Los destrozos millonarios producidos por la reciente tormenta en el litoral norte de Tenerife, afortunadamente sin víctimas humanas, no son sólo una lamentable y evitable desgracia sino una grave advertencia.
Los causó un fenómeno meteorológico extremo, y este tipo de fenómenos será cada vez más frecuente conforme aumente el calentamiento global del planeta. Esta evidencia nos obliga a todos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, modificando nuestros hábitos de consumo de energía, agua y transporte, y de uso y ocupación del territorio, para frenar el calentamiento; pero nos obliga igualmente a adoptar medidas para evitar o reducir los impactos del mismo sobre nuestro medio natural y rural, nuestras ciudades, nuestras infraestructuras, nuestra economía y nuestra propia vida. Y esta obligación, en defensa del futuro del archipiélago, no sólo exige el compromiso personal de los ciudadanos, sino el liderazgo de las administraciones en la lucha contra el cambio climático, en la toma de medidas concretas para reducir tanto las emisiones como los impactos.
Sin embargo, los responsables (es un decir) de la consejería regional competente (digamos) en materia de medio ambiente no tuvieron reparo en admitir, hace unos meses, que no se han tomado en serio la amenaza del calentamiento. Rechazaban también como una bobería, hace unos días, la relación entre los daños de la tormenta y el cambio climático. Les basta a las (supuestas) autoridades con salir de vez en cuando en los medios reuniendo una comisión fantasma, mientras hacen caso omiso de una Estrategia regional formulada hace casi diez años y tras haber desmantelado y suprimido la Agencia encargada de dirigir la lucha.
Sabiendo o debiendo haber sabido, por la lectura, cumplimiento o revisión de dicha Estrategia, la fuerte relación del calentamiento con la ocupación y ordenación del territorio, aprobaron una nefasta Ley del Suelo que apenas menciona al cambio climático sino como una información que, entre otros impactos ambientales, deben contener los planes de ordenación insulares y generales, y como la posible excusa para la habilitación de suelos en el litoral para reconstruir los núcleos costeros incompatibles con la Ley de Costas, como Mesa del Mar, o con la protección de espacios naturales, como el poblado de chabolas de la Isla de Lobos, que se pretende declarar Bien de Interés Cultural por sus valores, dicen, etnográficos.
La Ley del Suelo no sólo no adopta u orienta medidas territoriales concretas para propiciar la mitigación y adaptación al cambio climático, sino que fomenta la conservación de estos núcleos, así como la proliferación de nuevos asentamientos con actividades residenciales, turísticas o de otro tipo, mediante simples proyectos o licencias municipales, sin evaluación ambiental alguna o mediante autoevaluación, aumentando la probabilidad de que se sitúen en localizaciones de riesgo frente a futuros impactos.
Desde la Plataforma Canarias Territorio Sostenible queremos denunciar, una vez más, el comportamiento especulativo y caciquil de las administraciones, transmitido a las leyes del territorio y que puede hipotecar el futuro del archipiélago, poniendo en riesgo vidas y bienes. Tacoronte es sólo un aviso.
Antonio Pérez Marrero (Portavoz)- Plataforma Canarias Territorio Sostenible