Esther González denuncia que las «generalidades» informadas por el administrador único «no aclaran la legalidad de los procedimientos empleados»
La presidenta del grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC), Esther González, solicitó otra comparecencia «urgente» del administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC), José Carlos Naranjo, tras denunciar las «generalidades y escasísima» información ofrecida hoy por el responsable temporal del ente público, a quien «otorgamos la confianza» de la Cámara ante la «excepcional y grave» situación de RTVC. González dijo que, con los datos ofrecidos por el administrador único, «se desconoce realmente, la legalidad e idoneidad» de los procedimientos decididos para evitar que la Televisión Canaria (TVC) se fuera a negro el pasado 1 de julio, para subrogar los trabajadores de los informativos, los medios y equipamientos arrendados a la concesionaria de los informativos y la situación laboral de los 90 trabajadores de las islas no capitalinas. Los nacionalistas de izquierdas solicitaron la remisión de toda la documentación y, en base al certificado del Consejo de Gobierno extraordinario del pasado 26 de junio, denunciaron la injerencia del Ejecutivo de CC al «acordar autorizar» a Naranjo a tomar las decisiones para la «gestión directa de los informativos y la subrogación» del personal del sector privado.
El resultado de la primera comparecencia en la comisión, solicitada por NC a José Carlos Naranjo, fue «totalmente insatisfactoria», según Esther González. La TVC no se fue a negro, recalcó la diputada nacionalista, por una ley express, que «hicimos entre todos» los grupos para responder a una situación «crítica» creada por quienes eligieron y apoyaron al expresidente del ente público, Santiago Negrín.
La portavoz de NC reprochó a Naranjo que, en el mejor de los casos, solo contestara a un 5% de las cuestiones planteadas. «Sólo respondió, y cuando lo hizo, con generalidades y vaguedades, por lo que seguimos sin saber realmente la legalidad, idoneidad y oportunidad de los procedimientos empleados», censuró la portavoz en la citada comisión.
Esther González recriminó que no se informara sobre la fórmula elegida para la contratación de la señal, su marco temporal, el importe destinado, quién suscribe el contrato y la solución dada a la deuda acumulada a partir del pasado 1 de julio.
Tampoco respondió, según la portavoz de NC, al número de trabajadores subcontratados, si entre ellos están todos los que asumió Videoreport de la anterior concesionaria de informativos Socater, si las labores realizadas son exclusivas de informativos para la TVC además de las medidas tomadas para que «no se queden en la calle», entre otras cuestiones destacadas, como el «conflicto» interno creado por las diferencias en las condiciones contractuales y laborales entre los subrogados y el personal de las dos mercantiles de RTVC (la televisión y la radio).
«Menos se nos dijo cuando exigimos saber» el resto de los servicios contratados a la empresa privada, como la explotación de la continuidad. De lo respondido, prosiguió González, «más generalidades». Se dice que, para arrendar el equipamiento a la concesionaria se opta por adquirir los derechos de uso pero «se calla el procedimiento seguido». Discrepó con el método decidido con los 90 trabajadores de las islas no capitalinas, con quienes se ha optado por realizar contrataciones menores «para ganar tiempo y empezar un procedimiento simplificado de contratación», según refirió González en base a los términos empleados por el administrador único. Tampoco dijo nada, precisó, sobre «lo que va a hacer con el resto» de programas contratados.
De dudosa legalidad consideró esta portavoz nacionalista el expediente de nulidad anunciado por Naranjo para pagar la deuda por los servicios de la señal generada desde el pasado 1 de julio y hasta que se acabe con el procedimiento ordinario que concluirá con la formalización del nuevo contrato.
La presidenta del grupo parlamentario defenderá que la segunda comparecencia de Naranjo, en la comisión de control de RTVC, se produzca este mes de julio y sin descartar una tercera el mismo mes, tras considerar si el administrador único opera con la «máxima transparencia exigida ante la crítica y excepcional» situación del ente público. Reclamó a José Carlos Naranjo la remisión de toda la documentación con el fin de verificar que «todas las decisiones son conforme a derecho».
Esther González recriminó además las «injerencias» del Gobierno presidido por Fernando Clavijo. En base a la certificación del Consejo extraordinario, celebrado el pasado 26 de junio, la portavoz de NC desmintió la información aportada por el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, quien dijo que el Ejecutivo no adoptó ningún acuerdo con respecto a las funciones de Naranjo.
El citado certificado, prosiguió, recoge el acuerdo por el que se autoriza al administrador único a «llevar a cabo la gestión directa de los informativos y la subrogación de los trabajadores» de los informativos. González aclaró que el Parlamento, con la ley express, otorgó a Naranjo «competencias para la gestión ordinaria» del ente.