SB-Noticias.- «Abierto juicio oral contra el Viceconsejero de Hacienda, debe abandonar el cargo», con esa contundencia lo explica el jurista y analista político José Manuel Rivero, consciente de que hay indicios sólidos racionales de criminalidad por delitos medioambietal, contra la ordenación del territorio y prevaricación, que afectan al interés general y de la comunidad.
La pasada semana se hacía público la apertura de juicio oral por el conocido caso de los vertederos ilegales en El Hierro, denunciado desde el año 2006 por la Asociación ecologista Ossinisa.
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide condenas de 11 años de prisión, cuatro de inhabilitación y una multa de 19.800 euros por delitos medioambientales producidos en El Hierro durante 12 años, a Javier Armas (en la actualidad viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias), el exdirector del Área de Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro, por la gestión de los vertederos incontrolados de La Dehesa, en las proximidades del Faro de Orchilla (Frontera) y el punto limpio en El Majano y el vertedero de La Cumbrecita (Valverde), donde hubo antes un desguace de vehículos.
La misma pena solicita la Fiscalía para Clarisbel González entonces consejera de Medio Ambiente del Cabildo herreño y actual Secretaria del Consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias; y para una técnico de medio ambiente del Cabildo. Se les acusa de un delito continuado contra los recursos naturales, otro delito continuado de prevaricación medioambiental y un tercer delito continuado sobre la ordenación del territorio por consentir la actividad de tres vertederos ilegales en la Isla.
José Manuel Rivero asegura que la continuidad de Javier Armas como alto cargo público en un área de especial significado político, como es la alta responsabilidad en la gestión en la Consejería en Hacienda, puede generar en la ciudadanía desconfiaza en el Viceconsejero en que sirva con objetividad a los intereses generales.
«Debe dimitir. O, en caso contrario, proponer su reprobación, si no lo cesa el Gobierno de Canarias, en el Parlamento», afirma.