Declaración de Fernando Clavijo.
“Está en su derecho de mentir como imputado. Donde no tenía derecho a mentir y lo hizo es en el Parlamento y ante la opinión pública”, afirma.
Santiago Pérez, portavoz de XTF-NC y denunciante del Caso Grúas, ha manifestado, tras la comparecencia del presidente del Gobierno de Canarias y anterior alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, este miércoles en el Juzgado de Instrucción, que Fernando Clavijo se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación popular, lo que es todo un gesto de valentía por su parte.
Santiago Pérez afrima que «como hizo en su momento el actual alcalde y también imputado, José Alberto Díaz, en otro alarde de valentía insuperable, ha intentado echar la culpa a los funcionarios. En particular a la directora del servicio, Rosario Hernández Eugenio, que tendrá que comparecer pronto como imputada. Y en general a los funcionarios del Ayuntamiento, lo que viene siendo marca de la casa de Coalición Canaria en todos estos procesos judiciales. Siempre hacen lo mismo».
Respecto a los abgados, Santiago Pérez, señala que da la impresión que los abogados de los otros dos investigados y sus compañeros de partido, Antonio Pérez Godiño y José Alberto Díaz, han trabajado más para el propio Clavijo que para sus clientes, pues ninguno de ellos, ni siquiera el de Pérez-Godiño, Esteban Sola, formuló pregunta alguna destinada a hacer valer los derechos de su en teoría patrocinado, Pérez-Godiño, que está imputado porque «pasaba por allí». Para Pérez, Esteban Sola ha hecho desde el primer momento también de abogado defensor oficioso de Clavijo.
Si bien Santiago Pérez reconoce que Clavijo está en su derecho de mentir como imputado, afirma que de hecho, las contestaciones que dio a las preguntas de la Fiscalía «no se las cree ni él». Pero le recrimina que no tenía derecho a mentir y lo ha hecho es en el Parlamento de Canarias y ante la opinión pública.
Por otro lado y respecto a que Clavijo haya convocado a los medios de comunicación a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias después de esconderse, después de madrugar para entrar en el Juzgado sin que nadie lo viera, la califica de intolerable: «está asociando a la institución de la Presidencia a sus andanzas en el Caso Grúas».
Estas son las preguntas que Clavijo no contestó a la acusación popular ejercida por XTF-NC:
PRIMERA.- ¿Por qué ordenó Vd. que en todas las propuestas de concesión de un préstamo sin fundamento legal a la empresa AutoGrúas Poli y en las de prórroga de la concesión, así como en las resoluciones de la Alcaldía levantando los reparos de la Intervención al préstamo y a la prórroga, se omitiera absolutamente el informe de 8 de abril de los interventores del servicio en el que se hacía constar que:
-La empresa podría estar en situación de insolvencia, debiendo promover concurso de acreedores.
– La empresa podría estar incursa en causa de disolución.
– La empresa habría incurrido en faltas, tipificadas por el PCAP (art. 22.1.3) como faltas gravísimas o muy graves, que debían ser sancionadas con la caducidad de la concesión (art. 23.c PCAP).
SEGUNDA.- ¿Fue Vd. quien dio la orden de que no se iniciaran los expedientes sancionadores, ante las faltas gravísimas cometidas por la empresa AutoGrúas Poli, para sancionarla con la caducidad de la explotación como se establecía en el art. 23.c del Pliego de Condiciones; y sí, por el contrario, concederle un préstamo de dinero público y la prórroga del contrato?
TERCERA.- ¿La finalidad de hacer dejación absoluta de la potestad sancionatoria del Ayutamiento, evitando sancionar a la empresa concesionaria con la caducidad del servicio, fue la de proteger el patrimonio de los titulares de la empresa concesionaria frente al concurso de acreedores?
CUARTA.- ¿Por qué afirma VD. reiteradamente en el Decreto 1284/2014, de 26 de agosto, que el levantamiento de los reparos de la Intervención General (informes de 31 de julio y 22 de agosto de 2014) a la concesión de la prórroga a una empresa insolvente y gravísimamente incumplidora de sus obligaciones contractuales se sustentaba en el dictamen de los catedráticos contratados para que le dieran la razón a lo que Vd. perseguía, cuando el dictamen sólo se refirió al préstamo y no a la prórroga, como los propios catedráticos han reconocido en sede judicial?
QUINTA.- ¿Por qué ordenó a los interventores de la empresa de Grúas que devolvieran al Ayuntamiento el préstamo ilegal antes que pagar las deudas vencidas, exigibles y en ejecutiva con la Seguridad Social y con las Haciendas estatal y canaria y antes que los salarios que debían a los trabajadores?