El informe de auditoría del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) de 2017 vuelve a demostrar que la salud financiera del Ayuntamiento de La Laguna sigue en estado de gravedad, motivo por el cual se impone una sanción que obliga a que tengamos que destinar el 50% de los siete millones de la transferencia correspondiente a 2018 a saneamiento y no a atender demandas sociales prioritarias.
A pesar de las importantes amortizaciones de deuda por importe de unos 35 millones de euros en el pasado ejercicio, seguimos siendo una institución endeudada en casi 39 millones de euros y en buena parte es consecuencia del boncho derrochador de los gobiernos anteriores de Ana Oramas y Fernando Clavijo y eso supone que tengamos que seguir dedicando cuantiosas cantidades a pagar intereses a una banca que, por otra parte, no muestra reparos en especular con las viviendas y las condiciones de vida de muchos ciudadanos y ciudadanas del municipio.
Esta amortización anticipada de la deuda tampoco es fruto de una voluntad política, sino que está impuesta por el Ministerio de Hacienda, como consecuencia del grave incumplimiento del pago medio a proveedores (PMP) en estos últimos años, no pudiéndose invertir los remanentes de tesorería en inversiones financieramente sostenibles y en atajar las situaciones de emergencia social que afectan a una parte importante de la ciudadanía lagunera.
Parámetros que demuestran la buena salud financiera de una institución municipal, como el ahorro neto y el remanente de tesorería, suspenden estrepitosamente. El primero se situó en un -0,6%, 6,6 puntos porcentuales por debajo del nivel exigido y sigue disminuyendo con respecto a 2015 y 2016, en este último caso en un 8,6% y el segundo también presenta una evolución negativa, disminuyendo 11,1 puntos porcentuales con respecto a 2016.
El esfuerzo fiscal realizado por el Ayuntamiento pone de manifiesto que la carga fiscal trasladable realizada sigue aumentado con respecto al ejercicio de 2016 y el de 2015 (en 2016 alcanzó el 112,3%, y en 2017 el 115,4%, índice que supera el nivel de referencia de 78% de la media de los ayuntamientos canarios).
Los ingresos corrientes totales por habitante fueron de 994€ (en 2016 920 euros y 904€ en 2015) y se sitúa por encima de la media de los municipios canarios, donde que ascendieron en dicho año a 902€. Los ingresos tributarios siguen aumentado, un 9,9% con respecto a 2016 (111.386.000€, frente a 101.395.000 € de 2016), representan el 72,9% de los ingresos corrientes y su peso aumenta en relación con el año anterior (71,9%).
Este incremento de los ingresos tributarios, en parte se deben a la mejora de los servicios de recaudación y de lucha contra el fraude, pero sin lugar a dudas en ese paquete también va un aumento de la presión fiscal y el alza es sobre todo en impuestos indirectos y en tasas (15,2%) , mientras que los impuestos directos decrecen en un 3,3%, aspectos que ponen en entredicho la progresividad y la justicia fiscal en La Laguna.
Por cierto, el impuesto directo que sigue creciendo de forma significativa es el IBI, 1.879.000€, con lo que parece que el “catastrazo” de estos últimos años, lejos de frenarse, sigue desbocado.
Es curioso que el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) siga en una línea decreciente, cuando la responsable de las finanzas municipales no pierde ocasión para decir en los medios que la creación de nuevas empresas y negocios en el municipio no para de crecer.
El gasto corriente por habitante está en los niveles de 2015, 731€, si bien es cierto que supera la media de canarias que es de 679€.
La dependencia del presupuesto de las subvenciones exteriores es de un 35,4%, superior a la del ejercicio anterior pero por debajo de la media de canarias que ronda el 40%. Esto demuestra incapacidad política para gestionar financiación en instituciones externas y por ello depender en exceso de los ingresos tributarios propios.
El nivel alcanzado de ejecución presupuestaria se sitúa en el 79,7% en los capítulos de ingresos y en 81,9% en los de gasto y no son ratios que podamos considerar satisfactorias.
La evolución de ingresos y gastos ha generado un resultado definido por el FCFM como “déficit”, cuantificado en 4.887.000€ y esto obliga a recomendar ajustes presupuestarios por las desviaciones derivadas de los gastos con financiación afectada, así como los créditos gastados por modificaciones presupuestarias financiadas con remanente líquido de tesorería.
El saldo de dudoso cobro, que asciende a 117.106.000€, solo puede entenderse como un proceso de inflado artificial de los presupuestos o como una mala gestión de la cobranza, aspectos ambos de extrema gravedad.
En definitiva, con unas obligaciones pendientes de pago de carácter presupuestario y extrapresupuestario que suponen más de 62 millones de euros, teniendo que dedicar ingentes cantidades de recursos a pagar los intereses de una deuda que en buena parte es ilegítima, un perverso y generalizado uso de los reconocimientos extrajudiciales de créditos para afrontar las deudas de ejercicios anteriores, unas muy deficientes tasas de ahorro neto y de remanente de tesorería, con una pobre gestión de la financiación proveniente de subvenciones exteriores,…, no podemos decir que las finanzas municipales estén en la senda de que se les de el alta hospitalaria.
Y ante la incuestionable evidencia, el informe del FCFM para el 2017 sentencia que “hemos de concluir de forma matizada que la gestión económica financiera del ayuntamiento de la laguna presenta una evolución negativa en relación a 2016”.
José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna y superior jerárquico de Candelaria Díaz, concejala de hacienda, declaró que, “si la virgen gobernara, muchas cosas se arreglarían”, y me parece que en lo de sanear las finanzas municipales es a lo único que les queda por encomendarse.
José Luis Hernández, concejal de Unid@s se puede