Unid@s se puede y XTF-NC demandan además “el fin del derroche en publicidad y propaganda, que constituye desde el minuto cero de cada legislatura una violación permanente de las más elementales reglas del juego limpio democrático y degradan la convivencia por la constante utilización de la censura”
La oposición del municipio de La Laguna ha contestado a Coalición Canaria (CC) de Tenerife pidiédole que “cese de una vez en los abusos del poder y la utilización de las instituciones y los poderes públicos al servicio de sus intereses particulares o de los grupos a los que representan; que cese, si no es mucho pedir, la utilización de los recursos de los contribuyentes para enchufar a todos sus cargos orgánicos errantes; y sobre todo el derroche de publicidad y propaganda, que además de un comportamiento inadmisible en tiempos de crisis, constituye desde el minuto cero de cada legislatura una violación permanente de las más elementales reglas del juego limpio democrático y degradan la convivencia por la constante utilización de la censura”.
Santiago Pérez (XTF-NC) y Rubens Ascanio, de Unid@s se puede, explican que “el recurso a los tribunales por parte de la oposición se hace en el ejercicio de un deber legal, más aún cuando desde la Alcaldía y desde el Gobierno municipal, integrado por CC-PSOE con la colaboración inestimable del PP, se impidió completamente a la Comisión Especial de Estudio constituida por el Pleno (cuya creación y funcionamiento demoró la Alcaldía durante un año) el cumplimiento de su función. Si el alcalde, José Alberto Díaz, estaba dispuesto a colaborar tuvo una oportunidad de oro que desperdició durante el funcionamiento de la Comisión”.
Los portavoces de ambas formaciones coinciden en que “no toda imputación justifica automáticamente una exigencia de dimisión, pero sí las imputaciones que se sustancian en indicios racionales de hechos que pueden estar relacionados con los delitos de corrupción política”.
Y en este caso de la gestión del servicio municipal de grúas “son manifiestos el desprecio a las advertencias de legalidad formuladas por la Intervención General de la Corporación en el ejercicio de sus funciones; la manipulación y ocultación de informes de los técnicos de la Corporación; la utilización, el empleo o la inactividad de potestades públicas no para intervenir temporalmente la gestión de un servicio público en defensa de la legalidad y los intereses de la ciudadanía, sino para violar la legalidad en materia de contratación pública y utilizar el dinero de los contribuyentes en interés exclusivamente de unos empresarios particulares, que además está acreditado tenían una estrecha relación con el anterior alcalde, Fernando Clavijo”.
Rubens Ascanio y Santiago Pérez terminan diciendo que “todas estas circunstancias concretas son las que justifican más que sobradamente una exigencia de responsabilidad política. Y no tiene nada que ver con el derecho a la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional que nadie cuestiona y que consiste en el derecho a no ser condenado sin pruebas. Pero los hechos son los que son, y de ellos se deriva más que sobradamente la necesidad de exigir la dimisión del alcalde y en su momento las responsabilidades del anterior alcalde y actual presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, el verdadero director de orquesta de todos estos lamentables episodios”.