El Sindicato ha informado hoy de la presentación de una demanda contra los conciertos sanitarios entre el Servicio Canario de Salud y la sanidad privada y que aseguran que en la actualidad son mantenidos fuera de la legalidad vigente.
Tal es el despropósito que a día de hoy, se mantienen acuerdos con entidades privadas en materia sanitaria de época de la dictadura franquista (hace 59 años). Los Centros afectados, son, entre otros: Clínica Santa Catalina, Hospital Febles Campos, Hospital Quirón Tenerife, Hospital Ciudad de Telde, Hospital La Paloma, Hospital El Sabinal (Clínica “San Martín”), Hospital Insular de Lanzarote, Clínica San Roque, Hospital San Juan de Dios, Hospiten Sur en Las Américas…
Los representantes sindicales indicaron que la política en materia de concertación sanitaria mantenida durante años por el Gobierno de Canarias ha obligado al Sindicato, tras haber desarrollado el trámite preceptivo a presentar una demanda mediante escrito de interposición de Recurso Contencioso Administrativo, el día 21 de marzo de 2018, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, que viene a judicializar los conciertos sanitarios entre el Servicio Canario de Salud y la sanidad privada y que en la actualidad son mantenidos fuera de la legalidad vigente.
Expusieron que el Ordenamiento Jurídico no permite la continuidad de estos Conciertos prorrogados tácitamente, desde la promulgación de la Ley 53/1999 por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas en tanto ello implicaría vulnerar los principios comunitarios de transparencia y publicidad adecuada previsto en los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y constituir una vulneración del plazo cierto del contrato, tal y como se ha venido desde entonces recogiendo en la diferentes Leyes de Contratos del Sector Público. Se suprimió así la posibilidad de prórroga tácita en los contratos administrativos como ha tenido ocasión de indicar la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del propio Gobierno Canario en informes como el número 2/2014.
En aplicación de dichas normas, los citados conciertos sanitarios han de entenderse extinguidos y terminados desde la vigencia de la indicada Ley 53/1999, por expiración del plazo contractual, por lo que no cabe la posibilidad de prórroga alguna, no sólo por la lógica de que no se puede prorrogar lo que ya no existe, sino también porque así lo dispone la Ley.
El proceso jurídico previo a la demanda se inició el día 12 de junio de 2017 con la presentación de solicitudes para que se acordase declarar extinguidos los Conciertos Sanitarios suscritos por la Administración por expiración del plazo contractual con las siguientes entidades: VITHAS Hospital Santa Catalina (Clínica Santa Catalina) de 14 de octubre d 1974, Hospital Dermatológico Regional (Sanatorio Dermatológico) de 07 de octubre de 1988, Hospital Ciudad de Telde (Residencia Médica Asistida “Nuestra Señora del Mar <La Garita>”) de 30 de noviembre de 1983, Hospital Perpetuo Socorro (Clínica de Urgencia “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”) de 18 de enero de 1968, Hospital La Paloma (Clínica “Nuestra Señora de La Paloma”) de 12 de diciembre de 1987, Hospital El Sabinal (Clínica “San Martín”) de 07 de octubre de 1988, Hospital Insular de Lanzarote de 06 de marzo de 1985, Clínica San Roque de 06 de abril de 1978, Clínica San José (Clínica Casa Asilo San José) de 17 de febrero de 1968, Clínica Cajal de 01 de junio de 1978, y Ciudad San Juan de Dios (Orden Hospitalaria San Juan de Dios Provincia Bética) de 31 de octubre de 1974, Hospital Nuestra Señora de la Concepción de Garachico (de 04 de marzo de 1978), Hospital Nuestra Señora de los Dolores de Icod de los Vinos (de 16 de junio de 1987), Hospital Febles Campos (de 21 de octubre de 1988), Hospital Quirón Tenerife – antes Clínica “La Colina” (de 01 de noviembre de 1976), Hospital San Juan de Dios – antes Clínica “San Juan de Dios” (de 01 de 21 de junio de 1990), Hospiten Bellevue – antes Clínica Bellevue (de 09 de septiembre de 1977), y Hospiten Sur – antes Centro Internacional de Salud “Las Américas” (de 01 de diciembre de 1987); removiendo de oficio cualquier obstáculo para el cese inmediato de la actividad que pudieran llevar a cabo las entidades indicadas.
Ante el silencio administrativo, se presentaron el 11 de octubre de 2017 recursos administrativos que tampoco fueron resueltos expresamente.
Cati Darias, expuso que tales solicitudes han sido estimadas por silencio administrativo positivo, al no encontrarnos ante ninguno de los supuestos desestimatorios previstos en la Ley, solicitando entonces el día 15 de febrero de 2018 que se procediera a la ejecución inmediata de lo solicitado, llevándonos a la presentación de la demanda el día 21 de marzo de 2018.
Si bien la posibilidad de concertar con centros privados está contemplada en la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, su finalidad se establece siempre como complementaria de la actividad sanitaria pública y en casos excepcionales. No forma parte de su cometido sustituir a ésta como viene ocurriendo. Mucho menos, invertir los términos para generar deficiencias, infra dotando los servicios públicos y así tratar de justificar la necesidad de privatización.
«Tal es el despropósito que a día de hoy, se mantienen acuerdos con entidades privadas en materia sanitaria de época de la dictadura franquista (hace 59 años) y se puede afirmar que el Servicio Canario de salud mantiene aún como válidos los conciertos que se establecieron entre el antiguo Instituto Nacional de Previsión y el Instituto Nacional de la Salud, con las entidades mencionadas», indicó.
Peor aún consideran el hecho de que en el año 2013, la Dirección del Servicio Canario de la Salud suscribió con las entidades indicadas cláusulas de revisión de precios, sin plantearse si quiera el incumplimiento de la normativa de la Ley 53/1999 de 28 de noviembre, de Contratos con las Administraciones Públicas.
Consecuencias económicas de los conciertos con la sanidad privada
El impacto económico que estos conciertos han tenido hasta el momento actual es muy importante. Intersindical Canaria recuerda que Gobierno ha destinado para Conciertos del Presupuestos en el año 2011, la cantidad de 209.114.255 euros, en el año 2012 ascendió a 253 millones de euros, en el año 2017, 269.242.408 euros, cifra ésta que vuelve a incrementarse en el año 2018, alcanzando el 10,6% del presupuesto destinado a la Sanidad Pública «en paralelo, afirman- usando la justificación de la crisis económica, se han aplicado año tras año recortes al presupuesto sanitario público. De este modo es como único se puede entender la creciente remodelación de las infraestructuras de dichas entidades privadas en época de crisis económica, mientras se produce un importante desmantelamiento de las infraestructuras públicas sanitarias».
Además, IC indica que el modelo sanitario que se ha seguido en Canarias, la sitúa a la cabeza de la actividad sanitaria concertada del Estado Español, convirtiendo el terreno de la salud en un gran negocio empresarial. De los 43 Hospitales del Archipiélago, el 51% (22) pertenecen al sector privado, y de ellos 16 mantienen conciertos con la consejería de sanidad. La media del estado español en cuánto a camas sanitarias privadas se sitúa en un 6,88% por cada 10.000 habitantes y en Canarias llegamos a un porcentaje de 14,30%. Resaltar además, que mientras en los últimos años el número de camas en el sector sanitario privado no ha dejado de aumentar, en el ámbito público se ha mantenido igual.
Otro dato de interés, es que 1 de cada 3 procesos agudos (intervenciones quirúrgicas) son atendidos en la privada concertada y que podrían ser atendidos perfectamente en la pública si no se infradotaran sus recursos de personal y funcionarán en un horario amplio de mañana y tarde.
La perversidad del actual modelo de concertación sanitaria
Destaca por otra parte Intersindical Canaria, que la actual política de concertación beneficia al mundo empresarial de la sanidad, dónde los intereses económicos priman sobre los intereses de los pacientes.
Por ello destacan algunas situaciones que suceden al mantenerse la actual política de concertación, que afectan a la puesta en marcha de medidas de mejora en el ámbito sanitario público:
• No existe fiscalización alguna por parte del Servicio Canario de salud del volumen de actividad que mantiene en dichos conciertos, limitándose a pagar el montante de dinero que le supone sin control alguno sobre ella.
• En determinadas especialidades médicas, de gran importancia para el usuario, la asistencia sanitaria depende en exclusividad del ámbito privado, buen ejemplo de ello puede ser el de la cirugía cardíaca la cual no interesa implantar en el ámbito público y donde existe se mantiene en una situación de alta precariedad
• Mientras las Infraestructuras sanitarias públicas se mantienen cerradas fuera del turno de mañana de lunes a viernes, se deriva actividad que pudiera realizarse en los centros sanitarios públicos tan sólo contratando personal para ello, lo que implica que servicios como la Rehabilitación ambulatoria sean especialmente apetecibles para la sanidad privada.
• Resulta curioso como los procesos de enfermedad crónicos o que son susceptibles de complicarse son de forma reiterada rechazados por la empresa concertada, pues se consideran menos rentables. Es frecuente observar que en situaciones en las que los servicios de urgencias se encuentran masificados con pacientes afectados de este tipo de patologías, se ha tenido que presionar para que la Dirección del Servicio obligue a los centros concertados a acoger a este tipo de pacientes para dar salida puntual a la penosa situación en la que se encuentras las urgencias hospitalarias.
• Hasta tal punto hablamos de negocio y de afinidades partidistas que se están utilizando las puertas giratorias también en la sanidad. Altos responsables de la empresa concertada compatibilizan sin ningún tipo de problema su actividad profesional con algún cargo también en el servicio público sanitario.
• El actual modelo de concertación se sustenta en base a beneficios económicos y rédito partidista. Ambas variables son promovidas deliberadamente por el actual Gobierno. No es casual, que el grupo Hospiten en Tenerife, se haya llevado durante mucho tiempo el mayor porcentaje, implantando sus clínicas curiosamente dónde desde hace más de 30 años se proyectaba la construcción de los Hospitales del norte y sur de la isla de Tenerife, hospitales que hay que decir, a día de hoy no funcionan como hospitales reales, dado no ha interesado al gobierno de Canarias invertir en ellos y dejar que funcionen como auténticos Hospitales comarcales.
• Por último, hay que recordar que fomentando la concertación sanitaria también se está contribuyendo a mantener en la precariedad laboral a miles de trabajadores, dado las condiciones laborales del personal en el sector privado no son las más adecuadas ni para el profesional ni para el paciente.
Situación actual de la sanidad
Desde Intersindical Canaria consideran que a la actual situación ya de sobre conocida, construida sobre la base del discurso de una crisis inventada, que no persigue otra cosa que acabar con los servicios esenciales necesarios para mantener la equidad, en un contexto socioeconómico como el Canario, con un 30% de la población bajo el umbral de la pobreza, las tasas de paro más elevadas del conjunto del estado español y las peores condiciones laborales y salariales se añade el mantenido intento de desmantelamiento progresivo de la Sanidad Pública Canaria, siendo la ya mencionada política de concertaciones una de las claves.
«Para tratar de justificar que más de un 10% del presupuesto destinado a la Sanidad Canaria, vaya a parar a manos privadas, paralelamente se ha venido produciendo una deliberada infradotación de la Sanidad Pública» exponen los mienbros del Sindicato, que lo concretan en recortes en personal, cierre y falta de mantenimiento de infraestructuras, quirófanos y aparataje de alta tecnología, generándose, como no, colapso de los Servicios de Urgencias e interminables Listas de Espera.
Concluye el Sindicato que «Cualquier planteamiento vendido en positivo por parte de la Administración, que habla de reducir al mínimo imprescindible la concertación y de muchas otras cuestiones como el último invento denominado “Compromiso por la Sanidad” que nadie se cree en base al demostrado incumplimiento de la legalidad vigente y siempre desde una actitud fraudulenta y engañosa, constituye un tremendo fraude del gobierno y su consejero, el caballo de Troya de la sanidad privada, Baltar, que sólo se ponen de acuerdo para amañar el número de pacientes en Lista de Espera que casi cuadruplican a los datos oficiales.
Es por ello que, desde Intersindical Canaria, somos escépticos en cuanto a la voluntad del Gobierno Canario y su Consejería de Sanidad para que la situación mejore y con la presentación de esta demanda pretendemos un avance significativo en nuestro leal compromiso con la defensa de la Sanidad Pública Canaria, defensa a la cual se adhieren otros grupos organizados como puede ser la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública, El grupo Podemos y el PSOE».