiendo sin excepción la ilegalidad de dichas autorizaciones.
Posteriormente la denuncia fue ampliada con documentación recabada relativa a los años 2013 y 2014 en la que se constata que la práctica denunciada había sido también constante durante dichos ejercicios.
Entre los años 2013 a 2017 la cuantía de decretos levantando los reparos de la Intervención General ascienden a 123 y la cuantía asecndía a 47,2 millones de euros. Tal como expresa Santiago Pérez en el escrito a la Fiscalía Anticorrupción: “siempre son las mismas empresas las beneficiadas por Díaz Domínguez y Clavijo Batle, para seguir gestionando sin título jurídico alguno los más importantes servicios municipales externalizados”.
En concreto, de los 123 Decretos, 47 fueron dictados por el entonces alcalde Fernando Clavijo y 17 por José Alberto Díaz.
Pero esta práctica ilegal continuó ejerciéndose en el consistorio, de tal forma que Santiago Pérez en febrero y en mayo del presente año, presentó una nueva ampliación de la denuncia por los hechos acaecidos durante los ejercicios 2017 y 2018.
A pesar de que la comprobación de los hechos denunciados no reviste complejidad alguna, ni para la identificación de sus autores ni para su examen jurídico, el Juzgado de Instrucción N.º 4 de La Laguna no ha avanzado en el proceso desde que abriera diligencias previas en 2018, ni siquiera se ha citado al Interventor General, quien ha firmado los numerosos Informes de reparos en que se basan las denuncias. Por ello en la última denuncia presentada se invocó el derecho a la tutela judicial efectiva de los intereses públicos.
Santiago Pérez expresa que el ya bautizado como Caso Reparos es mucho más grave que el Caso Grúas, pues existe exhaustiva documentación acreditativa de los decretos denunciados (ya en manos del Juzgado) así como los Informes de la Intervención General formulando en todos los expedientes idénticas advertencias de ilegalidad respecto a los contratos del sector público y falta de justificación de los precios que se continuaban pagando a las empresas por la gestión de los servicios municipales una vez vencidos los contratos.